El Gobierno dilata la entrega al juez de documentos desclasificados del espionaje a Aragonès

A menos de 24 horas de la primera declaración judicial de un cargo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre el espionaje a independentistas con el programa Pegasus, el juez del caso no tenía sobre su mesa los documentos que el Gobierno desclasificó sobre la infiltración en el teléfono móvil del president de la Generalitat, Pere Aragonès. Después de que elDiario.es informara de que el juez había vuelto a pedir al CNI los documentos desclasificados, los papeles han llegado al juzgado este jueves al mediodía, y justifican la infiltración en el móvil de Aragonès porque, según el CNI, era el líder “en la clandestinidad” de los CDR.

El Ejecutivo, hasta este jueves al mediodía, había enviado al magistrado el acuerdo de hace una semana del Consejo de Ministros que desclasificó tres autos del Tribunal Supremo que autorizaron la intervención total de las comunicaciones del jefe del Govern, pero no los documentos requeridos.

La exdirectora del CNI Paz Esteban está citada este viernes para comparecer como imputada en la causa que investiga el espionaje a Aragonès. Antes de su declaración, el juez Santiago García quería tener toda la información sobre la infiltración del CNI en el móvil del dirigente de ERC cuando ocupaba la vicepresidencia del Govern, en los años 2019 y 2020. De ahí la exhaustiva petición del magistrado para desclasificar documentos.

Se da la circunstancia que el Gobierno indicó que el propio CNI le aportó los tres autos, por lo que procedió a su desclasificación “con la ocultación expresa de las partes de los mismos que conduzcan al conocimiento de medios o procedimientos del CNI”. Así consta en el acuerdo del Consejo de Ministros que retiró el secreto a los documentos, al que ha tenido acceso elDiario.es.

En el acuerdo, además, el Gobierno solicita al juez que “acuerde el máximo grado de protección y reserva” a los documentos desclasificados.

La respuesta del magistrado no se ha hecho esperar. En una providencia de este miércoles, el juez constata que el CD que el Gobierno ha aportado al juzgado “solo contiene el acuerdo de desclasificación” del Consejo de Ministros y no los tres autos del Tribunal Supremo que el Ejecutivo desclasificó. Dicho acuerdo, advierte el instructor, ya le fue “adelantado por escrito” por parte de la Secretaría General Técnica del Gobierno, y ahora se reitera en el CD.

Para intentar obtener los autos de los que se ha retirado el secreto, el juez requiere ahora al CNI “que aporte los documentos cuya desclasificación se ha decretado”.

La información que ha decidido proporcionar el Gobierno se sitúa como la única línea de investigación viable del caso, toda vez que Israel, país de origen de la empresa que vende Pegasus a los Estados, ha rechazado colaborar con las investigaciones abiertas.

El Gobierno facilitó una desclasificación inédita pero incompleta sobre el espionaje a Aragonès. La retirada de reserva no alcanzó la totalidad de documentos solicitados por el juez, si bien suponía la primera vez que el Gobierno accedía a una petición de los magistrados que investigan el caso Pegasus para dejar sin efecto la reserva que, por ley, protege la actividad del CNI.

El instructor quería saber si el CNI dispone de licencia de uso del programa, si fue el centro u otro organismo el que lo compró a la empresa israelí NSO Group y qué “concretas personas” del organismo y de la firma participaron en la compraventa.

También solicitó al centro que aportara los documentos relativos al encargo, compra, instalación, pago, formación y soporte del uso de Pegasus, así como que el CNI remitiera los registros de empleo del programa espía en el móvil de Aragonès. Pero el Gobierno ha rechazado proporcionar al magistrado toda esta información ya que, según argumenta el Ejecutivo, “supondría generar un riesgo y amenaza grave, cierta y actual para la vida e integridad de las fuentes y colaboradores del CNI”.

De acceder a entregar todo lo que le pidió el juez, señala el acuerdo del Consejo de Ministros, se estaría “afectando de manera concreta a la seguridad del Estado y a la defensa nacional”, ya que la investigación se adentraría en medios técnicos del CNI que “de manera inequívoca constituyen información clasificada con el grado de secreto” que prevé la ley que regula la actividad del centro.

El Ejecutivo insiste en que no puede aportar todos los datos del espionaje reclamados por el juez porque “se pondría en evidente peligro la eficacia, las fuente de información y los medios y procedimientos operativos del CNI”, así como “la integridad física de quienes son o fueron fuentes o agentes operativos, colaboradores, o sus familiares y allegados”.

“Reconocer y desvelar la existencia de determinados medios o concretos procedimientos –ahonda la argumentación del Consejo de Ministros para negarse a retirar el secreto a todo lo que pidió el juez– perjudicaría de manera irreparable y esencial a la operatividad del CNI, produciéndose un riesgo para la seguridad de España y sus ciudadanos”.

Es más, el Ejecutivo alega que proporcionar todos los datos sobre el espionaje con Pegasus a Aragonès supondría “un riesgo para la seguridad de los aliados” con los que España “colabora estrechamente”. “Más en este contexto internacional actual de guerra en Ucrania y de incremento de las amenazas híbridas y de graves ciberataques contra los Estados y los ciudadanos”, agrega el Ejecutivo.