El Consell de Garanties dictamina que la reforma para poder investir a Puigdemont es ilegal
La reforma de la ley de presidencia impulsada por JxCat para tratar de investir a Carles Puigdemont a distancia ha recibido este jueves el varapalo del Consell de Garanties Estatutàries (CGE), el llamado Tribunal Constitucional catalán. El organismo consultivo ha emitido un dictamen en el que, por unanimidad, considera que la modificación del artículo 4.2 de la ley que propone el grupo independentista no es compatible con el reglamento del Parlament.
En síntesis, el Consell dictamina que el nuevo párrafo que quería incluir JxCat a la ley de la presidencia de la Generalitat para permitir la investidura a distancia de Puigdemont “regula una materia que está reservada al reglamento del Parlament”. Y no sólo es una cuestión de forma. El CGE concluye que el de investidura es un debate “de naturaleza esencialmente personal y presencial”.
De aprobarse, tal y como pretende JxCat, la norma por lectura única –un trámite de urgencia– se estarían vulnerando derechos políticos de la oposición recogidos en el Estatut y la Constitución. El Consell recuerda que la ley de la presidencia es una norma de desarrollo “nuclear” y “básico” del Estatut, por lo que su modificación por la vía exprés es “contradictorio” con el carácter “excepcional, abreviado y simplificado del procedimiento de lectura única”.
“La lectura única no supone una opción adecuada en casos de elevada sensibilidad social o política en materias donde hay una evidente falta de consenso mínimo entre las fuerzas parlamentarias”, recuerda el CGE. Todo un varapalo a JxCat.
A juicio del Consell, la posibilidad de que el candidato a president pueda exponer su programa “por escrito o por cualquier otro medio previsto en el reglamento” supone modificar por la puerta de atrás el reglamento del Parlament, que exige la asistencia de los diputados a los debates y votaciones, también la de investidura. La investidura no presencial sólo sería válida, según el CGE, “si el Parlament mismo introdujera su regulación correspondiente en el reglamento”. Es decir, cambiando el reglamento, no la ley de la presidencia.
JxCat registró el pasado 9 de febrero una propuesta de modificación de la ley de presidencia para habilitar la investidura en caso de “ausencia, enfermedad o impedimento” del candidato. Según esta reforma, un presidenciable podría presentar su programa de Govern ante la Cámara por escrito si se diesen unas determinadas circunstancias. El texto estaba claramente destinado a permitir un debate de investidura de Puigdemont.
Los impulsores de la reforma deseaban, en primer lugar, sortear las medidas cautelares impuestas por el Tribunal Constitucional a la candidatura del president cesado, que le obligaba de hecho a entregarse a las autoridades judiciales españolas para intentar ser investido. Pero, además, trataba de blindar legalmente una eventual investidura de Puigdemont que fuera recurrida ante el Alto Tribunal.
En su momento los letrados del Parlament avalaron la capacidad de la Cámara para modificar la ley de la presidencia en lo relativo a la investidura, al considerar competente al legislativo catalán. Ahora bien, también advirtieron del veto impuesto por el Constitucional tanto a la investidura del candidato de JxCat como a cualquier acto encaminado a ese propósito, por lo que aseguraron que la tramitación de la norma podría ser considerado un acto de desobediencia.
Con la emisión del dictamen, la reforma de la ley de la presidencia cumple un nuevo trámite. Ahora se abre el plazo para que los grupos parlamentarios presenten enmiendas a la norma. Tienen tiempo hasta el próximo 3 de mayo. El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha convocado un pleno para el próximo jueves en cuyo orden del día incluye la reforma de JxCat.
