Cerca de un centenar de organizaciones denuncian que la infiltración policial es “una vulneración de derechos humanos”
Un total de 88 organizaciones y plataformas internacionales, de 20 países distintos, han firmado un comunicado en apoyo a las activistas que han denunciado por abuso sexual al agente de la Policía Nacional que se infiltró en movimientos sociales de Barcelona.
“El estado español ha cruzado todas las líneas rojas en lo que se refiere a la vulneración de derechos humanos, llegando al extremo de usar las relaciones sexoafectivas como herramienta de espionaje”, asegura el comunicado. Entre las organizaciones firmantes destacan la Organización Mundial de la Tortura, el European Civic Forum, EuroMed Rights, Iridia o LaFede.cat.
A este caso de infiltración policial, se le debe sumar otro que ya fue destapado en 2022 y un tercero que salió a la luz a principios de esta semana, todos ellos descubiertos por el medio 'La Directa'. “Es esencial exigir la verdad, justicia, reparación y, por encima de todo, que estos hechos no se vuelvan a repetir”, apuntan las organizaciones.
El agente, que se identificó con el nombre de Daniel Hernández, estuvo infiltrado en los movimientos sociales y sindicales del barrio de Sant Andreu (Barcelona) entre mayo de 2020 y octubre de 2022. El policía se acercó al gimnasio del centro social okupado la Cinétika. “Decía que había encontrado la dirección por internet mientras buscaba un lugar económico donde entrenar”, afirmó una activista del espacio en el reportaje. A partir de ahí estableció relaciones con al menos ocho mujeres que, según el medio que publicó el caso, le facilitaron participar en asambleas, jornadas y manifestaciones.
Las entidades firmantes ponen especial énfasis en la “gravedad” de usar las relaciones sexoafectivas con “finalidades de espionaje estatal”, hecho que consideran una forma de “violencia institucional sexualizada y es constitutivo de torturas mediante un delito contra la integridad moral”, tal como denuncian las mujeres afectadas, que han declinado hacer declaraciones.
Así como destaca Anaïs Franquesa, abogada de las denunciantes, su querella cuenta con un precedente en Reino Unido. La letrada ha destacado el caso de Kate Wilson, que mantuvo una relación de 10 años con un policía infiltrado en Nottingham. El Investigatory Powers Tribunal concluyó que se habían vulnerado hasta cinco derechos fundamentales y dio la razón a la plataforma Police Spies out of our Lives, que interpuso una denuncia por abuso sexual contra el agente.
En este caso, el Tribunal concluyó que el policía había vulnerado la prohibición de la tortura, tratos inhumanos y degradantes. También había vulnerado el derecho a la vida privada, a la libertad de expresión, de asociación y reunión y la prohibición de discriminación, al considerar que fue un acto sexista.
Este precedente sirvió para crear jurisprudencia, ya que consideró que este tipo de operativos de espionaje están fuera del marco legal europeo y del marco del Derecho internacional de los Derechos Humanos, tal como ha apuntado Franquesa. La letrada ha recordado que este tipo de infiltraciones en el estado español están contempladas en supuestos de terrorismo, tráfico o crimen organizado, pero “en ningún caso con el objetivo de prevenir supuestos delitos”.
“Este caso debería promover el debate público sobre cuáles deberían ser los límites y el control de la policía en un estado de derecho”, se afirma en el comunicado, que alerta el peligro de estas acciones de Estado en lo que se refiere a la limitación de derechos cívicos.
“Si bien sabemos que el espionaje es una realidad en el estado español, este caso supone un salto cualitativo en la implementación de estrategias policiales represivas”, aseguran las entidades firmantes, que exigen al Ministerio de Interior que asuma responsabilidades ante la “gravedad de los hechos”.
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