Este 18 de julio de 2017 se presenta en los juzgados de instrucción de Durango una querella por crímenes de lesa humanidad por el bombardeo sufrido en este municipio entre el 31 de marzo y el 4 de abril de 1937, por parte de la aviación del ejército italiano. La presenta el Ayuntamiento de Durango como acusación particular arropado por varias asociaciones, colectivos y personas individuales que llevan años rescatando la memoria de las personas supervivientes y exigiendo verdad, justicia y reparación por estos hechos.
La fecha escogida no responde al azar. Este 18 de julio se cumplen 81 años de un golpe militar que acabó con la II República Española y con el Estado democrático y de derecho que ésta había instaurado. 81 años del inicio de una guerra civil cruenta y una dura Dictadura posterior en que miles de personas fueron asesinadas y siguen estando en cunetas, veredas y valles de la Península a día de hoy, sin que se hayan investigado las circunstancias y juzgado los autores de estos crímenes y sin que los familiares hayan podido enterrarlas dignamente.
Fueron cientos de miles las que cruzaron las fronteras buscando el refugio y la solidaridad en países vecinos o en el otro lado del Océano. Muchas los encontraron –por fortuna– y otras encontraron el tormento de los campos de concentración nazis o de las autoridades franquistas a quienes fueron entregadas. Muchas de las que se quedaron sufrieron la tortura y/o fueron condenadas en juicios sumarísimos y sin garantías.
Durante la guerra civil, bajo petición y con aquiescencia de los militares golpistas, se bombardeó a la población civil de forma sistemática, sembrando muerte y horror al paso de unos aviones de guerra comandados por el ejército alemán e italiano –en algunos casos conjuntamente. La participación de la Aviazone Legionaria italiana es mucho menos conocida que la de la Legión Cóndor alemana, pero fue igual de demoledora que ésta.
Esa fue una de las primeras veces en la historia contemporánea en que la población civil se convertía en un objetivo en sí mismo. Concretamente su eliminación. Los perpetradores perseguían causar el terror en la retaguardia roja, minar la moral del ejército republicano y las milicias que luchaban defendiendo la República. En palabras de sus propios responsables, era necesario “extender inmediatamente el terror entre las poblaciones adversarias, destruyendo una y otra vez las ciudades, los centros, cualquier forma de vida, para someterlas a una pesadilla insostenible que les obligue a rendirse.
Se gritará contra la barbarie, contra la violación de los derechos de la humanidad. Pero no debemos dejarnos impresionar: la guerra no es ciertamente una exhibición de cortesía o de sentimientos humanitarios, lo que importa es conseguir imponer la propia voluntad“ (Francesco Pricolo, comandante de la 2ª Esquadra Aérea de la Aviazone Legionaria Italiana, 1936-1939). El Estado español se convirtió en un laboratorio de guerra donde probar su armamento y prepararse para la II Guerra Mundial, que no tardaría en estallar.
La propaganda franquista, durante la Guerra y los cuarenta años de Dictadura que le sucedieron, intentó ocultar la existencia de los bombardeos, minimizar sus consecuencias o incluso atribuirlos al ejército republicano. En los cuarenta años de democracia posteriores la situación no ha sido mucho mejor.
El bombardeo sistemático que sufrieron ciudades como Durango (o Gernika, o Barcelona o un largo etcétera) son crímenes contra la humanidad que ya eran delito en el momento en que se cometieron. Aquellos que los ordenaron y ejecutaron eran conscientes de la ilegalidad de sus actos, como se demuestra, entre otras cosas, por el hecho de usar pseudónimos u ocultar las matrículas de sus aviones.
Sigue siendo delito en la actualidad, a pesar que nuestras retinas casi se hayan acostumbrado a ver bombardeos de este tipo a través del televisor. A pesar de la responsabilidad de los países europeos en estos conflictos y en cerrar las fronteras, las puertas y los puertos a sus víctimas.
La impunidad de los crímenes de ayer es precisamente lo que permite y promueve la impunidad de los crímenes de hoy. Por eso resulta imprescindible acabar con ella. Esta querella que se presenta hoy y el procedimiento judicial que esperamos que se inicie es un paso en esa dirección. Argumentos jurídicos no faltan, razones éticas y morales tampoco.
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