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CATALUNYA

ERC presenta una ley para obligar a la Sareb a ceder el 30% de sus pisos en alquiler social

Los republicanos proponen un cambio en los estatutos del llamado "banco malo" para obligarle a poner viviendas vacías a disposición de la administración

La propuesta de ley se llevaría al Congreso a través del Parlament y permitiría a los ayuntamientos dedicar su superávit a la compra de pisos y no solo al pago de deuda 

Sareb apuesta por una nueva estrategia tras llegar al ecuador de su vida

Unas viviendas en construcción impulsadas por la Sareb EFE

ERC ha redactado una ley con la que pretende introducir cambios en varias normativas de ámbito estatal para aumentar el parque público de vivienda del Estado, los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Una de las iniciativas que plantea es obligar a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el conocido como "banco malo", a ceder por la fuerza el 30% de sus pisos a las administraciones para ponerlos en régimen de alquiler social.

El texto legal, al que ha tenido acceso este diario, consistiría en cambiar tanto los estatutos como los reglamentos que rigen la Sareb para incorporar entre sus objetivos la "cesión de dominio" de una parte del parque de vivienda del que disponen, adquirido en su momento a precios de derribo con capital público para sanear a los bancos. El objetivo es que el "banco malo" tenga la obligación de ceder a las administraciones, sobre todo a los ayuntamientos, una de cada tres viviendas vacías de las que dispone en la actualidad, sobre todo en los municipios de alta demanda.

"Todos los bancos malos de Europa, que han adquirido activos tóxicos, tienen una cláusula parecida e incorporan entre sus objetivos que haya un retorno social", explica José Rodríguez, diputado impulsor de la iniciativa. "Estamos proponiendo algo que nos parece de sentido común y que además es lo normal en otros países", indica.

No es la primera vez que en España un partido defiende la propuesta de obligar a la Sareb a ceder pisos para incorporarlos a alquiler social. Hace dos años Podemos ya llevó una moción al Senado para forzar a la sociedad de capital público a ceder el conjunto de su patrimonio inmobiliario, pero fue rechaza con los votos de PP y PSOE. También el candidato de ERC a la alcaldía de Barcelona, Ernest Maragall, lanzó una propuesta durante al campaña de las municipales para obligar a la Sareb a compartir su banco de vivienda con los ayuntamientos.

Ahora es el grupo parlamentario de ERC el que llevará al Parlament una propuesta en la misma línea, convertida en proposición de ley y utilizando la iniciativa legislativa que tienen los parlamentos autonómicos en el Congreso. Por tanto, el objetivo de los republicanos es que la Cámara catalana apruebe su texto para llevarlo finalmente a debate en las Cortes Generales. "Se ha utilizado esta vía, primero porque responde a una moción anterior defendida en el Parlament por la diputada Eva Baró (ERC), pero también porque consideramos que aquí [en Catalunya] hay una mayoría muy amplia que reforzará la propuesta en el Congreso", asegura Rodríguez. 

La proposición ley introduce más cambios en la legislación estatal, en la línea de ampliar los parques públicos de vivienda. Además de la obligación de la Sareb, la formación quiere modificar también la ley de Estabilidad Presupuestaria para que se permita a los ayuntamientos y gobiernos utilizar su superávit presupuestario para la compra de viviendas, y no solo para el pago de la deuda como hasta ahora. Estas adquisiciones se harían gracias al derecho de tanteo y retracto en casos de ejecución hipotecaria, mediante las que la administración podría hacerse cargo de la deuda de familias en situación de desahucio y ofrecerles un alquiler social.

En los últimos años se han multiplicado las propuestas para mejorar el parque público de viviendas de las administraciones, sobre todo en el caso de los ayuntamientos del área metropolitana de Barcelona, donde la subida de precios del alquiler ha profundizado en el problema de la vivienda. Los impulsores de esta iniciativa calculan que, solo en Catalunya, se necesitarían en torno a 100.000 pisos en manos de las administraciones para dar respuesta a la crisis habitacional, después de que los solicitantes de vivienda protegida se hayan duplicado durante la pasada década.

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