La Fiscalía se opone a que un jurado popular barcelonés juzgue a altos cargos y empresarios imputados por el 1-O
La Audiencia de Barcelona ya tiene todos los argumentos sobre la mesa para decidir si empresarios y altos cargos de la Generalitat imputados por los preparativos del 1-O deben ser juzgados por un jurado popular o un tribunal de tres magistrados. La Fiscalía y la Abogacía del Estado se han opuesto a la petición de trece de los 41 imputados por el juzgado de instrucción 13 para que la causa de los preparativos del 1-O se juzgue mediante la fórmula del jurado popular.
Los imputados hicieron la petición a la Audiencia al recurrir el auto del pasado mes de octubre del juez Juan Antonio Ramírez –fallecido a principios de noviembre– que confirmaba que la causa de los preparativos del 1-O pasaba a tramitarse mediante el procedimiento del sumario, al incluir una posible malversación de más de 250.000 euros en el referéndum así como los posibles delitos de desobediencia, revelación de secretos y prevaricación. Los imputados alegaron que el juez no motivó de forma individualizada los indicios de cada delito y que les atribuyó “de forma genérica” el delito de prevaricación.
La clave para que sea un tribunal de jueces o uno popular el que enjuicie los preparativos del 1-O es el delito de prevaricación y su conexión con el resto de delitos investigados en la causa. Y es que si los imputados terminan procesados por prevaricación (dictar una resolución arbitraria a sabiendas), serán juzgados por tres magistrados. Pero si logran zafarse de este delito y sentarse en el banquillo por malversación, lo harán frente a un jurado.
En concreto, empresarios de Unipost imputados por el envío de sobres y papeletas y exasesores y exaltos cargos investigados expusieron que el juez no les atribuyó ningún hecho prevaricador. En cualquier caso, añadieron, ellos no firmaron ningún documento administrativo a sabiendas de su ilegalidad –como por ejemplo podría ser el decreto de convocatoria del referéndum.
La Fiscalía discrepa y pide a la Audiencia de Barcelona que la causa siga su tramitación para juzgarse en un tribunal de magistrados. Argumenta la fiscal que los indicios del delito de prevaricación se encuentran “íntimamente unidos” con la malversación y el resto de delitos de la causa, habida cuenta de que para poder gastar dinero público en el referéndum “se requiere” un acto administrativo que lo autorice.
“Sin ánimo de ser exhaustivo”, la fiscal enumera en su escrito varias resoluciones que, a su juicio, fundamentan el delito de malversación. Sin embargo, no incluye ninguna relacionada con la empresa Unipost –cuyos responsables han pedido ser juzgados por un jurado al rechazar la prevaricación– ni con las conselleries de los altos cargos que recurrieron el auto de Ramírez Sunyer.
Para la Fiscalía y la Abogacía del Estado, los indicios de la prevaricación se basan en el convenio de febrero de 2017 que firmaron el instituto de estadística catalán, el Idescat, y los secretarios generales de las conselleries de Vicepresidencia y Economía, Exteriores y Gobernación, considerado el embrión del censo del 1-O.
En este sentido, en el sumario de la causa se ha incorporado un informe del gabinete jurídico de la Generalitat que certifica que el Idescat congeló en vísperas del 1-O un nuevo envío de datos de población al departamento de Vicepresidencia y Economía, que estaba previsto en el citado convenio de febrero, debido al “clima político” una vez el Constitucional suspendió el referéndum. El informe concluye que no hay indicios de que el director del Idescat, Francesc Udina, imputado por participar en la preparación del 1-O, haya perpetrado los delitos por los que se le investiga ni “cometido ningún hecho delictivo”.
Además, la Fiscalía y la Abogacía del Estado incluyen en su listado de acuerdos vinculados a la prevaricación la resolución por la que el exsecretario general de Exteriores Aleix Villatoro autorizó al exdelegado del Govern ante la UE Amadeu Altafaj a firmar un contrato con la fundación holandesa The Hague Centre. Para las acusaciones este contrato de 119.700 euros sirvió para financiar a los observadores del 1-O, aunque el propio Altafaj en el momento de suscribirlo firmó una declaración responsable que negaba que estuviera relacionado por el 1-O. En su declaración como investigado, Altafaj atribuyó el pago a informes sobre el Brexit y Trump, no a los observadores.
Asimismo, la Fiscalía considera constitutivo de prevaricación el contrato de 80.440 euros de febrero de 2017 de la conselleria de Presidencia para la campaña publicitaria del registro de catalanes en el exterior, que los investigados desvinculan del 1-O. El ministerio público también ve sospechosa “la difusión” de anuncios del 1-O, aunque reconoce que en este caso se trató de un “acuerdo verbal”, sin constancia documental, entre el exconseller Turull y los exaltos cargos Jaume Mestre y Antoni Molons, para que se emitieran por TV3 después de la negativa de la empresa a la que se adjudicó el contrato.
