Una jueza investiga a la Generalitat por las plazas de interinos de larga duración en Catalunya

Una jueza de Barcelona investiga a dos altos cargos del área de Función Pública de la Generalitat de Catalunya por un delito de prevaricación relacionado con la convocatoria de procesos de selección para plazas de la administración catalana que llevan años cubiertas por personal interino.

Según fuentes jurídicas, la querella, presentada por la Plataforma d'Interins de Catalunya (PIC), ha sido admitida a trámite por la titular del juzgado de instrucción número 9 de Barcelona, que ha citado a declarar como investigadas para el próximo mes de junio a Annabel Marcos, secretaria de Administración y Función Pública, y a Pilar Sorribas, directora general de Función Pública de la Generalitat.

La querella, redactada por el abogado Andrés Maluenda y que avanza este jueves 'El Periódico de Catalunya', acusa a ambas altos cargos de acelerar los procesos selectivos para cubrir plazas de empleo público en la Generalitat –denominados PESCO– aunque llevan años ocupadas por personal eventual. Según la querella, las altos cargos convocaron los procesos selectivos para “solucionar el evidente problema existente sobre el alto porcentaje de trabajadores interinos en la administración pública”.

En opinión del letrado, esos procesos de selección son contrarios al ordenamiento nacional y europeo porque, “si bien solucionan la irregularidad del puesto de trabajo, no dan solución al interino que lo ocupa desde hace años, incluso décadas, ni mucho menos operan como sanción a dicha conducta”.

En un comunicado, la Plataforma, que forma parte de la Coordinadora Estatal de Personal Temporal (CEPPT), advierte de que la Generalitat ha actuado “en contra del ordenamiento interno y europeo”, al mantener unos concursos selectivos que estaba obligada a revocar, a sabiendas de que dichas convocatorias “eran ilícitas”.

El pasado 19 de marzo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sentenció sobre el abuso frecuente de la temporalidad que hace la Administración pública, especialmente en servicios como el sanitario. En su análisis de dos casos de interinos durante más de 12 años, el TJUE constató la existencia de abusos por la Administración española sobre estos trabajadores y dejó en manos de los tribunales nacionales determinar cuál es la sanción apropiada para sancionar esta conducta, entre las que menciona reconocerles una indemnización.