Desokupa: la empresa dedicada a desalojar investigada por amenazas y coacciones

Dicen que, en tiempo de promoción, los escritores olvidan su trabajo; las firmas de libros y la atención a los medios hacen que descuiden su prosa. Se podría pensar que la incesante actividad en televisiones, radios y periódicos de toda España de la empresa de desahucios Desokupa está frenando sus polémicas acciones. No es así. Al contrario, están creciendo.

Según datos de la compañía, cada semana practican una media de 20 desalojos, el 85% de ellos contratados por particulares. Hace unos meses, no sumaban más de una treintena de intervenciones, en total. Tanto es el volumen de trabajo, que este 2017 abrirán ocho franquicias –manteniendo la sede central en Barcelona– apoyadas en unos ingresos de cerca de un millón de euros.

Los controvertidos desahucios de Desokupa, dedicada desde el pasado 2016 a “sacar a okupas de viviendas particulares”, le han costado a la empresa una investigación judicial y también la crítica de movimientos sociales como la PAH o el centro de derechos humanos DESC (responsable de la querella que les ha llevado ante la Justicia). Pero también les ha brindado un poderoso escaparate. Este medio ha perseguido a la empresa durante dos días para concertar una conversación telefónica.

“Nuestra proyección no es por el trabajo que realizamos, sino por los sectores a los que cuestionamos: si la alcaldía de Barcelona es pro okupa, pues cuando aparece una empresa como la nuestra, se genera la noticia. Nosotros siempre hemos preferido un perfil bajo a nivel mediático”, atiende J., gerente de Desokupa, que pide que ocultemos su nombre completo. “Yo también quiero mantener un perfil bajo”.

J. se reconoce como la mano derecha de Daniel Esteban Martínez, director de la empresa, y uno de los tres investigados –los otros dos son los trabajadores Ernesto Navas y Zhivko Palacín– por el juzgado 31 de Barcelona tras un desalojo en Can Dimoni en el barrio de Gràcia (Barcelona) el año pasado.

La jueza les tomará declaración en los próximos días. J. asegura que la empresa todavía no tiene constancia de ello y, más allá de eso, tampoco ve los motivos para investigarla. “Can Dimoni... No te negaré que estuvimos allí, pero no nos ha llegado citación alguna. No tengo constancia de la investigación. No nos ha llamado policía ni juzgado. A mí no me ha llegado citación alguna y yo no veo por qué nos tienen que investigar si sencillamente prestamos un servicio”.

Dicho servicio, que según la versión del propio J. consiste en mediar con los ocupantes de una propiedad y si no hay acuerdo establecer un control de entrada, ha levantado la alarma entre los movimientos sociales relacionados con el derecho a la vivienda los últimos meses.

El Observatori DESC señaló antes de presentar la querella que la empresa se encargaba de “violar derechos de interés público”, como es el de la vivienda, por medio de prácticas de “matonismo”. “Antes de establecer un control de acceso intentamos mediar con la otra parte, pero si el ocupa no quiere entrar en razón, iniciamos el proceso con vigilante de seguridad y los refuerzos convenientes”, dice Desokupa.

El servicio no es lo único que alerta a entidades y movimientos sociales. Diversas informaciones, como las publicadas en La Directa, han vinculado a los trabajadores con la extrema derecha e incluso con grupos paramilitares. Desokupa no se pronuncia sobre estas cuestiones.

Lo probado es la relación de su director general , Daniel Esteban, con el boxeo. Apodado sobre el ring como El Segurata –según publica El Mundo– por sus negocios en empresas de seguridad, Esteban también fue director de Morosos BCN, una red de porteros de discoteca que extorsionaba a morosos y que acabó, según informó El Periódico, con cuatro detenidos. También su directora de prensa ha colaborado con la difusión de combates. “Hablar de nuestro pasado es una forma de desprestigiarnos. Pero nosotros hacemos nuestro trabajo ayudando en un problema terrible como la ocupación”, zanja el trabajador de Desokupa.

Los vecinos del Raval de Barcelona lamentan que, más allá de los desahucios por orden judicial –Ciutat Vella concentra un alto número de los acontecidos en la capital catalana–, ahora el barrio tenga que lidiar también con las prácticas de la empresa. Debido al aumento de acciones de Desokupa, los vecinos han creado un teléfono antidesahucios para anticipar desalojos.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) no ha dudado en tildar en varias ocasiones a la empresa de “mafia”. La entidad ha destacado que la empresa se dedica a la “extorsión” de las personas y que sus métodos en muchos casos son directamente ilegales. Algo que el Observatori DESC sostuvo al presentar una querella por “amenazas, coacciones y destrozos” en un piso de la calle Josep Torres. Un grupo de ocho hombres corpulentos agujerearon y serraron la puerta del inmueble el pasado 14 de abril cuando ninguno de los ocupantes se encontraba en el interior.

“Entendemos la ley de la siguiente manera: es legal o no lo es. El concepto alegal no existe. Y la ocupación es 100% ilegal, así lo dice la Constitución. Pero en el ejercicio de la justicia, una casa ocupada puede tardar años en desocuparse. La justicia no va a poder resolver este problema”, afirma, sin titubeos, el gerente como forma de promocionar sus servicios.

La ocupación, un delito recogido y castigado por el Código Penal, no está incluida expresamente en la Constitución, que sí reconoce en su artículo 33 el derecho a la propiedad privada e incluye que “nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social”. Al mismo tiempo, el artículo 47 recoge el “derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada” y la obligación de los poderes públicos de “promover las condiciones necesarias” y “establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho”.

Para apoyar su tesis sobre la legalidad de sus servicios, Desokupa se ha dedicado a difundir vídeos en los que realiza algunas de sus prácticas ante la policía.

Fue precisamente la connivencia con los cuerpos de seguridad, en este caso los catalanes (Mossos d'Esquadra), lo que llevó –tras el episodio en Can Dimoni por el que Desokupa está siendo investigada– a que diversos vecinos de Gràcia impulsaran la campaña #StopDesokupa. “Los intereses económicos pasan por encima de los derechos de las personas. Queremos combatir la contratación de matones por parte de propietarios especuladores”, cita su manifiesto.

Actualmente Desokupa emplea a 14 personas –entre trabajadores directos e indirectos; estos últimos pertenecientes sobretodo a su departamento jurídico– con vistas a que crezca la plantilla este 2017. “El volumen de trabajo es alto y estresante”. “Estamos creciendo y somos ambiciosos, abriremos hasta ocho franquicias, donde haya más densidad de población, y por tanto más ocupaciones. Este año las principales ciudades españolas tendrán una oficina de Desokupa”.