Dos concejales del PSC aceptan un año de cárcel por instar a expulsar de un hotel a policías del 1-O

Un teniente de alcalde y una exconcejal del PSC en Pineda de Mar (Barcelona) han aceptado este martes un año de cárcel y otro de inhabilitación por presionar a una cadena hotelera del municipio para que expulsara a los agentes de la Policía Nacional que tenía alojados por el 1-O.

En la sección 6ª de la Audiencia de Barcelona se ha iniciado este martes el juicio contra Carme Aragonès, que era teniente de alcalde de Pineda en octubre de 2017, y contra Jordi Masnou, todavía teniente de alcalde de la población, para quienes la Fiscalía pedía inicialmente tres años de prisión.

Los hechos se remontan al 2 de octubre de 2017, un día después de la votación que en varios colegios fue impedida a golpes por parte de la Policía Nacional y la Guardia Civil. A las puertas del hotel donde se alojaban los policías en Pinerda se celebraron concentraciones de protesta, lo que derivó en momentos de tensión. Mientras soberanistas pedían la expulsión de los uniformados del hotel, desde el interior los agentes replicaron a gritos de “que nos dejen actuar”.

Más de cinco años después, el juicio, en el que la Fiscalía acusa a los cargos municipales de coacciones, sigue su curso dado que también está acusado el jefe de la policía local de Pineda de Mar, quien no se ha sumado al pacto que los concejales socialistas han alcanzado con el ministerio público a cambio de una rebaja de la condena y defenderá su absolución en la vista.

Con todo, el pacto de los dos ediles socialistas con el fiscal complica la defensa del policía ya que ambos políticos lo han incriminado. Según han reconocido íntegramente los dos concejales a cambio de ver rebajada su condena, la noche del 2 de octubre de 2017, Aragonès, Masnou y el jefe de la policía local se presentaron de “forma irregular” en un hotel de la cadena Checkin de Pineda donde se alojaban agentes destinados a Cataluña por el 1-O.

El objetivo de los tres acusados era, según el fiscal, “conminar a la dirección de la cadena hotelera, prevaliéndose de la autoridad que representaban, para lograr la expulsión” de los agentes de la Policía Nacional que alojaban.

Tras franquear la puerta de acceso al hotel, la comitiva municipal pidió entrevistarse con la dirección del establecimiento, entrando en el despacho del director, ante quien Aragonès, como máxima autoridad municipal porque el alcalde estaba fuera del municipio, junto al “apoyo amedrentador” de los demás acusados, le emplazó a desalojar el contingente de policías nacionales alojados en dos hoteles de Pineda de la misma cadena, según la Fiscalía.

Ante esta exigencia, el director del hotel puso a los responsables municipales al teléfono con el gerente de la cadena hotelera, ante quien Aragonès reiteró su exigencia, si bien el responsable se negó alegando que no había habido ningún problema con sus huéspedes, según el Ministerio Público.

Con el objetivo de “incrementar su apremio sobre el directivo”, la entonces primer teniente de alcalde le pasó el teléfono a Jordi Masnou, quien como responsable de urbanismo advirtió al gerente “en tono desafiante y conminatorio”, según la Fiscalía, de que tenía que echar a “esos clientes sí o sí”.

El gerente, según el ministerio público, contestó que no lo podía hacer porque los policías tenían reserva hasta el 5 de octubre y, en ese momento Masnou, “enfurecido, dando gritos” le dijo que él era “quien mandaba allí” y que “si él decía blanco es blanco”.

Como el gerente no accedía a sus pretensiones, le advirtió que “si no echaba a los Policías le iba a cerrar el hotel al día siguiente e iba a estar cerrado cinco años”. El gerente replicó entonces que no podía echar de esta forma a los agentes y que en todo caso tenía que hablar antes con un comisario de Policía Nacional en Madrid.

Según la Fiscalía, tras esta conversación, el gerente de la cadena Checkin, “impulsado por el temor a que las anunciadas represalias fueran llevadas a cabo por parte de las autoridades municipales”, decidió redactar una carta en que aseguraba que se veían “obligados”, bajo la amenaza de cerrar sus hoteles durante cinco años, a desalojar al contingente policial antes de las 16.00 horas del día 3 de octubre, dos días antes de la finalización de la reserva.