La Generalitat ha iniciado el proceso para renovar la ley de cooperativas. La última operación en este sentido se hizo hace diez años. La idea con la que la Administración trabaja es acercar este tipo de empresas a la realidad del mundo económico del siglo XXI. El contenido de la nueva norma, que todavía puede ser objeto de cambio, hace meses que se examina en las cooperativas. El debate hasta ahora se realiza con sordina. Pero al salir a la luz el texto actual la polémica seguro que aumentará algunos grados.
En el preámbulo se citan las metas que quiere conseguir la ley: fomentar la creación de cooperativas, la consolidación de las existentes; reforzar las vías de financiación externa, mejorar la gestión empresarial y lograr un mayor dimensionamiento del mundo cooperativo.
Más allá de las grandes declaraciones hay cosas concretas que llaman la atención. Según el anteproyecto de ley, para crear una cooperativa ya no harán falta 3 socios sino que con 2 será suficiente. Las cooperativas podrán incorporar a sus órganos de decisión el equivalente al consejero independiente, una persona ajena a la entidad que tenga conocimientos técnicos. Se regula también la figura del socio colaborador financiero, es decir, un socio que aporta fondos a la entidad, y que si los socios quieren, podrá llegar a tener incluso derechos políticos. Además se regula un mecanismo que permite la creación rápida de cooperativas, la “cooperativa express” y, al mismo tiempo, se crea un mecanismo que permite la reactivación de cooperativas que hubieran sido cerradas.
Más cambios: se abre la puerta a que las cooperativas varíen los porcentajes que debían dedicar obligatoriamente a fondo de reserva y a fondo para formación y destinar parte de los excedentes conseguidos a reparto entre los socios, y muchos más.
Xavier López, director general de economía social y cooperativa y trabajo autónomo explica la filosofía que conllevan los cambios legales propuestos: “Se trata de dar herramientas para que las cooperativas sean más flexibles y se puedan adaptar a los cambios de la economía”. Destaca que siempre serán las entidades las que tendrán la última palabra sobre si adoptan o no los cambios que permite la ley. Destaca también que se trata de dar respuesta a realidades muy diferentes, que pueden ir desde una pequeña cooperativa de 10 personas a grandes empresas con cientos o miles de socios, que a su vez pueden ser empresas. Desde cooperativas de trabajo asociado, a mixtas o de servicios. Por ello considera que la ley es como un paraguas que las enmarca a todas y que debe dar respuesta a todas las necesidades, desde las entidades que profesan un cooperativismo ideológicamente muy puro a las que tienen una visión más laxa.
“La posibilidad de hacer cooperativas con 2 socios en lugar de los 3 que se pedían hasta ahora tiene como meta facilitar que haya más cooperativas y que después éstas tengan mayor dimensión”, afirma López. En la línea de facilitar la creación de empresas cooperativas existe la posibilidad de adoptar el procedimiento expreso, que agilizaría notablemente el proceso de legalización de las entidades con menos de diez socios.
Socio temporal, socio-financiero
También se introducen nuevas categorías de personas socias, como la socia temporal, y se prevé que la socia colaboradora lo sea sólo en la aportación de capital. En este sentido y con respecto a las personas socias de trabajo, se prevé que la cooperativa en su reglamentación interna pueda regular para éstas un régimen jurídico distinto del previsto para las personas socias trabajadoras de las cooperativas del trabajo asociado.
La ley también prevé algo que puede ser entendida críticamente por algunos cooperativistas clásicos: que las personas socias que aportan sólo capital puedan participar en los excedentes anuales en proporción al capital que hayan aportado y, en su caso, hacerse cargo de las pérdidas del ejercicio en la proporción de su aportación, algo que en las empresas capitalistas sería similar a la participación de los accionistas en los beneficios.
Otra novedad que seguro que supondrá debate es la posibilidad de que las cooperativas para favorecer la gestión empresarial decidan que puedan formar parte del órgano de administración personas no socias. Algo parecido a lo que en las empresas de capital son los consejeros independientes. Hasta ahora los órganos directivos estaban reservados a los socios. Lo que no obvia que pueda haber asalariados en los puestos de dirección empresarial.
En la línea de las novedades se posibilita también que los autónomos puedan formar parte de las cooperativas de segundo grado, cooperativas fruto de la unión de varias cooperativas, si éstas lo aceptan. Y también se permite que las cooperativas de segundo grado que realicen actividades empresariales integradas puedan adoptar el nombre de grupo cooperativo.
Finalmente, se fijan nuevas denominaciones de las cooperativas. Una sería la cooperativa integra , que agruparía la mayor parte de las entidades que realiza actividades económicas o sociales genéricas. Mientras que el segundo tipo de denominación serían las cooperativas rurales, que serían las que tienen entre sus finalidades la mejora y promoción del medio rural.
López afirma que hace un año que la Generalitat trabaja con las cooperativas en el proceso de redacción de la ley. Se ha debatido en el consejo general de la cooperación, pero todavía tiene que pasar como Consejo de Trabajo Económico y Social, que hará un informe y finalmente irá al Parlament. En este sentido cree que las cooperativas i / o federaciones todavía pueden hacer enmiendas que se debatirán.
“Lo que consideramos clave de la ley es que debe servir para que las cooperativas se abran al resto de la economía, porque son también empresas” dice López. En este sentido niega que la ley pretenda desnaturalizar la esencia de las cooperativas. “Los elementos fundamentales de la filosofía cooperativa se mantienen” afirma. Sin embargo acepta que habrá quien vea los cambios como exagerados y también habrá que los considere insuficientes.
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