Catalunya se ha levantado bien temprano con una importante dosis de excepcionalismo inoculado, vía parenteral, 6 de la madrugada. Once detenciones a lo largo del territorio, aunque pueden haber más. Varios registros exhaustivos, tres de ellos en locales abiertos al público, con actividades políticas, sociales y culturales integradas dentro de los barrios de Gracia, Sant Andreu y Poble-sec de Barcelona. Secreto de sumario. Audiencia Nacional. 400 agentes de los Mossos.
Hasta el momento la Operación Pandora no atribuye hechos concretos a los detenidos. ¿Las únicas informaciones facilitadas? Que pertenecen a un “grupo terrorista de carácter anarquista”. No se sabe si preparaban atentados de algún tipo, no hay hipótesis posibles. En los últimos tiempos no recordamos ninguno. La operación policial es espectacular por su magnitud, por el carácter de las imputaciones, por la falta de información y por la denuncia de la ideología de los detenidos como indicio criminal.
Ya lo decía el célebre Lombroso en su obra clásica Los Anarquistas (1894), todavía venerada en las facultades de derecho catalanas: “De aquí que sean los autores más activos de la idea anárquica (salvo poquísimas excepciones), locos o criminales, y muchas veces ambas cosas a la vez”. La persecución de la disidencia política ha sido desde siempre punta de lanza del sistema de justicia del Estado español. Rabiosa actualidad durante esta semana, en la que paralelamente al realismo de Pandora conocemos un conjunto de medidas represivas que darán mucho que hablar.
La reciente aprobación en el congreso de la Ley de Seguridad Ciudadana -aunque pendiente del Senado-, supone uno de los mayores retrocesos en materia de derechos y libertades de la joven historia democrática de este país. Comienza con ésta una batería de medidas de carácter represivo, ya anunciadas, en materia de orden y seguridad. Entre ellas destacan la ya aprobada ley de seguridad privada -con competencia a partir de ahora para reprimir manifestaciones-, el proyecto de reforma de Código Penal que podría incluir por primera vez España en la lista de países con pena de prisión permanente, así como la polémica reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal -legitimando escuchas telefónicas prohibidas hasta ahora-.
Son tiempos de ser osados. Podemos decir que las reformas de la mayoría absoluta del PP proponen una modificación estructural del sistema penal en que se difuminan los más elementales rasgos diferenciales entre los sistemas legislativos democráticos de los autoritarios: la separación del derecho y la moral, la aceptación de la diversidad y los límites del poder punitivo.
Por otra parte, contrariamente al dogma jurídico-político que España es un país de tradición constitucional progresista dentro del marco europeo, lo cierto es que el sistema actual ya contempla uno de los códigos penales más punitivos -con penas de hasta 40 años de cárcel-, el abuso de instancias excepcionales como la Audiencia Nacional y los más de 2.000 cuerpos policiales con una ratio policía/habitante de 4,86/1.000, muy por encima del resto del entorno europeo.
Si bien todo ello no es demasiado nuevo, Pandora incluido, sí lo es el salto cualitativo planteado por el Gobierno con la reforma de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana -conocida como Ley Mordaza-, que plantea una reducción importante de las garantías de defensa los ciudadanos en pro de la potestad sancionadora de los agentes de la autoridad.
Entre las reformas más polémicas introducen numerosas infracciones administrativas, con el gobierno como juez y parte, que antes se sometían al control judicial penal. Entre ellas, destacan la ocupación de inmuebles, el impedimento de desahucios, las manifestaciones ante instituciones parlamentarias, la grabación y difusión de la actuación policial, o manifestarse en infraestructuras de servicios públicos, todas ellas sancionadas con cuantiosas multas, de hasta 600.000 euros las más graves.
Llueve sobre mojado. Las controvertidas reformas llegan en un curso en el que sobre el Gobierno español pesan las 14 muertes de inmigrantes en la playa de Ceuta y las “devoluciones en caliente”, la continuación de los procesos en la Audiencia Nacional -esta semana conocíamos la detención de Jone Amezaga, encarcelada en Madrid para colgar una pancarta en Guernika- y las cuestiones planteadas por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ante las que España deberá someterse a examen durante julio de 2015.
El excepcionalismo represivo avanza si no se le combate. El fin de ETA parecía un pretexto para la normalización democrática, policial y judicial, pero de momento ni está ni se le espera. La sociedad civil, por alusiones, convocará a una marcha este sábado en Barcelona en el marco de una campaña estatal, en respuesta a la Ley Mordaza y el desafío ante el recorte de derechos y libertades ciudadanas. De la respuesta colectiva dependerá nuevamente que España deje la vanguardia represiva y se sitúe en la defensa de los derechos y las libertades de las personas.
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