La Audiencia de Barcelona ordena investigar si tres guardias civiles detuvieron ilegalmente a un votante el 1-O
La Audiencia Provincial de Barcelona ha ordenado citar como imputados a tres guardias civiles por un presunto delito de detención ilegal a un votante el 1-O en el pueblo de Fonollosa (Barcelona). En un auto, las magistradas de la sección 5a –la misma que criticó la actuación policial la semana pasada– revocan la decisión de la jueza instructora de Manresa de negar la petición del joven para investigar a los agentes que lo esposaron, a su juicio sin motivo, el día del referéndum.
A diferencia de su censura de la pasada semana a la actuación de la Guardia Civil en Sant Joan de Vilatorrada, las magistradas de la Audiencia de Barcelona avalan la intervención policial en su conjunto en Fonollosa, salvo esta posible detención ilegal. “La actuación fue proporcionada y no se dirigió a menoscabar, intencionadamente, la integridad física de los denunciantes”, zanjan las tres magistradas.
Destacan las magistradas que, a diferencia de Sant Joan de Vilatorrada, ningún agente usó la porra y que se limitaron a retirar a los votantes concentrados en la puerta del ayuntamiento. Por ello rechazan investigar los posibles delitos de hurto y contra los derechos de las personas y la inviolabilidad domiciliaria que denunciaron los votantes lesionados del pueblo de Fonollosa.
No obstante, las magistradas sí ven necesario aclarar la detención del joven, que fue liberado después de que los agentes intervinieran el material electoral en el colegio. Para ello ordenan que declaren como investigados tres guardias civiles, que fueron denunciados por el joven por haberlo detenido “sin haber sido informado de sus derechos”.
En los vídeos incorporados a la causa, se observa que el joven detenido “se abalanzó sobre un grupo de agentes que procedían a la reducción de otro ciudadano”, relatan las magistradas en un auto avanzado por El Punt Avui y al que ha tenido acceso este diario.
Ahora bien, las juezas destacan que “se desconoce” si le pusieron las esposas “como consecuencia de una detención formal por la presunta perpetración de un delito o una mera retención cuya justificación pudiera resultar cuestionable”, por lo que ordenan a la instructora interrogar a los tres agentes como investigados para “esclarecer” los hechos.
