Doce años ha tardado en llegar a juicio el caso Adigsa, el 3% que denunció Pasqual Maragall. Lo ha hecho de forma descafeinada tras el pacto con la Fiscalía de seis de los siete acusados (excargos del Govern de Jordi Pujol y empresarios) para que devuelvan el dinero defraudado a cambio de evitar la cárcel. El único encausado que no se ha sumado al pacto, el empresario arrepentido José Antonio Salguero, ha disparado sin munición hacia Convergència. Ha asegurado que parte de las comisiones terminaron en el partido, aunque no ha aportado ninguna prueba para sustentarlo.
El resto de acusados han confirmado ante el tribunal este martes su acuerdo con la Fiscalía, por el que a cambio de evitar la cárcel se comprometen a devolver el dinero defraudado y aceptan ser autores, inductores o cooperadores de los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y falsedad en documento oficial.
El exconsejero delegado de la empresa pública de vivienda, Adigsa, Josep Antoni Fontdevila, y el conseguidor Josep Maria Penin, pariente lejano del entonces conseller de Política Territorial, Felip Puig, devolverán a las arcas públicas 28.895 euros defraudados. Penin ha reconocido que recibió de Adigsa cerca de 4.000 euros al mes en 2003 a cambio de trabajos de tasación ficticios o que no se usaron.
Además, Penin y el resto de cargos de Pujol y empresarios han admitido que hincharon un 15% el coste de las obras de un plan de viviendas para jóvenes promovidos por Adigsa, por el que deberán devolver a la Generalitat más de 120.000 euros de forma solidaria.
En su declaración ante el tribunal, Salguero ha elevado el porcentaje de la comisión del 15 al 20%. Asimismo, ha asegurado que el dinero de las comisiones “iba para CiU” y que alertó a Felip Puig y Artur Mas del pufo pero que ambos políticos no le hicieron caso. En este sentido, ha asegurado que mantuvo una reunión con el exdiputado de CiU exculpado de la causa, Ferran Falcó, en la que le conminó a no tirar de la manta.
Pese a las afirmaciones de Salguero, la investigación del caso no ha podido desvelar que el dinero terminara en el partido, como sí ocurre en el caso Palau, ni un sistema generalizado de cobro de comisiones en la Generalitat pujolista. Tampoco ha llegado a juicio ningún político de Convergència.
El caso Adigsa sí salpicó por completo a CDC durante su fase de instrucción. La magistrada del TSJC, Núria Bassols, exculpó del caso al exdiputado convergente, Ferran Falcó, en 2013. Pocos meses después, Bassols fue fichada por el Govern de Artur Mas como responsable de Transparencia.
Según un informe del actual caso del 3% que investiga el juez de El Vendrell, el marido de la magistrada, el empresario Josep Manel Bassols (detenido dos veces en la causa), contactó con Mas y Germà Gordó para que la colocaran en el Govern. Actualmente, la jueza Bassols ha vuelto al TSJC, aunque no se encarga de causas penales y se ha pedido su traslado a la sala de lo contencioso administrativo.