El actual Gobierno de Barcelona ha empezado a tomar unas medidas sobre el turismo que, tal y como anunció durante la campaña electoral, denotan un cambio en la manera de afrontar sus consecuencias. Poco después de la toma de posesión, el Gobierno ejecutó una moratoria de un año sobre las licencias turísticas en la ciudad con el compromiso de volver a pensar conjuntamente y redefinir el modelo turístico, y hace unos días presentaba tres medidas sobre los pisos turísticos que ya se han puesto en práctica como una prueba piloto en el céntrico distrito de Ciutat Vella. Son, y no necesariamente por este orden, las siguientes: una campaña de sensibilización de los turistas sobre la posible ilegalidad de sus estancias, el requerimiento a las plataformas que ofrecen apartamentos en la red de informar detalladamente al Ayuntamiento cuáles no tienen su situación regularizada, y ofrecer la opción a los propietarios de pisos con expedientes abiertos de reducir su multa a cambio de cederlos para alquileres sociales. Son primeros pasos, discretos pero firmes, para ir completando una nueva manera de entender el turismo.
Tanto los gobiernos tripartitos, bipartitos como monocolores de la ciudad se habían acercado al fenómeno turístico desde el punto de vista de la oportunidad capitalista de desarrollo de un negocio que debía situar Barcelona en lo alto de las ciudades modernas y atractivas. Para llevar a cabo este plan era necesario, ciertamente, acercarse exclusivamente desde esta lógica y medirlo en base a criterios que ignoran la población de manera sistemática. Las consecuencias en el ecosistema objeto de explotación y los criterios de sostenibilidad ecológica y humana han sido desterrados durante el par de décadas en las que el turismo ha sido prácticamente la única opción institucional para el desarrollo económico de la ciudad.
Las tres medidas a las que hacemos referencia tienen el objetivo final de garantizar la inclusión de los pisos destinados actualmente en uso turístico de manera irregular en el parque de viviendas públicas, y junto con la moratoria marcan un primer punto de inflexión en el modo anterior de entender Barcelona, que bien podríamos caricaturizar como “todo por la ciudad pero sin la ciudad”. Empieza a terminar la política de la promoción de un logo (frágil y refrescante) y se inicia el mandato de desbordarlo, llenarlo contenido ciudadano (colectivo y contradictorio).
La campaña de sensibilización de los turistas
Consiste en el reparto a turistas de octavillas en las que se les explica que pueden estar pasando las vacaciones en un alojamiento ilegal, sus consecuencias en los barrios, como detectarlo y cómo hacerlo saber a la administración. Esta es la primera vez que el Ayuntamiento no trata el turista como simple consumidor sino como ciudadano y se le responsabiliza de la deriva del turismo sobre los barrios que ha venido a visitar. Cuando el turista acepta hospedarse en un piso ilegal colabora en la destrucción del tejido que ha construido la singularidad humana, comercial y cultural de Barcelona. El actual consistorio ya no trata el turista como el niño a quien hacer feliz para que gaste, sino como el adulto responsable del destino donde ha elegido disfrutar de sus días de vacaciones.
Las informaciones que hagan llegar los turistas serán tratadas por el cuerpo de inspectores e inspectoras para darles su curso habitual.
Censo de la oferta en línea
La siguiente medida es una petición formal a las plataformas que ofrecen estancias inolvidables en Barcelona a través de internet para que informen de su oferta de pisos no regularizados en un plazo de tiempo determinado. Su respuesta permitiría acceder a un censo hasta ahora desconocido en la ciudad. Con este listado en la mano el Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona buscará cómo darles salidas para revertir el estado de la política habitacional en la ciudad. La solución seguramente será similar a la que explicaremos en la siguiente medida, que busca el mecanismo para aumentar el parque de viviendas públicas en la ciudad. En este sentido, se pone de manifiesto la voluntad de superar la coerción buscando soluciones colectivas para problemas sociales. Este es el cambio de modelo.
Pisos turísticos para uso social
La última medida consiste en ofrecer a los propietarios de los pisos turísticos sin regular con expedientes abiertos, la posibilidad de condonar el 80% de la multa si ponen este piso a disposición de la bolsa de alquiler social del Ayuntamiento. Los más de 300 expedientes abiertos a día de hoy en el Ayuntamiento tienen fecha del mandato de CiU, que sólo supo (o quiso) hacer frente a las quejas del vecindario de la Barceloneta incrementando las inspecciones. Esta fue una medida imprescindible (y seguramente aún lo es), pero se demostró inefectiva por incompleta. Además ha provocado el incremento de oferta en barrios menos “inspeccionados”.
La ciudad de Barcelona sufre un déficit alarmante de viviendas públicas, hasta el punto de que hay decenas de personas y familias con un piso adjudicado por las diversas mesas de emergencia locales que hace meses que esperan. Disponer de alguno de estos pisos en Ciutat Vella aliviaría considerablemente la presión con la que viven esta situación los técnicos y las técnicas de los Servicios Sociales, podría garantizar el derecho a la vivienda de personas en situaciones de vulnerabilidad y garantizaría una temprana y modestísima repoblación de algunos barrios. Esta propuesta va un paso más allá de la simple coerción económica, que por sí misma no es garantía para revertir la situación, corresponsabiliza los dueños de la situación habitacional de la ciudad, y sitúa el irrenunciable derecho a la vivienda en el principio de las medidas que persiguen su uso ilícito. Nunca ningún gobierno había propuesto que los espacios de los turistas pudieran convertirse en espacios contra la exclusión social.
La democracia ante el “libre mercado”
El nuevo Consistorio barcelonés, pues, lejos de quedarse en la cómoda crítica del monocultivo de la actividad turística en la economía de la ciudad, se ha puesto manos a la obra en los objetivos de detectar más pisos turísticos y de hacer frente a las consecuencias que provoca en la vida diaria de los vecinos y las vecinas de los barrios más golosos para la industria y que son objeto de la saturación y la especulación de sus calles, plazas y monumentos. Para hacerle frente ha emprendido el camino de revertir en mejoras sociales sus efectos perniciosos.
El conjunto de medidas que hemos mencionado son posibilistas y nada radicales y, como decíamos al principio, forman parte de los primeros pasos de un gobierno joven frente el turismo masivo. Unos pasos que marcan un antes y un después en la manera de hacerle frente y en la forma y la actitud como el Ayuntamiento habla a una parte de la industria turística, la que despertó la ira de los vecinos el verano pasado.
Sin embargo, estas medidas no son suficientes ni los pisos turísticos ilegales son el único problema. Habrá dosis importantes de tenacidad, valentía e imaginación para desarrollarlas y complementarlas con otras que sean propositivas y no reactivas. Habrá que seguir interlocutando con el organizadísimo sector hotelero e incrementar las inspecciones, redefinir los usos de la recaudación de la tasa turística, trabajar intensamente durante el año que la moratoria de usos turísticos esté vigente, auditar la calidad y la cantidad real del trabajo generado por la industria del turismo y el volumen de los beneficios que revierte a la ciudad ya sus vecinos y vecinas, etc. Pero sobre todo hay que hacer lo que ya se ha empezado a hacer: dejar de tratar el fenómeno exclusivamente desde el punto de vista del negocio y el interés de la ciudad como marca y acercarse desde las ópticas ambiental y social. Dejar de actuar tomando como base la falacia del libre mercado y ponerle de frente la democracia.
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