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Torrent denuncia ante la ONU la “vulneración de derechos políticos” de diputados del Parlament

Torrent ha acudido a Ginebra para llevar a la ONU la "vulneración de derechos" por parte del Estado

Arturo Puente

El presidente del Parlament ha llevado este miércoles ante la oficina del Alto Comisionado de la ONU su denuncia por lo que considera una “vulneración de los derechos políticos” de diversos diputados de la Cámara que preside. Roger Torrent ha trasladado esta preocupación en la reunión que ha mantenido en Ginebra con Mona Rishmawi, responsable del departamento de Estado de Derecho, Igualdad y No Discriminación del Alto Comisionado.

Torrent ha pedido ante la entidad “implicación internacional” para defender estos derechos que estima vulnerados. “En Catalunya se vive un proceso de ataque sistemático contra el ejercicio de la participación política en el Parlament. Debemos defender los derechos de participación política del conjunto de los diputados, porque es la forma de defender los derechos de la ciudadanía”, ha considerado el presidente tras la reunión.

Respecto a la reunión con Rishmawi, Torrent ha asegurado salir “muy satisfecho”. “Ha habido una gran recepción a nuestros planteamientos y una comprensión total con nuestras demandas”, ha indicado. Además de ayuda para paliar las que considera violaciones de derechos humanos, Torrent ha reclamado a la ONU implicación para buscar “una solución política para un problema que es político”.

Además del encuentro con la delegada del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Torrent tiene en su agenda entrevistarse con más entidades que trabajan internacionalmente en defensa de los derechos humanos. El presidente del Parlament ha viajado a Ginebra la semana después de que el magistrado del Supremo, Pablo Llarena, dictara una resolución que negaba al candidato a la investidura, Jordi Sànchez, el derecho a ser votado president de la Generalitat.

El independentismo considera que el Tribunal Supremo violó con aquel auto unas medidas cautelares que la ONU habría instado a adoptar al Estado español en defensa de los derechos políticos de Sànchez. La oposición, contrariamente, considera que la comunicación de las Naciones Unidas era un mero acuse de recibo de la denuncia de Sànchez.

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