Entidades proderechos humanos reclaman al Govern que garantice las comunicaciones de los presos con sus familias

Una decena de organizaciones de defensa de los derechos humanos lideradas por el centro Irídia y el Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans (OSPDH) han presentado este miércoles una instancia a la conselleria de Justicia de la Generalitat en la que reclaman “medidas urgentes para garantizar los derechos de las personas presas ante la emergencia de la Covid-19”.

Las entidades solicitan a la Generalitat, administración competente en materia de prisiones, que garantice las comunicaciones de los presos con sus familias desde locutorios y que se hagan justificantes de movilidad para incluir los desplazamientos a los centros penitenciarios como excepción al confinamiento perimetral.

La instancia también reclama mejorar las condiciones en las que se cumplen las cuarentenas en las cárceles, la prevención de contagios y la información que reciben los familiares de los presos sobre contagios en los centros, y pide reducir la cantidad de personas en las cárceles fomentando los terceros grados y otras formas de semilibertad.

El escrito plantea a la administración adoptar medidas cuanto antes para “minimizar las consecuencias que la Covid-19 está teniendo para las personas privadas de libertad y sus familiares, así como para todo el personal vinculado a los centros penitenciarios”. Las entidades sostienen que las visitas de familiares en locutorios de cristal permiten garantizar la distancia para evitar contagios, y reclama que el departamento emita justificantes de movilidad como excepción al confinamiento perimetral, y garantizar el contacto con familiares por videollamada para los presos enfermos que no puedan salir de la enfermería o de la celda.

Para los presos en cuarentena, reclaman que se garantice el acceso regular a las duchas y a productos higiénicos, y asegurar que pueden salir al patio: “Hay que tener presente que las restricciones que se aplican en ningún caso pueden derivar en condiciones materiales de vida de aislamiento para los internos, comparables con la aplicación de una sanción de aislamiento o una clasificación en primer grado”.

La instancia también pide aplicar la recomendación que hizo en marzo la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, de reducir la población penitenciaria, por lo que reclama fomentar la aplicación de terceros grados con control telemático o personal, y ampliar “de forma generalizada” régimenes abiertos para internos a quienes se aplica el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, a mayores de 65 años, mujeres embarazadas y enfermos crónicos.

Además de Irídia y el OSPDH, la instancia ha sido apoyada por el Institut de Drets Humans de Catalunya, la comisión de defensa del Colegio de la Abogacía de Barcelona, l'Associació de Famílies de Presos a Catalunya, l'Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans, IACTA, Justícia i Pau, el Grup de Suport Amadeu Casellas, el Grup de Suport a Persones Preses 'Fuig', la Coordinadora contra la marginació de Cornellà y el Col·lectiu Rossinyol.