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CATALUNYA

La Guardia Civil registra varias empresas en una operación contra la financiación ilegal de Convergència

Se han registrado ocho empresas y 13 despachos profesionales de Barcelona, Lleida, Bizkaia y Sevilla, y se han requerido 10 expedientes de las obras bajo sospecha

La investigación busca acreditar que las firmas acordaron precios de obras públicas con dirigentes de la administración catalana.

Los investigadores no descartan identificar un ente o persona política superior que coordinara las instrucciones para financiar ilegalmente a CDC

Un agente de la Guardia Civil.

Un agente de la Guardia Civil

La causa del 3% de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) tiene un apéndice. La Guardia Civil, por orden del juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso, ha lanzado este martes una operación en ocho empresas de toda España y dos sedes de organismos de la Generalitat en busca de documentación que pruebe que las firmas acordaron precios de obras públicas con dirigentes de la administración catalana. La investigación nació a partir del caso del 3%. 

Según fuentes cercanas al caso, se trataría de un acuerdo entre empresas privadas y firmas del sector público catalán por el que se pactaban normas o directrices a seguir en la licitación de contratos con el objetivo de excluir a las firmas que no formaran parte del cartel, todo ello mediante la alteración de las ofertas. Las mismas fuentes apuntan además a que se busca acreditar el direccionamiento de la empresa de licitación de obra pública de la Generalitat, Infraestructures.cat, de algunos expedientes de contratación entre los empresarios y exdirigentes de CDC como Andreu Viloca o Germà Gordó. 

Todo nació a partir de varios correos electrónicos incautados en Infraestructures.cat en una de las operaciones contra el 3% de octubre de 2015. Dicho correo, enviado por una cuenta llamada "Núria Bofill" y con copia a varios empresarios, mencionaba un pacto entre empresas privadas y públicas para alterar las ofertas de obra pública, pactar precios y excluir a la competencia. Los investigadores creen que "Núria Bofill" sería el nombre en clave del pacto entre empresarios y políticos para repartirse adjudicaciones de obras limitando la libre competencia.

En paralelo a este supuesto cartel, se investigan amaños de contratos en el seno de Infraestructures.cat a partir de otros correos electrónicos que expondrían irregularidades cometidas por los exdirectivos Joan Lluís Quer y Josep Antoni Rosell, imputados en el 3% desde el inicio de la causa. En este sentido, el correo indicaría la articulación de un sistema de baremos de los criterios de valoración de puntos en los concursos para adjudicar contratos ponderando a favor de la oferta técnica (subjetiva y más proclive al amaño) en detrimento de la oferta económica. También se busca acreditar que se estableció un sistema de control de la media de las ofertas para excluir a las empresas que no formaban parte del pacto.

Los investigadores no descartan identificar mediante esta operación un ente o una persona superior que coordinara las instrucciones para direccionar los contratos públicos con el objetivo de financiar ilegalmente a Convergència. 

La Guardia Civil está llevando a cabo un operativo este martes en Barcelona por el que se ha presentado en las sedes de Infraestructures (GISA) y la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) para reclamar documentación. Se trata de un actuación en el marco de la investigación de la supuesta trama de corrupción de Convergència conocida como "caso 3%", en la que se busca si hubo adjudicaciones manipuladas desde la Generalitat.

En conjunto, según ha informado la Guardia Civil, hay un total de 15 personas investigadas por varios delitos contra la administración pública. Se han registrado un total de ocho empresas y 13 despachos profesionales de Barcelona, Lleida, Bizkaia y Sevilla, y se han requerido los 10 expedientes de las obras bajo sospecha a la Autoridad Catalana de la Competencia y a Infraestructures.cat.

El magistrado de la Audiencia Nacional que investiga el 3%, José de la Mata, mantiene investigadas a una veintena de personas entre expolíticos y extesoreros de CDC, como Gordó, Viloca, Antoni Vives o Daniel Osàcar, y también tiene imputados a Convergència y al PDeCAT. 

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