Formación Profesional: una estructura de Estado para un problema de Estado

Asistimos en las últimas semanas a anuncios más o menos llamativos sobre un posible inicio de recuperación de la actividad económica a nuestro país. Si tuviéramos que hacer caso al gobierno español, prácticamente tendríamos que considerar que la crisis se está acabando. Si hacemos caso otras fuentes mucho más rigurosas, parece que los momentos más extremos de la crisis van remitiendo pero todavía tenemos travesía y sufrimientos por tiempos. En todo caso, cuando se habla de generar ocupación hay un poquito más de coincidencia: la probable recuperación de la actividad económica no tendrá un reflejo inmediato en la creación de ocupación.

La destrucción de puestos de trabajo en los últimos cinco años ha sido aterradora. Veamos solamente algunas cifras ilustrativas. En septiembre de 2013, Cataluña tenía un total de 638.943 personas en situación de paro, 378.102 más que a final del año 2006 (según los datos del Departamento de Empresa y Ocupación de la Generalitat de Cataluña). Del total de este año, 370.144 (un 57,93% del total) eran personas entre 40 y 64 años y 544.112 (un 85,16%) tenían, como máximo, los estudios equivalentes a la escolarización obligatoria. El 2006, siempre según la misma fuente, estas magnitudes se situaban en 131.356 personas (50,36%) y 227.751 (87,31%), respectivamente. Obviamente, podríamos citar muchos más datos de lo que, sin ningún tipo de duda, es un auténtico drama social.

Sólo estas cifras ya muestran con toda la crudeza que Cataluña está viviendo un cambio de modelo productivo en toda la regla que hará que muchos de los puestos de trabajo anteriores a la crisis – especialmente, los no calificados- no se recuperen nunca más. En su lugar se podrán crear de nuevos, que requerirán niveles de calificación más elevados. Pero, las previsiones demográficas añaden dificultades destacables a la aplicación del “mecanismo” mediante el cual Cataluña ha ido históricamente incrementando los niveles de calificación de su población activa: el relevo generacional. Efectivamente, según las proyecciones del INE el 2022 habrá en Cataluña 519.016 personas menos entre 16 y 39 años. Así, pues, la demografía añade más leña al fuego.

Parece evidente, pues, que la recalificación de buena parte de las personas poco cualificadas que hoy pasan por una situación extremadamente difícil es una exigencia inaplazable para hacer frente con posibilidades de éxito a la construcción de un nuevo modelo productivo. Y es en el logro de este objetivo que la Formación Profesional toma un relevo indiscutible. Es por eso que el informe “FP: nuevo ciclo, cuestión de voluntades”, editado y publicado por la Fundación Catalunya-Europa, intenta identificar los elementos clave que pueden hacer de la Formación Profesional un factor útil en la superación de la actual crisis económica y, muy especialmente, del gran crecimiento del paro que ha generado. Las dimensiones de este fenómeno dramático obligan a prescindir de todos los tópicos, pretextos y pactos tácitos que durante más de tres décadas han impedido explotar todo el potencial de la Formación Profesional, especialmente en un momento en que medidas como la Ley Wert amenazan una buena cantidad de los adelantos producidos en los últimos años.

Partiendo de la base que, en Cataluña, el mercado de trabajo valora sobre todo los Títulos con validez académica y laboral y, por otro lado, que la red de centros educativos con oferta de Formación Profesional son el principal activo del sistema, el Informe plantea un proceso de integración de la Formación Profesional liderato por la administración educativa, que tenga en los centros de formación ocupacional y continua un complemento que la refuerce y que haga de la colaboración entre centros de formación y empresas concretas el principal motor de su desarrollo. Todo ello, fundamentado en una Formación Profesional orientada a la mejora de la competitividad de la economía como motor de la generación de ocupación de calidad y de fortalecimiento de la cohesión social.

Harán falta, también, medidas de aplicación inmediata como la generalización de los procedimientos de acreditación de las competencias profesionales, la creación de centros específicos de Formación Profesional, el mantenimiento de un volumen de oferta capaz de absorber la demanda actual y la extensión de la Formación Profesional Dual, entre otras. Estas medidas pueden ser aplicadas con carácter inmediato y contribuir a conseguir que el proceso de elaboración de la Ley de Formación Profesional emprendida por el Gobierno de Cataluña sea la culminación y consolidación de un proceso con sólidas raíces y no, como a menudo ha pasado en épocas pretéritas, un simple inicio ilusorio de un diseño sin referencias prácticas.

Para lograr estos objetivos, hay que prescindir de discursos políticamente correctos y hace falta concretar voluntades efectivas: hay que dar a la Formación Profesional aquello que históricamente se le ha regateado, hay que concebirla como una estructura de Estado útil para resolver el que, sin ningún tipo de duda, es un verdadero problema de Estado.