TMB esperará a pactar el convenio del Metro antes de revelar los sueldos de la etapa PSC-ICV
TMB, la empresa pública de transportes de Barcelona, entregará a Catalunya Plural los nombres y salarios de su personal fuera de convenio, tal y como le exigió la comisión de Garantía de Acceso a la Información Pública (GAIP) por primera vez en julio de 2016. Así al menos lo ha manifestado la propia empresa en una carta remitida el miércoles a este diario. Lo hará, eso sí, retorciendo el cumplimiento de la ley de Transparencia según los intereses políticos del gobierno de Barcelona en Comú y el PSC ante el conflicto laboral que tiene lugar en la empresa.
Según manifiesta en la carta el consejero delegado de TMB, Enric Cañas, la empresa entregará en los próximos días la información relativa a los trabajadores fuera de convenio entre los años 2011 y 2016. Sin embargo, la misma información entre 2007 y 2010, correspondiente al último gobierno municipal PSC-ICV, se mantendrá oculta hasta el día 15 de julio, según indican. Un margen suficiente para que el conflicto laboral en el Metro haya acabado y el nuevo convenio se haya firmado.
TMB se ha visto obligada a aceptar la entrega de la documentación reclamada después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) levantase, el pasado mes de abril, las medidas cautelares contra la resolución de la GAIP del 7 de julio de 2016. 163 cargos de la empresa llevaron a título particular la resolución a los tribunales con el objetivo de dejarla sin efecto. Los demandantes reclamaron medidas cautelares, que el tribunal aceptó en primera instancia, para después levantarlas y condenar a los directivos a pagar las costas por el recurso interpuesto.
A partir de aquí la sala deberá pronunciarse sobre el fondo de la demanda, sobre si la resolución se ajusta o no a derecho pero, mientras eso ocurre, la resolución es firme y de obligado cumplimiento. A diferencia de ocasiones anteriores, TMB asegura ahora que la cumplirá.
¿Qué ha cambiado? El conflicto laboral entre los trabajadores y la empresa a cuenta de la negociación de los convenios, primero de Bus y ahora de Metro, ha sido una razón central del reiterado incumplimiento de la transparencia en la empresa. Así lo reconoció la propia presidenta de TMB y concejal de movilidad de Barcelona, Mercedes Vidal, en declaraciones a Catalunya Plural en agosto pasado, cuando aseguró que “hacer transparente una empresa tan opaca como TMB no es nada sencillo, y menos en plenas negociaciones de los dos convenios colectivos, de bus y metro”.
Según fuentes de los trabajadores, la dirección siempre ha temido que las revelaciones derivadas de este caso pudieran encender más los ánimos a la hora de negociar. Sin embargo, a pesar de la huelga que los trabajadores del metro llevan a cabo cada lunes desde hace un mes, tanto la empresa como los sindicatos prevén que el acuerdo se alcance antes del verano. Como límite más lejano, diversas fuentes laborales hablan de julio, aunque la mayoría son mucho más optimistas y consideran que podría haber nuevo convenio en las próximas semanas.
Por su parte, la dirección de TMB alega una falta de tiempo para “elaborar” la información reclamada. Según aseguran en su carta, la empresa estaba recopilando la información antes de la suspensión cautelar del TSJC, pero va dejar de elaborarla con la suspensión, aunque el juez en ningún caso se lo reclamaba. Según la versión de la dirección, ahora necesitarían otros dos meses para tener lista la información.
TMB ha dispuesto de 15 meses, desde la entrada de la petición en sus registros, para preparar la información reclamada. Tanto es así que en diciembre del año 2016 aseguró que la tendría a punto para el 30 de abril pasado. Si la empresa pública cumple con la fecha marcada habrá tardado cerca de 500 días en atender a la petición, cuando la ley de transparencia da 30 días de plazo desde la admisión de las solicitudes.
Superado los límites legales todos estos meses, la empresa vuelve a escudarse ahora en la falta de tiempo para no entregar la documentación relativa a los años comprendidos entre 2007 y 2010, la etapa en la que el PSC e ICV, actuales socios en el gobierno barcelonés, gobernaron por última vez la empresa. Según reveló La Vanguardia en marzo pasado, fue entonces cuando los sueldos de la cúpula directiva alcanzaron cotas récord, con una media de 139.000 euros. Fue durante esos mismos años cuando tres directivos llegaron a percibir 200.000 euros anuales.
