El juez exculpa a David Madí por la “debilidad” de su influencia con la Generalitat en favor de empresarios

El juez de Barcelona que investiga el 'caso Voloh' ha archivado la causa abierta contra el empresario y ex alto cargo de Convergència David Madí y dos empresarios más por presunto tráfico de influencias en dos operaciones empresariales sobre los VTC y la compañía Aigües de Catalunya.

Según el magistrado, “la presunta influencia que pretendía tener, no era tal”, puesto que ambos negocios no se acabaron concretando, según consta en la interlocutoria avanzada por 'El Periódico'. “A la vista del desastroso resultado de las gestiones, si se ejerció influencia, no reunió el requisito de ser al menos potencialmente idónea para alterar la voluntad de un miembro de la administración”, dice el escrito. Madí fue detenido por la Guardia Civil en octubre de 2020

Junto con Madí también fueron arrestados e investigados otros miembros del considerado 'Estado mayor' del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont por su supuesta implicación en la financiación del proceso soberanista, incluso apuntando a una posible influencia rusa.

En la interlocutoria, el magistrado Joaquín Aguirre explica que la Guardia Civil hizo seguimientos a Madí en una decena de visitas a la Generalitat entre octubre de 2019 y octubre de 2020 a las consellerías de Interior, Territorio y Empresa o a la Agencia Catalana del Agua. Algunas de estas reuniones “no constan en el registro de grupos de interés”. El magistrado recuerda que los encuentros con cargos políticos tienen que estar anotados en este registro, “cosa que no solía suceder con Madí”. En otros casos, las anotaciones son “sumamente generales”, de forma que “no cumplen el requisito de transparencia para el cual se dictó la legislación sobre grupo de interés”.

En el caso de las VTC, apunta el magistrado, la nueva licencia para estos vehículos se otorgó a una empresa competidora vinculada a ERC, cuando Madí “ejercía su ámbito de influencia más bien en la esfera del antigua CDC, actualmente JuntsxCat”. Las gestiones del que fue hombre de confianza de Artur Mas, recalca, fueron “tan deficientes” que Rafael García-Tapia, también investigado y consejero delegado de la empresa de VTC Moove, presentó al juzgado un documento por el cual Madí, a través de un representante, le exigía la cantidad de 43.650 euros, que, según parece, se le dejó a deber “ante el fracaso” de sus gestiones. El juez añade que fue “patente” durante la declaración de este directivo que “la relación entre ellos no había acabado tal como esperaba, ni había gustado”.

Las indagaciones también han alcanzado el intento de Madí, entonces presidente de Aigües de Catalunya, filial de Global Omnium, holding que tiene como empresa principal Aigües de València, para controlar Aigües de Barcelona (Agbar). En este sentido, el juez argumenta que los “términos de la declaración” del máximo directivo de Global Omnium, Eugenio Calabuig, “fueron parecidos” a los del consejero delegado de Moove y que, “a través de la consulta de registros públicos”, consta que el ex alto cargo de CDC fue cesado como presidente de Aigües de Catalunya, “de forma que la relación entre ellos acabó de la peor manera”.

El juez relata que, “ante la debilidad constatada de la influencia de Madí”, no hay que tomar declaración “a las personalidades políticas” con que se entrevistó. La resolución concreta: “No quiere decir esto que David Madí no lo intentara, pero sí que no le debían de hacer el menor caso y que tratarían la visita con una deferencia meramente protocolaria”. Este “escasísimo grado de influencia sobre los políticos”, añade el magistrado, “se desprende de la fatal finalización” de la relación entre el excargo convergente y los directivos de Movee y Aigües de Catalunya, “los cuales rompieron toda relación comercial”.

Madí también se vio vinculado a la presunta trama rusa del proceso a raíz de una conversación encontrada en el teléfono de Víctor Terradellas, que fue responsable de relaciones internacionales de CDC, y en que este hacía referencia a una supuesta ayuda, tanto económica como con personal militar, por parte de Rusia en una hipotética Catalunya independiente, así como la creación de una plataforma de criptomonedas. En su declaración ante el juez Aguirre, Madí aseguró que no dio credibilidad a las afirmaciones de Terradellas.