La inseguridad jurídica y la falta de transparencia enturbian las oposiciones al cuerpo superior de la Generalitat

Tras superar unas duras oposiciones -y al mismo tiempo criar a una niña de un año y a dos gemelos recién nacidos- Sara ya no tiene claro si quiere trabajar en la Generalitat. “Me planteo si quiero estar en una institución que padece esta falta de transparencia y valores”, asegura esta coordinadora de proyectos en el sector público, que prefiere que no se publique su apellido.

Sara es una de las aspirantes a un puesto del Cuerpo Superior de la Administración de la Generalitat de Catalunya que ha aprobado la oposición pero no tiene plaza. Después de superar cinco exámenes sobre un extenso temario en un polémico proceso que fue tildado de “falto de transparencia” por parte de la Defensora del Pueblo catalana, ella y decenas de compañeras se encuentran en un limbo: aprobadas, sin plaza, y sin que nadie les diga qué opciones tienen de poder acabar entrando en la Administración.

De las 806 personas que superaron la oposición, 760 obtuvieron una plaza y 46 aprobaron pero no obtuvieron un puesto en la Administración. La Generalitat, sin embargo, no ha previsto qué hacer con ellas: no ha habilitado una lista de funcionarios en reserva para cubrir nuevas vacantes ni les ha respondido en ningún momento a sus reiteradas peticiones de respuesta sobre qué va a ocurrir con su futuro.

“Ahora mismo estamos en un limbo”, lamenta Cristina Lirón, antropóloga social de 50 años y otra de las opositoras que ha superado la prueba y no tiene plaza. “Llevamos semanas pidiendo aclaraciones o explicaciones a la Generalitat pero no hemos obtenido respuesta”.

Los aspirantes temen que, si no se aclara su situación, todo el esfuerzo y dinero invertido -entre 5 y 10.000 euros por opositor en academias y preparadores- quede en un saco roto y deban empezar de nuevo el proceso a pesar de haberlo superado. “Me he tirado dos años sin ir de vacaciones con mis hijos”, prosigue Lirón. “El esfuerzo ha sido muy grande para ahora no saber qué harán con nosotros”.

Desde 2009 no se convocaba una oferta para estos puestos en el Govern y hubo más de 4.000 personas que se postularon para estas plazas, cuyo salario base supera los 30.000 euros a los que hay que sumar varios complementos en función de la destinación u otras variables. De esos 4.000, solo 806 aspirantes superaron un proceso que incluye temarios de derecho administrativo y constitucional, estadística, gestión económica y financiera, transparencia, contrataciones…

La indignación de estas opositoras en el limbo (el 80% son mujeres) ha sido todavía mayor al constatar que, de entre los 760 que sí fueron nombrados, unos 60 aspirantes de promoción interna no han escogido ninguna plaza de las ofrecidas por la Generalitat, ya que han preferido quedarse en su puesto. Esas plazas ofertadas no han sido solicitadas por ninguno de los que han sido nombrados funcionarios tras el acto de adjudicación de plazas.

Creen que estos puestos podrían concederse a las aspirantes que aprobaron la oposición y se han quedado en el limbo. La Generalitat, sin embargo, no les ha ofrecido estos empleos y las bases de la convocatoria tampoco prevén esta posibilidad.

“Estas plazas están sin adjudicar y pueden continuar cubiertas por interinos o proveerse de nuevo”, responden desde la Secretaría de Administración y Función Pública de la Generalitat sobre estos puestos que no han sido ocupados por los nuevos funcionarios.

Desde el Govern explican que se aprobó un Decreto Ley el pasado 8 de noviembre que permite nombrar a estos 46 aprobados en una lista de reserva de funcionarios, una actuación que sin embargo no se ha llevado a cabo. Precisan desde el Ejecutivo catalán que están pendientes de que se valide el decreto en el Parlament para poder hacer estos nombramientos, un aspecto que no está garantizado debido a la minoría en la que se encuentra actualmente el Govern de ERC en la cámara catalana.

Un Decreto Ley, además, puede aplicarse durante los primeros 30 días tras su aprobación sin necesidad de que pase por la cámara. Por esto la Síndica de Greuges solicitó el pasado 22 de noviembre a la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, que “cuanto antes mejor” tomara las medidas que posibiliten ofrecer una solución a estos opositores, una acción que no se ha llevado a cabo.

Un proceso rodeado de polémica

Este proceso de oposiciones para nombrar a altos funcionarios de la Generalitat (el mayor rango que puede tener un trabajador público en el ente) ha estado rodeado de polémica y retrasos desde su convocatoria que han supuesto decenas de quejas por parte de los aspirantes.

Si bien algunas demoras se pueden achacar a la pandemia, los afectados denuncian improvisación y falta de transparencia en los plazos y en la publicación de notas, así como en las listas de admitidos. Incluso hubo una filtración en redes sociales el pasado mayo de los resultados de la primera de las cinco pruebas que debían superarse, lo que motivó una investigación interna del propio Govern de la que no se ha sabido nada más. (El Ejecutivo catalán no ha respondido a este periódico sobre el estado de esta investigación).

La Síndica de Greuges corroboró todas estas denuncias y la pasada primavera cargó duramente contra lo sucedido en este proceso de selección de altos funcionarios. En una resolución de mayo, afeó la “inseguridad jurídica”  y la “ausencia del principio de transparencia” en la convocatoria así como el de “agilidad”. También reprochó al Govern el “coste a nivel económico, moral y personal” que se les estaba estaba causando a los aspirantes. 

La primera de las demoras afectó a la publicación de la lista definitiva de admitidos en el proceso de oposición. Entre la publicación de la lista provisional y la definitiva, que marca el inicio de la preparación para los opositores, pasaron 16 meses. En todo este periodo no hubo ningún anuncio ni nota informativa por parte del Govern que mantuviera al corriente a los aspirantes sobre el estado de la convocatoria. 

“No es admisible el desgaste que ocasiona una incertidumbre sostenida en el tiempo, que se convierte en indefinida por parte de la falta de planificación del órgano convocante”, reprochó el Síndic. 

El segundo de los retrasos ocurrió tras la celebración de las tres primeras pruebas: un test de 60 preguntas, un examen de 10 preguntas cortas y un test de competencias. Las dos primeras pruebas eran eliminatorias y si no se superaba una no se valoraba la segunda ni se podía acceder a la segunda tanda de exámenes.

Después de estas pruebas, realizadas a mediados de diciembre de 2021, los aspirantes tuvieron que esperar hasta finales mayo de 2022 para saber si la habían superado y podían presentarse a la segunda tanda de pruebas. Tampoco tenían ni idea de cuándo sería la segunda ronda de exámenes. 

“Íbamos completamente a ciegas, estudiando y sacando horas de donde fuera sin saber si serviría para algo”, explica Alicia, otra aspirante que prefiere que no se publique su apellido. Fue en ese periodo cuando la Síndica denunció la gravedad de la situación. 

Dos semanas después de la actuación de la Síndica salieron las notas y los opositores fueron convocados al siguiente examen con apenas un mes de antelación. “Nos pilló a todos por sorpresa y de golpe a correr todos después de meses esperando sin que nos informaran de nada”, se queja Sara.

Con un trastero lleno de apuntes y tras dos años hincando los codos a diario, estas opositoras se muestran hartas de un proceso que, según ellas, ha tenido un alto coste personal y familiar y no ha sido premiado. “Tenemos la sensación de que todo el esfuerzo no ha servido de nada”, lamentan. “Lo único que pedimos es que se nos conceda lo que nos hemos ganado con nuestro sacrificio”.