Las causas de Roger Torrent y los gastos exteriores del procés marcan el inicio del curso judicial catalán

Pese a los intentos para devolver el proceso soberanista al terreno político, el inicio del curso judicial 2021-2022 no hace sino recordar que queda procés para rato en los tribunales. Septiembre y octubre vienen cargados de declaraciones de investigados en distintas causas, como el expresidente del Parlament y actual conseller de Empresa, Roger Torrent, y el extitular de Exteriores Raül Romeva.

La jueza investiga al exconseller Romeva y a nueve altos cargos por los gastos para internacionalizar el procés

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Los próximos meses también servirán para ver si la Fiscalía mantiene sus peticiones de penas altas en causas relacionadas con el proceso soberanista, tanto contra los políticos en relación al referéndum de 2017 como contra los manifestantes por los disturbios que siguieron a la sentencia del Supremo de 2019. Y también se fijará el juicio para dos casos de corrupción que simbolizan toda una era: los que sentarán en el banquillo a la familia Pujol Ferrusola y a empresarios y expolíticos de Convergència por el caso del 3%.

Torrent, el primero

Los primeros que subirán las escaleras del Palacio de Justicia de Barcelona el próximo 15 de septiembre serán Torrent y los otros tres exmiembros independentistas de la Mesa del Parlament de la pasada legislatura. Los cuatro están investigados por un delito de desobediencia por permitir la tramitación y votación de una moción sobre la autodeterminación y otra para reprobar a la Monarquía, en contra de lo ordenado por el Tribunal Constitucional.

Aunque Torrent y sus compañeros alegan que actuaron amparados por la inviolabilidad parlamentaria, que impide castigar penalmente a un diputado por las votaciones o debates de la Cámara, la interpretación restrictiva de este derecho que hizo el Supremo con la expresidenta del Parlament Carme Forcadell deja poco margen de maniobra a las defensas. La instrucción de la causa contra Torrent y sus excompañeros de la Mesa no se prevé excesivamente larga, habida cuenta de su falta de complejidad. La eventual condena no comportaría en ningún caso penas de cárcel, pero sí de inhabilitación, lo impediría a Torrent seguir ocupando un cargo público.

Los gastos exteriores, en el juzgado y el Tribunal de Cuentas

En octubre y noviembre será el turno del exconseller Romeva y de los otros nueve investigados por presuntamente malversar fondos públicos en la internacionalización del proceso soberanista a través la red exterior de la Generalitat. Comparecerán ante la jueza de Barcelona que les investiga por algunos gastos que también están incluidos en la causa contable abierta por el Tribunal de Cuentas, que deberá decidir si acepta la polémica fianza avalada por el Govern a la treintena de exdirigentes y funcionarios afectados.

Los coletazos judiciales del 1-O para independentistas y policías

Casi cuatro años después de la jornada de la votación, decenas de exaltos cargos y funcionarios de la Generalitat procesados por la logística del 1-O siguen pendientes de su futuro penal, al igual que docenas de agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil por lesionar a votantes en los colegios. En este curso, la Fiscalía deberá formular acusación contra los diputados de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó por su papel clave en la organización del 1-O, así como contra la actual consellera de Cultura, Natàlia Garriga. Los tres serán juzgados en el TSJC por su condición de aforados, mientras que el juicio al resto de la treintena de procesados por los preparativos del 1-O previsiblemente se demore más por la acumulación de vistas en la Audiencia de Barcelona. Y la consellera de Feminismos, Tània Verge, sabrá en otoño si la Audiencia de Barcelona confirma su absolución por haber formado parte de la Sindicatura Electoral del 1-O.

Torra y Buch, a la espera de juicio

Aunque fuera de la primera línea y sin papel protagonista en la política catalana, el expresident Quim Torra y el exconseller de Interior Miquel Buch se sentarán en el banquillo en los próximos meses. El primero en el segundo juicio por no querer descolgar a tiempo una pancarta en favor de los presos del procés y el segundo por enmascarar como un asesor de la conselleria al mosso que ejercía de escolta del expresident Carles Puigdemont en Bélgica. La Fiscalía pide una dura pena de prisión para Buch.

Los juicios por disturbios, CDR y Tsunami

El curso que arranca este septiembre también llevarán a juicio a numerosos manifestantes independentistas encausados por altercados tras la sentencia del procés, a los que el departamento de Interior ha prometido no acusar de desórdenes públicos con el objetivo de no reclamar penas tan duras como las solicitadas por la Fiscalía. En paralelo sigue la investigación en Figueres contra 200 personas acusadas de cortar la autopista convocadas por Tsunami Democràtic, cuya supuesta cúpula investiga la Audiencia Nacional. En el tribunal especial también está en vías de terminar la instrucción de la causa contra los CDR acusados de terrorismo, pese a las dudas mostradas por los propios jueces. La Fiscalía pide procesarlos por terrorismo.

El procés en Europa

Antes de fin de año también se prevé que se sepa si el Tribunal Supremo ha perdido definitivamente las opciones para conseguir la extradición de Carles Puigdemont, que se le resiste desde 2017, lo que le ha valido varios varapalos de tribunales europeos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) debe pronunciarse sobre las cuestiones prejudiciales que le envió el juez Llarena y de cuya respuesta depende el mantenimiento de las peticiones de extradición a Bélgica. Más meses tardará otro fallo europeo, el del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) relativo a los condenados por sedición, que los independentistas confían en que vuelva a suponer una enmienda a la totalidad a la causa seguida en el Supremo. De hecho, el Constitucional todavía tiene que emitir sus sentencias –el paso previo para recurrir al TEDH– respecto a dirigentes como Oriol Junqueras o Carme Forcadell.

Los Pujol, a juicio

La Audiencia Nacional debe fijar fecha de juicio para el expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, sus siete hijos y varios empresarios acusados de asociación ilícita, fraude fiscal y blanqueo de capitales por la fortuna familiar oculta en Andorra durante décadas, que según la familia procede de un legado de su abuelo pero para la Fiscalía deriva de la corrupción de la etapa de Pujol al frente del Govern. La Fiscalía pide nueve años de cárcel para el expresident pero la Abogacía del Estado no lo acusa.

El 3% de Convergència

Pendiente del escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción está la causa del 3% de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Están procesados por la Audiencia Nacional una treintena de empresarios y ex altos cargos del partido, entre ellos el exgerente y exconseller Germà Gordó, por supuestamente financiar ilegalmente la extinta formación nacionalista con mordidas de empresarios a cambio de obras públicas.

Los contratos de Borràs

La vuelta de vacaciones también traerá la reactivación de la causa contra la presidenta del Parlament, Laura Borràs, por el fraccionamiento de contratos cuando estaba al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). La instrucción se siguió casi por completo en el Supremo, pero la causa pasó al TSJC cuando Borràs dejó su escaño en el Congreso para encuadrarse en las listas de Junts a las elecciones al Parlament del pasado mes de febrero.

La Voloh

El otoño traerá nuevas páginas al sumario del caso Voloh, la macrocausa que sigue el juzgado de instrucción 1 de Barcelona y que investiga la financiación de la estancia de Puigdemont en Waterloo, la supuesta trama rusa del procés y delitos de corrupción relacionados con las actividades empresariales de exconseller de ERC Xavier Vendrell y el exconvergente David Madí.

Pese a los intentos para devolver el proceso soberanista al terreno político, el inicio del curso judicial 2021-2022 no hace sino recordar que queda procés para rato en los tribunales. Septiembre y octubre vienen cargados de declaraciones de investigados en distintas causas, como el expresidente del Parlament y actual conseller de Empresa, Roger Torrent, y el extitular de Exteriores Raül Romeva.

La jueza investiga al exconseller Romeva y a nueve altos cargos por los gastos para internacionalizar el procés

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Los próximos meses también servirán para ver si la Fiscalía mantiene sus peticiones de penas altas en causas relacionadas con el proceso soberanista, tanto contra los políticos en relación al referéndum de 2017 como contra los manifestantes por los disturbios que siguieron a la sentencia del Supremo de 2019. Y también se fijará el juicio para dos casos de corrupción que simbolizan toda una era: los que sentarán en el banquillo a la familia Pujol Ferrusola y a empresarios y expolíticos de Convergència por el caso del 3%.

Torrent, el primero

Los primeros que subirán las escaleras del Palacio de Justicia de Barcelona el próximo 15 de septiembre serán Torrent y los otros tres exmiembros independentistas de la Mesa del Parlament de la pasada legislatura. Los cuatro están investigados por un delito de desobediencia por permitir la tramitación y votación de una moción sobre la autodeterminación y otra para reprobar a la Monarquía, en contra de lo ordenado por el Tribunal Constitucional.

Aunque Torrent y sus compañeros alegan que actuaron amparados por la inviolabilidad parlamentaria, que impide castigar penalmente a un diputado por las votaciones o debates de la Cámara, la interpretación restrictiva de este derecho que hizo el Supremo con la expresidenta del Parlament Carme Forcadell deja poco margen de maniobra a las defensas. La instrucción de la causa contra Torrent y sus excompañeros de la Mesa no se prevé excesivamente larga, habida cuenta de su falta de complejidad. La eventual condena no comportaría en ningún caso penas de cárcel, pero sí de inhabilitación, lo impediría a Torrent seguir ocupando un cargo público.

Los gastos exteriores, en el juzgado y el Tribunal de Cuentas

En octubre y noviembre será el turno del exconseller Romeva y de los otros nueve investigados por presuntamente malversar fondos públicos en la internacionalización del proceso soberanista a través la red exterior de la Generalitat. Comparecerán ante la jueza de Barcelona que les investiga por algunos gastos que también están incluidos en la causa contable abierta por el Tribunal de Cuentas, que deberá decidir si acepta la polémica fianza avalada por el Govern a la treintena de exdirigentes y funcionarios afectados.

Los coletazos judiciales del 1-O para independentistas y policías

Casi cuatro años después de la jornada de la votación, decenas de exaltos cargos y funcionarios de la Generalitat procesados por la logística del 1-O siguen pendientes de su futuro penal, al igual que docenas de agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil por lesionar a votantes en los colegios. En este curso, la Fiscalía deberá formular acusación contra los diputados de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó por su papel clave en la organización del 1-O, así como contra la actual consellera de Cultura, Natàlia Garriga. Los tres serán juzgados en el TSJC por su condición de aforados, mientras que el juicio al resto de la treintena de procesados por los preparativos del 1-O previsiblemente se demore más por la acumulación de vistas en la Audiencia de Barcelona. Y la consellera de Feminismos, Tània Verge, sabrá en otoño si la Audiencia de Barcelona confirma su absolución por haber formado parte de la Sindicatura Electoral del 1-O.

Torra y Buch, a la espera de juicio

Aunque fuera de la primera línea y sin papel protagonista en la política catalana, el expresident Quim Torra y el exconseller de Interior Miquel Buch se sentarán en el banquillo en los próximos meses. El primero en el segundo juicio por no querer descolgar a tiempo una pancarta en favor de los presos del procés y el segundo por enmascarar como un asesor de la conselleria al mosso que ejercía de escolta del expresident Carles Puigdemont en Bélgica. La Fiscalía pide una dura pena de prisión para Buch.

Los juicios por disturbios, CDR y Tsunami

El curso que arranca este septiembre también llevarán a juicio a numerosos manifestantes independentistas encausados por altercados tras la sentencia del procés, a los que el departamento de Interior ha prometido no acusar de desórdenes públicos con el objetivo de no reclamar penas tan duras como las solicitadas por la Fiscalía. En paralelo sigue la investigación en Figueres contra 200 personas acusadas de cortar la autopista convocadas por Tsunami Democràtic, cuya supuesta cúpula investiga la Audiencia Nacional. En el tribunal especial también está en vías de terminar la instrucción de la causa contra los CDR acusados de terrorismo, pese a las dudas mostradas por los propios jueces. La Fiscalía pide procesarlos por terrorismo.

El procés en Europa

Antes de fin de año también se prevé que se sepa si el Tribunal Supremo ha perdido definitivamente las opciones para conseguir la extradición de Carles Puigdemont, que se le resiste desde 2017, lo que le ha valido varios varapalos de tribunales europeos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) debe pronunciarse sobre las cuestiones prejudiciales que le envió el juez Llarena y de cuya respuesta depende el mantenimiento de las peticiones de extradición a Bélgica. Más meses tardará otro fallo europeo, el del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) relativo a los condenados por sedición, que los independentistas confían en que vuelva a suponer una enmienda a la totalidad a la causa seguida en el Supremo. De hecho, el Constitucional todavía tiene que emitir sus sentencias –el paso previo para recurrir al TEDH– respecto a dirigentes como Oriol Junqueras o Carme Forcadell.

Los Pujol, a juicio

La Audiencia Nacional debe fijar fecha de juicio para el expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, sus siete hijos y varios empresarios acusados de asociación ilícita, fraude fiscal y blanqueo de capitales por la fortuna familiar oculta en Andorra durante décadas, que según la familia procede de un legado de su abuelo pero para la Fiscalía deriva de la corrupción de la etapa de Pujol al frente del Govern. La Fiscalía pide nueve años de cárcel para el expresident pero la Abogacía del Estado no lo acusa.

El 3% de Convergència

Pendiente del escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción está la causa del 3% de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Están procesados por la Audiencia Nacional una treintena de empresarios y ex altos cargos del partido, entre ellos el exgerente y exconseller Germà Gordó, por supuestamente financiar ilegalmente la extinta formación nacionalista con mordidas de empresarios a cambio de obras públicas.

Los contratos de Borràs

La vuelta de vacaciones también traerá la reactivación de la causa contra la presidenta del Parlament, Laura Borràs, por el fraccionamiento de contratos cuando estaba al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). La instrucción se siguió casi por completo en el Supremo, pero la causa pasó al TSJC cuando Borràs dejó su escaño en el Congreso para encuadrarse en las listas de Junts a las elecciones al Parlament del pasado mes de febrero.

La Voloh

El otoño traerá nuevas páginas al sumario del caso Voloh, la macrocausa que sigue el juzgado de instrucción 1 de Barcelona y que investiga la financiación de la estancia de Puigdemont en Waterloo, la supuesta trama rusa del procés y delitos de corrupción relacionados con las actividades empresariales de exconseller de ERC Xavier Vendrell y el exconvergente David Madí.

Pese a los intentos para devolver el proceso soberanista al terreno político, el inicio del curso judicial 2021-2022 no hace sino recordar que queda procés para rato en los tribunales. Septiembre y octubre vienen cargados de declaraciones de investigados en distintas causas, como el expresidente del Parlament y actual conseller de Empresa, Roger Torrent, y el extitular de Exteriores Raül Romeva.

La jueza investiga al exconseller Romeva y a nueve altos cargos por los gastos para internacionalizar el procés

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Los próximos meses también servirán para ver si la Fiscalía mantiene sus peticiones de penas altas en causas relacionadas con el proceso soberanista, tanto contra los políticos en relación al referéndum de 2017 como contra los manifestantes por los disturbios que siguieron a la sentencia del Supremo de 2019. Y también se fijará el juicio para dos casos de corrupción que simbolizan toda una era: los que sentarán en el banquillo a la familia Pujol Ferrusola y a empresarios y expolíticos de Convergència por el caso del 3%.