Barcelona abre un expediente sancionador al fondo Azora por mantener vacíos 20 de pisos de protección

Los vecinos afectados por la subida de los alquileres de Azora

El Ayuntamiento de Barcelona ha abierto un expediente sancionador al fondo de inversión Azora, uno de los mayores caseros de España (posee unas 13.000 viviendas), tras constatar que mantuvo 20 pisos de protección desocupados durante meses o incluso años cuando el máximo que permite la legislación catalana son tres meses para este tipo de vivienda social.

Si se confirma la infracción, calificada de muy grave según el consistorio, las multas irían desde 90.000 euros a 900.000, aunque antes de que se confirme la empresa puede presentar alegaciones. Al ser una multa por cada piso, la cifra podría ascender a un mínimo 1,8 millones de euros si se constata infracción en todos ellos.

La concejal de Vivienda, Lucía Martín, ha anunciado la apertura del expediente en una comparecencia junto con una representación del Sindicato de Inquilinos de Barcelona y de algunos de los vecinos del bloque donde se encuentran estos pisos. Se trata de un edificio de la plaza Alfons Comín, donde más allá de esta multa Azora mantiene un conflicto con varios inquilinos por una subida de los alquileres que estos consideran abusiva y que se extiende a al menos otras seis fincas con un total de 250 viviendas.

La sanción del Ayuntamiento tiene su origen en la denuncia de los vecinos y en el plan de inspección de vivienda del consistorio, que ha incoado 115 expedientes sancionadores desde 2017. En este caso, han constatado, a través de los consumos de agua, que en algunos de estos pisos han llegado a estar hasta tres años desocupados. Según la ley catalana de vivienda de 2007, mantener más de tres meses vacío un piso de protección supone incumplir con la función social de las viviendas, que es ser domicilio habitual y permanente.

Por su parte, fuentes de Azora han asegurado que están recopilando documentación para presentar alegaciones y que siempre cumplen con la normativa vigente. "Siempre ponemos en alquiler todas las viviendas que tenemos disponibles, pues a eso es a lo que nos dedicamos", añaden.

Los inquilinos, contra las subidas del alquiler

El bloque de la plaza Alfons Comín tiene 66 viviendas que estuvieron hasta hace poco en régimen general de protección oficial. La promoción la levantó en 2008 REGESA, la empresa pública del extinto Consejo Comarcal de Barcelona, y la adquirió en 2010 Azora (la misma firma que junto con Goldman Sachs protagonizaría en 2013 la polémica compra de 3.000 viviendas públicas en Madrid). Diez años después de su construcción, en julio de 2018, pasaron a régimen de precio concertado. Y fue entonces cuando a algunos vecinos les empezaron a llegar subidas de más del 30%.

También sobre esto se ha pronunciado el Ayuntamiento. Aunque reconoce que las mensualidades que Azora exige a sus inquilinos están dentro de la normativa de precios concertado, advierte que quedan por encima de lo que marca el índice de la Agencia de Vivienda de Catalunya, con lo que insta a este organismo de la Generalitat a modificar los precios máximos de alquiler para este tipo de vivienda de protección oficial.

En los últimos meses, algunas familias inquilinas de este bloque se han negado a renovar el contrato con el aumento fijado por la propiedad y exigen una negociación colectiva. En total hay al menos seis fincas en otros municipios catalanes en esta misma situación. Lo denuncia el Sindicato de Inquilinos logró la adhesión de varios ayuntamientos y de la mayoría de partidos del Parlament.

Pero de momento Azora (o su filial Lazora, que es la titular de la mayoría de viviendas) no ha dado su brazo a torcer. Al revés. Durante la epidemia y en pleno estado de alarma envió por carta a varios inquilinos una propuesta de renovación de alquileres del 40% los tres primeros años y hasta un 53% en los cuatro restantes (los grandes tenedores deben ser mínimo de siete años). Desde el Sindicato de Inquilinos añaden además que Azora les hace pagar el IBI del edificio a los vecinos, "un importe que legalmente corresponde a la propiedad", y que las instalaciones están deterioradas por goteras y problemas de filtración de agua en las ventanas.

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18 de junio de 2020 - 10:29 h

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