Catalunya destina 24 millones extra a la concertada para que asuma alumnado vulnerable

Catalunya sigue avanzando en sus planes contra la segregación escolar y este jueves, el mismo día en que el Govern ha aprobado los Presupuestos para 2023, se ha activado una de sus medidas más controvertidas: el pago adicional que recibirán los colegios concertados por cada alumno considerado vulnerable que escolaricen de forma totalmente gratuita. Se trata de 700 o 988 euros anuales por plaza, en función del curso. 

A esta subvención pueden acogerse todos los centros concertados con un volumen superior al 10% de alumnado con necesidades educativas específicas (esto es, en riesgo de pobreza, que sean de origen extranjero o que tengan alguna discapacidad). Para ello se destinarán un máximo de 24 millones de euros, una cantidad desbloqueada gracias al acuerdo para aprobar las cuentas entre ERC, PSC y Comuns. 

El papel de la concertada para reducir la segregación escolar es fundamental, no solo por su peso dentro de la red de centros en este caso de Catalunya –escolariza a un 30% del alumnado total–, sino porque las cuotas mensuales que cobran a las familias son uno de los factores decisivos de esta desigualdad. Al menos hasta 2017, según desveló elDiario.es, la concertada asumía menos de la mitad de los alumnos pobres que le tocarían si el reparto fuese realmente equilibrado.

Para deshacer estas diferencias, a menudo también entre colegios públicos, la Sindicatura de Greuges (Defensor del Pueblo catalán) auspició en 2019 un Pacto contra la Segregación del que han salido numerosas medidas: reservas de plazas para alumnado vulnerable en todos los colegios, cambios en el sistema de admisiones, mejoras en la detección temprana de problemas de aprendizaje… Según un reciente balance de esta institución, en solo dos años se han reducido un 15% los niveles de segregación. 

Sin embargo, la misma Sindicatura constataba que se han aplicado solamente una cuarta parte de las medidas planteadas. Y entre ellas destacan algunas de las que atañen a la concertada y a su compleja financiación. 

La subvención para la escolarización de alumnado con necesidades educativas específicas –que también existe para la pública, y es de 384 euros– respondía a una vieja demanda de las patronales del sector, que alegaban que su financiación por alumno o clase, inferior a la de la pública, les impedía asumir matrículas de forma completamente gratuita. Es decir, sin cobrarles las controvertidas cuotas, que sobre el papel deberían ser voluntarias y para actividades complementarias pero que a menudo sirven para cubrir gastos de funcionamiento del centro. 

Para juzgar la certeza de este argumento, la misma Sindicatura de Greuges elaboró un informe sobre el coste de la plaza tanto en la pública y en la concertada. De forma muy resumida, constató que sí existe la citada infrafinanciación, y que se compensa con cuotas –muy diversas– que luego hacen que el gasto de que dispone la concertada por alumno sea mayor que el de la pública. Es decir, que una concertada que cobre 100 euros al mes puede estar cubriendo esa brecha de financiación, pero una que cobre 500, no. 

Adrià Zancajo, coautor del estudio La concertada a debate, de la Fundació Bofill, lamenta que se esté sacando adelante esta subvención para la concertada sin que se haya descongelado la otra pata que se considera clave para combatir la segregación y que atañe a la concertada: la revisión de su modelo de financiación. “La mejora de la financiación no puede ser voluntaria en términos de corresponsabilidad. A día de hoy, una escuela puede tener un concierto y continuar siendo no corresponsable”, aduce. 

El anterior conseller, Josep Bargalló, puso en marcha en 2019 el decreto de conciertos, que debía servir para avanzar hacia una financiación “asimétrica” de la concertada (vincular las partidas a su función social y a la gratuidad real de las enseñanzas), pero esa norma sigue desde entonces en consultas públicas y sin calendario claro.

Fuentes de Educación aseguran que sigue en “proceso interno” debido en parte al parón de la pandemia. Pero aseguran que está previsto que a lo largo de este primer trimestre de 2023 vea la luz una propuesta de texto.

Este decreto bebe también del Pacto contra la Segregación, que entre otras medidas exigía poner orden a las cuotas de la concertada: que estas fuesen públicas y realmente voluntarias. 

“Se puede hacer un decreto de conciertos en el que se mejore su financiación y a la vez se obligue a que haya gratuidad”, sostiene Zancajo. En su informe recomendaba también regular los conceptos por los que se pueden pagar cuotas y los que no, e incluso habilitar una plataforma única de pago que gestione la Generalitat. Para este académico, los avances en esta materia “serán graduales, no serán de hoy para mañana”, y deberían empezar por tener un debate sobre qué servicios incluye la gratuidad. 

El conseller de Educación, Josep González Cambray, ha asegurado en más de una ocasión que solo los centros concertados con vocación pública y no elitista pueden tener encaje en el modelo de conciertos. Pero esto está todavía por concretar y se podría dar el caso de que un colegio que cobra elevadas cuotas a sus familias solicite también las ayudas para escolarización de alumnado vulnerable.

Más allá de esta medida, en materia presupuestaria las cuentas de 2023 destinan 6.825 millones de euros a educación, un aumento de un 11% respecto al curso pasado. Contemplan la entrada de 6.800 docentes nuevos al sistema –aproximadamente la mitad ya lo hicieron en enero–, 63 millones para la escuela inclusiva y 289 millones para aumentar el personal de administración y servicios (PAS) de los centros.