Azúcar manchado de sangre del norte del Cauca

La ocupación de tierras, los indígenas nasa del norte del Cauca, Colombia, en siete haciendas de caña de azúcar de Corinto, ha desencadenado un fuerte represión del gobierno Santos, con un despliegue desorbitado de unidades del brutal cuerpo antidisturbios ESMAD (Escuadrón Móvil antidisturbios), que no han dudado en utilizar todos los medios de última generación con que el gobierno ha dotado estas unidades de élite dela altamente militarizada policía colombiana, haciendo gala de una respuesta absolutamente desproporcionada con lo que es una protesta firme pero pacífica. A pesar de esta brutalidad los 20 cabildos indígenas del norte del Cauca resisten el desalojo de las tierras ocupadas.

Las organizaciones indígenas del Cauca estiman que tienen necesidad como mínimo de 140.000 ha para sus familias. Según datos de 2010, en el Cauca 51.000 familias indígenas comparten 201.987 ha, que con una media de 6 personas por familia da un ratio de 0,66 ha por persona. El mismo INCODER, el oficial Instituto Colombiana de Desarrollo Rural, estimaba en 2007 un déficit para las comunidades indígenas agrupadas en el CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca) de 170.932 ha. Las comunidades indígenas están reivindicando que el estado les otorgue 20.000 ha en el municipio de Corinto, a un ritmo de 5.000 ha por año. Exigen, con medidas de hecho, que el Estado cumpla de manera real con los diferentes acuerdos de restitución de tierras que, producto de las movilizaciones, se ha comprometido desde 2009 y que cumpla la sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH ) emitió en “reparación” por la masacre de El Nilo ocurrida hace 23 años cuando 20 indígenas fueron asesinados a sangre fría para desposeerlos de 500 has que ocupaban desde hacía cuatro años.

Pero los compromisos del gobierno de Santos no van en esta línea. Ni las políticas de restitución de tierras a los pueblos indígenas, ni la restitución de tierras a las víctimas del desplazamiento forzado establecida en la Ley de víctimas, ni el reconocimiento de las solicitudes de creación de Zonas de Reserva Campesina son las prioridades de este gobierno.

El gobierno Santos está del lado de la agroindustria y del latifundio y, a pesar de las negociaciones de paz en la Habana o la negociación del pliego de peticiones de la Cumbre agraria, Étnica y Popular surgido de las movilizaciones agrarias del 2014, está legislando en un sentido totalmente contrario que compromete seriamente las posibilidades de llegar a una paz con justicia. En Colombia el 1,5 de los propietarios, latifundistas y empresas agroindustriales acaparan el 52% de la tierra, mientras que el 93% de pequeños propietarios y minifundistas -comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas- sólo tiene el 29,6%. Todos los proyectos gubernamentales están orientados en la dirección de seguir aumentando aún más la concentración de la tierra en favor de los terratenientes y de la agroindustria, los cultivos para la exportación y para los agrocombustibles. Los proyectos del nuevo “Plan Nacional de Desarrollo” y de la Ley de Baldíos profundizan la intención del gobierno de entregar tierras a los grandes empresarios, contraviniendo la propia Constitución y sentencias de la Corte Constitucional. El gobierno prioriza de forma descarada los agronegocios, los megaproyectos viales e hidroeléctricos y el extractivismo (como el petróleo, la minería, los cultivos de caña y palma africana) por delante de la restitución de tierras a las víctimas y la agricultura campesina dedicada a la producción de alimentos. Insiste en proseguir una contrarreforma agraria que concentra en pocas manos, de terratenientes e inversionistas especulativos nacionales y extranjeros, el uso y la posesión de la tierra y en hacer avanzar, a costa de quien sea, su modelo de desarrollo y los objetivos que imponen los Tratados de Libre Comercio.

Lo que hoy están reclamando las comunidades indígenas del norte del Cauca es la recuperación de tierras planas, la restitución de los territorios ancestrales arrebatados hace más de 100 años en un proceso de violencia persistente que, al igual que a las comunidades campesinas y las afrodescendientes, las han ido desplazando de las tierras planas para arrinconarlas en las tierras menos fértiles, en las faldas de las montañas. En tierras que ahora, con la promoción de la minería que impulsa el gobierno, son codiciadas por las multinacionales amenazando con ello el territorio y la pervivencia misma de las comunidades.

Lo que están haciendo las comunidades indígenas es liberar la madre tierra de los monocultivos que la empobrecen e intoxican para beneficio de unos pocos. Mujeres y hombres de las Comunidades indígenas cansadas de promesas y de acuerdos incumplidos, hartas de pasar hambre y con un futuro que les amenaza con el desplazamiento forzado, desde hace tres meses ocupan siete fincas plantadas con caña de azúcar, “propiedad” del multimillonarioCarlos Ardila Lule, uno de los grandes empresarios del país.

Y el gobierno, mientras simula negociar con los ocupantes, para doblegar la resistencia indígenaha dado respuesta militar a un conflicto pacífico. Más de 100 indígenas han sido heridos, el ESMAD está actuando con tanquetas y helicópteros con una gran violencia, utilizando armas reglamentarias como armas letales (hay heridos con graves lesiones por impactos directos de los cartuchos de gases). Pero también utilizando armas no legales que, aunque lo nieguen, tienen su demostración en las personas heridas por metralla y bolas de cristal con que la policía ha recargado los cartuchos de gases; han disparado fusiles, bastantes heridos son por balas, y también hay fotografías que muestran a la policía atacándolos con machetes y otros con piedras lanzadas con enormes hondas. Asimismo están filmando y fotografiando las personas para judicializar a su gusto a las mujeres y hombres de las comunidades, criminalizando así la lucha indígena, de hecho en este momento ya han retenido a cinco miembros de la guardia indígena. Esta represión salvaje del estado ataca una población indígena que tiene en la palabra, la firmeza y los bastones de las autoridades y de la guardia indígena su fuerza.

Y toda esta violencia del estado es para defender los intereses de los grandes latifundistas. Este gobierno a través de su fuerza pública, actúa rápidamente a petición de los “grandes propietarios” para desalojar a los indígenas de los grandes latifundios. Esta “diligencia” contrasta con la inacción o ineficacia de la policía para encontrar a los asesinos de dos indígenas nasa del resguardo Toéz de Caloto (Cauca) en febrero, del comunero del resguardo Pitayo y de tantas otras muertes que sin tregua vienen sufriendo los indígenas o a los autores de las últimas amenazas de muerte contra líderes nasa del norte del Cauca el pasado 5 de febrero.

Aunque pueda parecer de un grupo o de un territorio concreto, la lucha de los indígenas del Cauca va más allá. Pone de manifiesto la vigencia de las causas de fondo de la violencia estructural en Colombia, la voluntad de las clases dominantes de seguir con un modelo económico de expolio y despilfarro de la naturaleza, que margina y excluye las comunidades, y es, a la vez una gran demostración de las reivindicaciones, esperanzas y deseos que en toda Colombia confrontan con el gobierno las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. La lucha de los hombres y mujeres indígenas del norte del Cauca es nuestra lucha, de todas las personas que creemos que hay que liberar la Madre Tierra y entregarla a quien cuidará de ella y al que, a la vez, la “UmaKiwe” alimentará los hijos y las hijas ahora y en el futuro.