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Las personas migrantes que no importan (ante el 20-D)

Andrés García Berrio

Abogado del Colectivo Arrels y miembro de Irídia - Centro por la Defensa de los Derechos Humanos —

El próximo domingo estamos convocados a ejercer uno de los derechos más elementales que ostentamos como ciudadanos, el derecho al voto de nuestros representantes políticos en el Congreso y en el Senado. Sin embargo, aproximadamente el 10% de la población está privada del derecho al voto. Aproximadamente 4 millones de personas extranjeras (la mayor parte con la situación regularizada) que residen y trabajan en el Estado Español de nuevo no podrán votar en unas elecciones.

Casi tan preocupante como el hecho de que haya una parte de la ciudadanía que está privada de uno de los derechos fundamentales más básicos, lo es el hecho de que elección tras elección dicha circunstancia permanezca invisibilizada y no problematizada.

En el Estado Español el derecho al voto así como el derecho a presentarse a las elecciones está ligado con la posesión de la nacionalidad española. Las personas extranjeras que cuentan con la situación regularizada tan sólo pueden votar en las elecciones municipales, pero no así en las elecciones autonómicas o generales. Y en las elecciones municipales su derecho al voto está condicionado a que el país de origen haya firmado un Acuerdo Internacional con el Estado Español de reciprocidad.

En la práctica nos encontramos con diferentes consecuencias de la dicha concepción de los derechos políticos:

Por un lado, cabe destacar que una gran parte de la población queda apartada del sistema político al no poder incidir a través del voto en el mismo. Estamos hablando de personas que en muchos casos llevan viviendo 5, 8 o 10 años en el Estado Español que no han logrado la nacionalidad o que incluso cayeron en una posición de irregularidad sobrevenida debido a la situación del mercado del trabajo (y la conexión entre este y los permisos de residencia y trabajo). Naturalizar que un sector tan numeroso de la población tenga sus derechos políticos coartados es altamente preocupante. Asimismo, que sigamos hablando de que dichas personas son migrantes, cuando hace años que realizaron su tránsito migrante, también lo es.

Por otro lado, y como consecuencia directa de dicha exclusión política, en las campañas políticas se ha hablado de derechos sociales, de economía, de educación, etc. ¿Pero cuáles son las promesas en política migratoria y de igualdad de derechos?

Cabe destacar que en este ámbito se producen tres fenómenos.

Por un lado, el uso del discurso xenófobo para ganar votos. Dicho discurso por un lado contenta a una parte de la población (que ve con buenos ojos el mismo) que goza de los derechos políticos en detrimento directo de otra parte de la población que no los tiene o que los tiene de manera minoritaria (las personas que tras un tránsito migrante adquirieron la nacionalidad). Cabe destacar que en ésta campaña electoral, a pesar de la deriva ultraderechista europea, el discurso xenófobo no ha sido una de las principales armas arrojadizas. Dicha situación puede deberse, por un lado, a que se está produciendo un decrecimiento de la población extranjera en el Estado Español así como la conversión del mismo en un país emisor de migración. Por otro lado, puede deberse al fuerte papel desempeñado por movimientos y organizaciones sociales que en los últimos años han trabajado para replegar un fuerte apoyo a medidas como el cierre de los CIEs o que han movilizado a la ciudadanía hacia un apoyo, al menos en la teoría, a las refugiadas tras la crisis de este pasado verano.

El segundo fenómeno que cabe observar es la falta de propuestas de cambio en los programas de los partidos políticos clásicos. En unas elecciones en las que los partidos clásicos parecen estar mutando sus discursos profundizando en su aspecto más social, así como dicha mutación de la política clásica ha llevado a la creación de un marca blanca de la misma llamada Ciudadanos, ni una palabra de cambio real respecto a los derechos de la población migrante en los mismos. Al menos tanto el PSOE como Ciudadanos recogen la prohibición de las devoluciones en caliente en la Frontera Sur. Sin embargo, nada respecto al cierre de los CIEs, más allá de plantear de manera general que van a respetar sus derechos. Por otro lado, el PSOE defiende, gracias al trabajo de años, recuperar la sanidad universal, también para las personas migrantes. No así Ciudadanos. Y el PP, promete continuar en la misma línea sin dedicarle espacio en el programa y con el Sr Fernandez Díaz como cabeza de lista por Barcelona.

El tercer fenómeno tiene que ver con la irrupción de medidas que llevan siendo reclamadas desde hace años por organizaciones migrantes, de derechos humanos y sociales en los programas de Podemos e IU. Por fin el cierre de los CIEs es asumido sin complejos en unas elecciones de ámbito estatal. Asimismo en ambos programas, sobre todo en el de la fuerza morada, se atisba la propuesta de una fuerte reforma de la legislación de extranjería que tendría que ver con la ampliación de los derechos políticos de las personas migrantes, el recorte de los plazos para la adquisición de la nacionalidad, la flexibilización para que lleven a cabo procesos de reagrupación familiar así como la desconexión del contrato de trabajo para acceder al permiso de residencia por arraigo social. Sin embargo, cabe destacar que prácticamente en ningún acto político se ha hecho alarde de dicha parte del programa en ninguno de los dos partidos. Cierto es que algunas personas sí que lo han hecho, pero sin embargo sigue siendo una cuestión de segundo orden en términos generales.

Cabe destacar que a pesar de que estamos muy lejos de generar un proceso de equiparación de derechos civiles y políticos así como de erradicación del racismo en nuestra sociedad, vamos avanzando. Uno lo tiene claro cuando comparte nuestras realidades y victorias con defensores de derechos de otros países de la Unión Europea. Hemos avanzado y hemos de reconocérnoslo. Lucharemos para que en la siguiente legislatura, al menos, logremos cerrar los CIEs; reestablecer la legalidad en la frontera Sur; generar vías legales y seguras de entrada y de petición de asilo; restablecer la sanidad universal; y abrir el melón de la ley de extranjería para, como mínimo, flexibilizar los criterios de acceso a la nacionalidad y al permiso de residencia. Eso sí, todo ello sin perder de vista el horizonte de fondo que tiene que ver con una lucha integral por los derechos civiles y políticos de toda la población que durará años.

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