El Gobierno tacha de “provocación” los nombramientos de consellers de Torra
El nombramiento de dos políticos independentistas presos como consellers del nuevo gobierno de Catalunya supone un nuevo desafío que vuelve a poner la pelota en el tejado de Moncloa. El Gobierno ha emitido un comunicado en el que califica de “provocación” la propuesta de nuevos consellers de Quim Torra, que incluye a Jordi Turull y Josep Rull, ambos encarcelados en la prisión de Estremera.
Anuncian además que analizarán la viabilidad del nuevo Govern: “El Gobierno de España, a través de su Secretariado, que es el único órgano competente para autorizar la publicación del decreto de nombramiento propuesto, analizará la viabilidad del nuevo Govern anunciado, dadas las circunstancias personales de algunos de los designados”.
“El presidente de la Generalitat ha desaprovechado hoy una oportunidad de demostrar su voluntad de recuperar la normalidad, ya que sus decisiones demuestran que quiere mantener una estrategia de confrontación con el Estado y con la mayoría de la sociedad catalana”, reza el comunicado de Moncloa.
El portavoz del Gobierno de Rajoy, Iñigo Méndez de Vigo, ya había advertido este viernes tras el Consejo de Ministros de que el Ejecutivo tomaría medidas si el president Quim Torra intentaba nombrar a personas en prisión como miembros de su gabinete: “Actuaremos si se hace”, dijo. “Un consejero y un ministro no puede ejercer en prisión. Es de sentido común. Factualmente no es posible”.
A pesar de las advertencias, Quim Torra ha nombrado a Jordi Turull y Josep Rull, ambos encarcelados en la prisión de Estremera y que repetirían en las carteras que ocuparon en la legislatura pasada, Presidencia y Territorio respectivamente. Torra también ha “restituido” –en el lenguaje empleado por JxCat– a Toni Comín (Salud) y a Lluis Puig (Cultura), ambos en Bélgica y con órdenes de detención en territorio español.
Méndez de Vigo aseguró en rueda de prensa que los diputados encarcelados solo podrían asumir un cargo en el Govern “si el juez les permite salir”. Además anunció que el Gobierno ha aceptado la petición del PSOE de legislar las tomas de posesión institucionales. “No existe una disposición normativa que recoja una única forma legal en la toma de posesiones para toda España”, ha reconocido. “La casuística es muy grande. Lo vamos a estudiar, pero sería una norma con rango de ley”, ha apuntado.
