La crisis económica y la austeridad han tendido a empeorarlo todo, pero también a taparlo todo. Uno de los mayores olvidos de los poderes públicos, y también una de las víctimas de los recortes, es la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Este es, por ejemplo, el caso de Catalunya y España, donde las políticas de austeridad han reducido drásticamente el presupuesto de igualdad y los recursos para luchar y prevenir la violencia de género. Estas decisiones políticas conllevan un claro recorte a los derechos de las mujeres y un aumento de la invisibilización de esta triste realidad.
La lacra de la violencia de género, lejos de desaparecer, ha empeorado en los últimos años. Según el último estudio de la Agencia Europea de Derechos Humanos, una de cada tres mujeres en la UE ha experimentado alguna forma de violencia física y/o sexual desde los 15 años, que equivale a 62 millones de mujeres, una cifra superior a toda la población de Italia. Los datos también muestran que un 22% de las mujeres que han tenido una relación de pareja han experimentado violencia física o sexual, y de éstas sólo 1 de cada 3 lo han denunciado a la policía. Además, el 43% de las mujeres en Europa han experimentado alguna forma de violencia psicológica por parte de su pareja (que incluye diversas formas de violencia como la humillación pública, las amenazas de violencia o la privación de salir a la calle). La desigualdad que enfrentan muchas mujeres y las muchas formas de violencia de género que aún persisten de forma oculta, invisibles o toleradas en la UE son el claro síntoma del largo camino que aún queda por recorrer.
Sin olvidar que seguimos sin ninguna herramienta legal a escala europea para combatir la violencia de género -Raül Romeva estuvo años en el Parlamento reclamando una Directiva Europea contra la violencia hacia las mujeres-, tenemos un instrumento internacional importante que hay que exigir que se aplique con uñas y dientes: el Convenio de Estambul del Consejo de Europa.
El Convenio es un instrumento muy importante ya que supone el primer mecanismo vinculante en Europa para “proteger, prevenir, perseguir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres”.
El Convenio reconoce esta violencia como una violación de los derechos humanos, y por lo tanto hace responsables a los Estados Miembros si no responden de manera adecuada a este tipo de violencia. En el Convenio se establecen las obligaciones de los Estados en materia de prevención, protección y persecución judicial, y consagra la obligación internacional de los Estados de Diligencia Debida para “prevenir, investigar, castigar a los que cometen el delito, proteger a las víctimas y reparar los daños”.
Este Convenio del Consejo de Europa entró en vigor el pasado mes de agosto, pero aún queda mucho trabajo por hacer. De entrada sólo 8 estados de la Unión Europea lo han ratificado (entre ellos, España), esto quiere decir que en la mayoría de estados de la UE el Convenio aún no rige.
Además, entre aquellos países que ya lo han ratificado, las medidas adoptadas para su desarrollo son todavía muy escasas. La correcta aplicación del convenio por parte de los estados que lo han ratificado sigue siendo un reto, sobre todo en aquellos estados como el nuestro donde las políticas de austeridad y la laminación del sistema de protección social están poniendo en peligro la lucha contra esta violencia.
Finalmente, este convenio no sustituye la necesidad de tener una legislación específica en materia de violencia contra las mujeres en la UE. Existe la propuesta de que la UE como institución (desde el Tratado de Lisboa tiene personalidad jurídica internacional propia y por lo tanto puede ratificar convenios internacionales) ratifique el Convenio de Estambul. Es una buena idea, siempre y cuando esto no sea la excusa para evitar que la UE se dote de un marco jurídico propio en esta materia.
La semana pasada los responsables del desarrollo del Convenio comparecieron ante la Comisión de Derechos de la Mujeres e Igualdad de Género del Parlamento Europeo para explicar los avances del Convenio y los retos que tenemos por delante. Vale la pena reconocer la labor imprescindible que en esta materia, y en tantas otras, realiza el Consejo de Europa, una organización internacional a menudo demasiado menospreciada. Este Convenio muestra cuán importante es el Consejo, en unos momentos donde se escuchan voces que quieren menospreciar su papel (los tories han propuesto que el Reino Unido se retire de la Convención de Derechos Humanos del año 50).
El Consejo de Europa, por tanto, a la vanguardia de la codificación internacional de la lucha contra la violencia hacia las mujeres, merece todo nuestro apoyo en este ámbito. Desde ICV seguiremos trabajando intensamente para que el Parlamento Europeo apoye estos esfuerzos con el objetivo de avanzar hacia el fin de la pesadilla que sufren diariamente tantas mujeres.
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