El asociacionismo solidario, contra de la privatización de la cooperación al desarrollo
Las organizaciones solidarias que actúan en el ámbito de la cooperación al desarrollo se oponen a que las administraciones públicas subvencionen a empresas privadas con dinero procedente de los programas de solidaridad internacional. Así lo manifestaron cuando la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo inició esta práctica, tras el regreso de CiU al Gobierno de la Generalidad y del nombramiento de Carles Llorens como responsable de este departamento. La ‘pasión’ privatizadora de Llorens ha sido relativamente moderada por su sucesora en el cargo, Marta Macías.
Las asociaciones solidarias consideran desacertado que la Diputación de Barcelona repartiese un millón de euros teóricamente dedicados a la cooperación internacional en 2012 entre empresas y patronales para su internacionalización y conquista de mercados, como ha publicado eldiario.es/CatalunyaPlural.
'Lafede.cat Organizaciones para la Justicia Global', que engloba las anteriores federaciones de ONG para el desarrollo, la paz, la justicia y los derechos humanos, aprobó, el año pasado un código ético que señala que “las entidades observan con una preocupación creciente la tendencia a la privatización de la cooperación internacional al desarrollo. Esto, por un lado, supone la progresiva desvinculación de la responsabilidad de los gobiernos en la consecución del derecho al desarrollo. Por otro, promueve el afán de lucro en la cooperación internacional, sobre el que las organizaciones se posicionan en contra”.
Aunque este código ético ve una ventana de oportunidad de colaboración en aquellos casos en que se asegure que la acción empresarial responde a la incorporación de criterios de responsabilidad en la mejora de la comunidad cercana a su actividad, denuncia “las actuaciones de cooperación internacional y de fomento de la paz que puedan esconder ánimo de lucro, comercio encubierto o beneficios colaterales, tanto de las empresas como de las asociaciones empresariales y fundaciones corporativas”.
Miriam Acebillo, presidenta de lafede.cat, detecta una “progresiva privatización de la cooperación al desarrollo” y considera 'incompatible' el afán de lucro de las empresas con la solidaridad internacional. Además, denuncia que la Diputación de Barcelona no ofrezca suficiente información sobre su acción en este terreno, lo que no permite evaluarla y controlarla.
Francesc Mateu, director de Oxfam Intermón en Cataluña, y que presidió la Federación de ONGDs antes que se convirtiera en lafede.cat, cuando se aprobó este documento, considera que “cuando la cooperación deja de ser nuestra parte alícuota de responsabilidad social y ética con el resto del mundo, la aportación que hacemos, se entiende como de comerciante, y, por tanto, debe dar rédito y debe servir para hacer negocio. Entonces se habla de tasas de retorno económico, de eficiencia económica y se pervierte el concepto de cooperación. Pasa a ser una parte más de aprovechamiento del resto del mundo en beneficio propio”.
Tampoco ve claro que las empresas tengan un papel protagonista en la cooperación David Minoves, que fue director de la Agencia de Cooperación Internacional en los gobiernos tripartitos. Minoves considera que es “un grave error y responde a una visión anticuada de la cooperación ya superada” y “es una falta de respeto a las ONGs, que son los actores de cooperación más fiables. Las empresas tienen que demostrar esta fiabilidad y siempre hay el riesgo de que antepongan intereses privados al beneficio público”.
Miquel Carrillo, de 'Agora Norte Sur' y con veinte años de trabajo en el campo de la solidaridad internacional a sus espaldas, se pregunta “¿qué hacen las empresas que no puedan hacer las entidades?”. “Es lo que buscaban desde el principio”, afirma y razona que el dinero que se dedica a empresas para la cooperación internacional, como el mencionado de la Diputación de Barcelona, representa “demasiados recursos para una mezcla de intereses peligrosa y sin un impacto claro demostrado, dentro de los parámetros del servicio a los intereses comunes”.
Los grupos del PSC e ICV-EUiA en la Diputación de Barcelona han anunciado que plantearán preguntas al próximo gobierno de la corporación provincial sobre las ayudas a las empresas en concepto de cooperación internacional. Àlex Mañas, portavoz de ICV-EUiA recuerda que este grupo ya se opuso al cambio de criterios que aprobó la Diputación en 2012 y que abrió a las empresas privadas la convocatoria de ayudas de cooperación al desarrollo. Mañas cree que “no tiene ningún sentido que la Diputación vincule la promoción comercial a la cooperación internacional” y lamenta que la nueva política ha dejado en mínimos el apoyo al empoderamiento de comunidades y de mujeres, sobre todo de América Latina, que se había realizado en mandatos anteriores.
Las preguntas anunciadas las recibirá una corporación provincial que, a estas alturas, es muy difícil prever quien la gobernará, vista la fragmentación del voto previsto en los sondeos sobre los resultados de las elecciones municipales del domingo.
