Órdenes de prisión, fianzas y embargos de viviendas: una campaña electoral a golpe de autos judiciales
Una norma no escrita siempre ha empujado a jueces y fiscales a intervenir lo mínimo en una campaña electoral. Ni autos ni detenciones que no resultasen imprescindibles durante los 15 días de mítines y actos políticos antes de la votación.
Pero claro, eso fue antes de que el Supremo imputase a la máxima autoridad de Catalunya y a su número dos en el Govern un delito de rebelión, la acusación más severa que se puede atribuir a un cargo público. Desde entonces, todo el proceso electoral en Catalunya está contaminado por el procés y sus repercusiones judiciales. Las decisiones de los tribunales se han sucedido cada día desde la pegada de carteles y han condicionado todo el debate político.
