La Audiencia de Barcelona ha dado la razón al juez Joaquín Aguirre en su disputa con la Fiscalía Anticorrupción por la investigación de un negocio de petróleo vinculado supuestamente a la trama rusa del procés. Los magistrados avalan seguir con la causa abierta al director de la oficina de expresident de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, que a juicio del fiscal Fernando Maldonado carecía de “motivación lógica”.
En un auto, la sección 21ª de la Audiencia de Barcelona rechaza el recurso del fiscal para archivar la pieza separada que afectaba a Alay y concluye que, al contrario de lo pretendido por Anticorrupción, se debe investigar la operación. La decisión del juez Aguirre de investigar el negocio de petróleo “no carece precisamente de motivación” aunque la Fiscalía “no comparta sus razones”, afean los magistrados.
El juez Aguirre abrió la pieza separada a partir de un informe de la Guardia Civil sobre el teléfono de Alay, detenido en octubre del año pasado en la operación del caso Voloh, y los mensajes que se cruzó con el empresario ruso Aleksander Dmitrenko unos meses antes. Se abría así otra pieza de la macrocausa que investiga la supuesta corrupción de los líderes en la sombra del procés, la financiación de Carles Puigdemont en Waterloo y una eventual influencia rusa en el proceso soberanista.
Los mensajes se referían una compra de petróleo que una empresa china realizó a otra rusa en la que presuntamente participó Dmitrenko y de la que habló con Alay. El empresario felicita “a todos nosotros” y celebra haber recibido 295.000 dólares de garantía por la operación como “primer gran paso hecho”.
El juez Aguirre consideró que la operación podría imitar a la realizada por Rusia con empresa vinculada al político italiano Matteo Salvini y que ofrecía indicios de “no ser más que una pantalla para ocultar algún tipo de operación irregular”, como por ejemplo “la financiación ilegal de un partido político”. El fiscal en cambio valoró que el instructor iba demasiado lejos en su hipótesis de investigación y por ello pidió a la Audiencia de Barcelona archivar la pieza separada.
Según el fiscal, deducir conductas penales de los mensajes entre Alay y Dmitrenko “excede de las atribuciones de investigación que corresponde a cualquier autoridad”. Reprochó además el fiscal la “falta de motivación lógica de la investigación” y su “carácter prospectivo”. “No se indica cuáles son los posibles delitos cometidos ni las conductas penalmente relevantes”, apostilló.
La Audiencia de Barcelona da la razón al juez instructor y avala que investigue si la empresa rusa que intervino en el negocio de petróleo tiene filiales en Europa, si el dinero llegó a España y a qué cuenta corriente, además de averiguar “si Dmitrenko tiene cuentas en España y cuál es su forma de vida, residencia, trabajo e ingresos y cualquier otra diligencia que la policía judicial [la Guardia Civil] considere conveniente”.
Se trata, argumentan los magistrados, de diligencias que no son “innecesarias, inútiles ni impertinentes” al investigarse posibles delitos de malversación y tráfico de influencias. “La investigación no es prospectiva al existir sospechas de los investigados en tales delitos, a la luz de lo informado por la Policía Judicial”, apostillan.
Al contrario de lo mantenido por Anticorrupción, los jueces niegan que se produzca “indefensión material” en Alay por investigar su supuesta vinculación al negocio de petróleo. Tampoco creen los magistrados, como mantenía el fiscal, que el juez no indicara qué conductas delictivas investiga, pues creen también que el negocio es “sospechosa por constituir posiblemente una pantalla de financiación ilegal”. En consecuencia, ven necesario conocer “el destino del dinero obtenido y si llegó a España”.
“No puede descartarse –agregan los magistrados– la participación de personas del entorno próximo de Puigdemont”. Se basan en que en sus mensajes Alay comentó que el trabajo de Dmitrenko en la cuestión energética era “estratégico” y en que el empresario lograra el año pasado que la Cámara de Comercio de Barcelona, dirigida entonces por el ahora diputado de Junts Joan Canadell, lo nombrara embajador en Moscú. Dmitrenko, inversor ruso afincado en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), niega ser un agente de los servicios de inteligencia rusos, si bien el Gobierno le denegó la nacionalidad española precisamente por la sospecha de su vinculación con el antiguo KGB.