La Justicia obliga a Airbnb en Catalunya a retirar los pisos turísticos ilegales de su web
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha fallado a favor de la Generalitat y ha determinado que Airbnb debe cumplir la normativa catalana y dejar de anunciar en su portal los pisos que no consten con el número de inscripción en el Registro de Catalunya, lo que acredita su legalidad como vivienda turística. Al inicio del proceso judicial, en 2015, el Govern calculó que eran 14.000.
La sentencia especifica que Airbnb debe bloquear, suprimir o suspender definitivamente de su web o de cualquier otro portal que pueda utilizar “todo el contenido relativo a la publicidad de las empresas y de los establecimientos de alojamiento turístico localizados en Catalunya en el que no conste el número de inscripción en el Registro de Catalunya”.
El TSJC da 15 días naturales a Airbnb para cumplir con la sentencia, a la vez que le exige que dentro de este plazo aporte pruebas de su cumplimiento. Asimismo, le advierte de que, en caso contrario, se procederá a la imposición de multas coercitivas de 1.500 euros, que podrán reiterarse en períodos de un mes.
La sentencia del TSJC, que no es firme, también impone a Airbnb el pago de las costas causadas, con el límite de la cantidad de 2.000 euros para cada una.
Un portavoz de Airbnb ha explicado que esta decisión se remonta a un antiguo caso en Catalunya y que recurrirán la sentencia. La firma defiende que desde junio de 2018 su web requiere que todos los nuevos anuncios que están regulados por la Ley de Turismo en Catalunya muestren el número de registro.
“Airbnb ha sido pionera en Catalunya luchando contra los malos actores y ayudando a los anfitriones a cumplir con la regulación regional de turismo”, añade el portavoz.
En Barcelona, donde la batalla contra los pisos turísticos ha sido más visible, el consistorio llegó a un acuerdo con las principales plataformas para que todos sus usuarios –los llamados hosts– tengan que facilitar el número de licencia de vivienda turística antes de registrarse. Ello permitió que el Ayuntamiento encarrilase la batalla contra los apartamentos ilegales cerrando más de 3.000.
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