Colau multa con 196.000 euros al propietario de un piso protegido que lo alquiló sin autorización

El Ayuntamiento de Barcelona ha multado con 196.000 euros al propietario de una vivienda de protección oficial (VPO) por no vivir en ella y destinarla a alquiler sin la autorización pertinente. Es el primer expediente sancionador de los 14 que han abierto a propietarios de estos pisos, después de iniciar una inspección a todas las viviendas protegidas de la ciudad por si se producen irregularidades. 

El comisionado de Vivienda, Josep Maria Montaner, ha detallado que la primera multa se ha impuesto a los propietarios de una vivienda de la calle Doctor Aiguader, en el barrio de la Barceloneta, construida en los años 90 en régimen de protección oficial por 30 años. Se trata en realidad de una sanción doble: 90.001 por no vivir en el piso y otros 90.001 por destinarlo a alquiler sin la correspondiente autorización de la Agencia de la Vivienda de Catalunya. Además, como lo alquilaban a un precio muy por encima del que se le habría autorizado, deben devolver a la administración las cantidades percibidas por encima de lo permitido, en este caso 16.048 euros.

Ésta es la primera de las sanciones fruto del programa de inspección de las 16.000 viviendas con calificación de protección oficial en Barcelona que el Ayuntamiento de Barcelona concertó hace un año con la Generalitat para promover la función social de la vivienda y que lleva a cabo la Unidad de Disciplina de Vivienda del Instituto Municipal de la Vivienda y la Rehabilitación de Barcelona, Según Josep Maria Montaner, hasta ahora se han inspeccionado 1.600 viviendas. 

Montaner ha explicado que en estos casos de viviendas protegidas vacías, se ofrece a los propietarios la posibilidad de poner estos pisos en la bolsa de alquiler asequible y condonar la multa. Su objetivo, aseguran, no es el de recaudar dinero de los propietarios que incumplen la norma, sino conseguir que toda esta vivienda se esté destinando al uso social para el que se sacó al mercado. 

La ley catalana del Derecho a la Vivienda de 2007 establece la obligación de que las viviendas de protección oficial, adquiridas a precios por debajo de los de mercado y con ayudas públicas, se destinen a residencia habitual de las personas que son adjudicatarias y propietarias. En casos excepcionales, de manera transitoria, cuando los adjudicatarios acrediten la imposibilidad de utilizar la vivienda para vivir, la Agencia de la Vivienda de Catalunya puede autorizarles e incluso permitirles alquilarlo a precio protegido (6,40 m2).

La técnica de la Unidad de Disciplina de Vivienda del Instituto Municipal de la Vivienda y la Rehabilitación de Barcelona, Fuensanta Alcalá, ha explicado que las inspecciones se están llevando a cabo en toda la ciudad pero que se da prioridad a las promociones más antiguas, de entre 25 y 30 años, y que por ello están a punto de perder esta condición.

Alcalá ha estimado que por lo que se va viendo en la inspección, entre el 1,5 y el 2,5 % de las VPO de Barcelona están vacías y muchas de ellas porque los dueños están a la espera de poder venderlas o alquilarlas en el mercado libre a precios mucho más altos que los regulados. Los pisos expedientados se encuentran en los distritos de Nou Barris (cuatro casos), Ciutat Vella y Sant Martí (tres), Horta-Guinardó (dos) y Sants-Montjuïc y Eixample (uno).