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Catalunya prohíbe “totalmente” el uso de móviles en aulas y patios de Primaria y con excepciones en la ESO

Cartel del Instituto Celestí Bellera de Granollers donde se lee "Espacio libre de móviles"

Sandra Vicente

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Los teléfonos móviles estarán prohibidos en las escuelas de Catalunya a partir del curso que viene. Así lo ha decidido la Generalitat, que ha decretado una restricción absoluta en las escuelas de infantil y primaria. El uso también estará “generalmente” prohibido en la ESO, pero el Ejecutivo deja a cada centro decidir si opta por opciones “más o menos restrictivas”.

En este sentido, cada centro de secundaria podrá decidir prohibir totalmente el uso de estos dispositivos o bien “permitirlo en situaciones excepcionales” o en aquellas en que la tarea didáctica no se pueda realizar con ordenador, que será “siempre” la herramienta a priorizar.

Esta regulación está recogido en una normativa de instrucción que ya ha sido enviado a todos los centros educativos catalanes. Tal como recoge el texto, “la limitación del uso de estos dispositivos contribuye a preservar la concentración de los estudiantes y a fomentar las interacciones cara a cara”.

Para cumplir este objetivo, la Generalitat insiste en la necesidad de prohibir los dispositivos en aulas, pero también en espacios no lectivos como pueden ser el patio, el comedor o las pausas entre clases, actividades extraescolares, traslados o viajes y colonias. Para ello, los alumnos que tengan un teléfono propio deberán tenerlo apagado y guardado “en un lugar seguro”, que será determinado por el centro.  

La prohibición se extiende a actividades no lectivas porque son espacios “preservados para que la interacción personal entre alumnado, profesorado y otros miembros de la comunidad educativa sea prioritaria”, según apunta el Departament, que considera que el uso de dispositivos puede “distorsionar” esta relación. “Hay que velar porque el tiempo de patio sea un tiempo de ocio libre de pantallas, que promueva el juego, el ejercicio y las relaciones interpersonales directas”, remacha el texto.

La regulación también se extiende a la etapa postobligatoria. En este caso, el Departament insta a los centros a establecer normas para que los alumnos, que deben ser “responsables” de sus dispositivos, los usen en el marco de “la buena convivencia del centro y el respeto a los derechos fundamentales y de protección de datos del otro”.

Así, en aulas de bachillerato y FP, el so de los teléfonos deberá estar vinculado a actividades de aprendizaje y tampoco se permitirá hacer un uso libre del mismo.

La consellera de Educación, Anna Simó, ha asegurado que estas medidas se han tomado tras haber llevado a cabo conversaciones con la comunidad educativa y tras haber escuchado los resultados de debates que han realizado diversos centros educativos. “Es necesario que los acuerdos se tomen en diálogo para legitimarlos y facilitar su aplicación”, ha añadido la consellera. Con todo, la Generalitat dispone que todos los centros deben tener una documentación “accesible” en la que se detallen las excepciones para usar los móviles y las sanciones a los alumnos que incumplan las normas.

Las represalias por tener, por ejemplo, el móvil encendido en clase o usarlo durante el patio o traslados en autobús, serán decididas por cada centro. “Los protocolos de acción deberán ser muy transparentes y consensuados con familias y alumnado”, ha apuntado Simó. Todo ello, “sin obviar que algunas actuaciones pueden llegar a tener consecuencias penales”, tal como se expone en la normativa, en referencia a vulneración a la protección de datos o a acciones como el ciberacoso o la compartición de imágenes de contenido sexual sin consentimiento.

Sobre las excepciones, Simó ha asegurado que el uso de los teléfonos estará garantizado cuando sea necesario. “Para aquellos alumnos que tengan situaciones de emergencia, necesidad de mantenerse en comunicación con sus familias o para aquellos alumnos recién llegados que deban usar el traductor simultáneo”, por ejemplo.

Todo ello deberá estar regulado en documentos internos en línea con el proyecto educativo de cada centro. Siempre garantizando que “la regulación del uso de los teléfonos debe ser compatible con superar las competencias digitales”.

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