Vivienda, sintecho y narcopisos: las prioridades que Colau planteará al nuevo Govern de Torra

La toma de posesión de Quim Torra como president de la Generalitat ha dejado un sabor agridulce en el Ayuntamiento de Barcelona. Si por un lado han saltado todas las alarmas al considerar que su discurso pone en peligro la cohesión social –y refuerza las pugnas en el eje nacional frente al social a un año de las elecciones municipales–, por el otro se ha manifestado un cierto alivio. Por fin, tras siete meses de 155, hay un inquilino al otro lado de la plaza Sant Jaume con quien departir las urgencias del consistorio.

Con su predecesor, Carles Puigdemont, la alcaldesa Ada Colau pudo consensuar medidas que han afectado a infraestructuras clave, como el cierre de la cárcel Modelo o la reforma del Puerto Olímpico. Incluso le arrancó un 'sí' al tranvía por la Diagonal que luego resultó inútil (el propio PDeCAT votó en contra, junto con la mayor parte de la oposición).

Ahora, la carpeta de prioridades de Colau para negociar con el Govern se ha convertido en una auténtica cartilla de temas de emergencia social, desde la petición de ampliación del presupuesto de vivienda a la lucha contra los narcopisos, pasando por la ayuda a los sintecho o la gestión de las guarderías. La alcaldesa ya ha llamado a Torra para pedirle cita y este ha respondido afirmativamente, aunque todavía no hay fecha para el encuentro. 

Más dinero para vivienda

La primera petición que recibirá el nuevo president de Colau será que amplíe su aportación económica en las políticas de vivienda de la ciudad. Estas dependen del Consorcio de Vivienda de Barcelona, formado en un 60% por la Generalitat y en un 40% por el Ayuntamiento, pero desde hace meses Barcelona en Comú denuncia que su implicación en materia económica y de liderazgo político es muy superior.

La promoción de vivienda pública de la ciudad, presentada este jueves, va a cargo de las arcas municipales casi íntegramente. Son 580 millones de euros que han de permitir a la capital catalana duplicar en 2022 su parque de vivienda pública, dedicada en un 80% al alquiler social. En la misma línea, los 42,5 millones destinados a rehabilitar fincas antiguas los asume en un 80% el Ayuntamiento. 

Además de la parte económica, Colau también espera de Torra liderazgo político para desarrollar la prometida ley catalana del alquiler o las medidas que fuercen a los propietarios a cumplir con el índice de precios de referencia del alquiler. Estas no van a ser iniciativas sencillas, puesto que es el Gobierno central quien tiene el grueso de las competencias en arrendamientos urbanos, pero desde Barcelona quieren presionar en todos los frentes para frenar las consecuencias de la subida de los alquileres y dar oxígeno a unos servicios sociales saturados. 

Más sintecho de fuera de Barcelona

La cifra de la gente que duerme en la calle en Barcelona se mantiene estable –alrededor de los 1.000–, pero el consistorio ha detectado que el 47% llevan menos de tres meses en la ciudad. Esto les ha llevado a acusar al PDeCAT de incentivar a personas sin hogar de otros municipios a trasladarse a la capital catalana, donde existen más servicios, como por ejemplo las facilidades para empadronarse sin domicilio fijo.

En este mandato, el Ayuntamiento ha aumentado en un 30% la partida para hacer frente a esta situación y quiere que la Generalitat haga un esfuerzo en este sentido. Le reprochan que ni siquiera haya puesto en marcha el recuento anual de personas sin hogar que se votó en el Parlament y que Barcelona ya hace desde hace tres años.

Actuaciones contra los narcopisos

Una de las problemáticas que más está lastrando la imagen de Colau es la de los llamados narcopisos, sobre todo en barrios como el Raval. La ocupación de viviendas vacías por parte de redes de narcotráfico para vender droga ha sublevado a los vecinos y ha llevado incluso a la oposición a reprobar recientemente a la alcaldesa en el pleno.

Sin embargo, en el consistorio creen que no pueden actuar solos, puesto que la Guardia Urbana no puede actuar sin los Mossos d’Esquadra, ni el Ayuntamiento tiene competencias en materia de vivienda más allá de tratar de convencer a los propietarios de pisos vacíos en este barrio de tapiarlos o, aun mejor, ponerlos en el mercado o la bolsa de alquiler.

“Como Ayuntamiento haremos todo lo que haga falta, pero exigimos a la Generalitat y al Estado que se impliquen”, afirmó este fin de semana el primer teniente de alcalde Gerardo Pisarello, que adelantó que este viernes llevarán una propuesta al pleno para abordar la cuestión.

A juicio por el dinero de las guarderías

Colau no está dispuesta a dejar pasar los recortes en materia de guarderías que aplicó el Govern de Artur Mas. Cuando este dejó de aportar su parte de financiación en 2012 –un tercio del total–, en plaza Sant Jaume estaba su compañero de partido Xavier Trias, que lo compensó gracias al mejor estado de las arcas del Ayuntamiento. Ahora, tras la victoria judicial de varios ayuntamientos del PSC a los que les pasó lo mismo, Colau reclama a la Generalitat 42 millones de euros.

En el consistorio están convencidos de que si Torra retoma la aportación a la educación infantil podrían ampliar la oferta de plazas, que ahora con 8.411 apenas cubre la mitad de la demanda. La Generalitat pasó de destinar 1.800 euros por alumno y plaza antes de la crisis a solo 875 euros, para luego trasladar esta carga a las diputaciones. Ahora mismo aporta cero euros a los municipios en concepto de guarderías.

A la espera de la línea 9 del metro

Si el encuentro entre Torra y Colau da para pasar de las urgencias a las carpetas históricas, es muy probable que salga la de la línea 9 del metro, una de las infraestructuras faraónicas y pendientes de cerrar de la Generalitat que afectan de pleno a la movilidad de la capital catalana. Desde el Govern aseguraron que están pendientes de un crédito del Banco Europeo de Inversiones de 750 millones para remprender las obras, algo que debería ocurrir con el nuevo Ejecutivo.

En diciembre pasado Colau llegó a comprar bienes inmuebles de la Generalitat por valor de 40 millones de euros para que esta pudiera destinarlos la llegada de la línea 10 a la Zona Franca y la Marina. 

Potenciar la actividad económica

De todas las políticas públicas, la de promoción económica es quizás la que mantiene más en contacto al Ayuntamiento con la Generalitat, puesto que se ven involucrados numerosos consorcios en los que están ambas administraciones así como el Gobierno central, desde la Fira de Barcelona al consorcio de Turismo pasando por el de la Zona Franca. A través de todos ellos el Ayuntamiento quiere reactivar la marca Barcelona tras los sucesos del procés y los atentados del 17-A.

En este sentido, en el consistorio están satisfechos con los últimos datos conocidos. El turismo ha recuperado las cifras de récord y estas se extienden al turismo de negocios. Además, la llegada reciente a la capital catalana de empresas de prestigio mundial -la más comentada, la de una subcontrata de Facebook a la Torre Glòries- se interpreta desde la alcaldía como la confirmación de que Barcelona no ha perdido fuelle en su proyección internacional.