Un guardia civil sitúa a un mando de los Mossos en un grupo de Whatsapp con votantes en los centros el 1-O

Un teniente de la Guardia Civil que participó en la investigación a la actuación de los Mossos d'Esquadra el 1-O en Lleida ha situado este miércoles en el juicio que celebra la Audiencia Nacional contra la cúpula de la policía autonómica durante el proceso independentista un mando de este cuerpo en un grupo de WhatsApp en el que los ciudadanos se organizaban para tratar de impedir la actuación del Instituto Armado y la Policía Nacional durante la votación.

El mando fue exculpado tanto por el juez como por la Audiencia de Lleida. Los magistrados descartaron que los mensajes que se cruzó el mando de los Mossos con políticos de ERC y socios de Òmnium Cultural en Lleida fueran delictivos, habida cuenta de que se trataba de conversaciones en las que se hablaba de asuntos publicados por los medios en relación al 1-O. No obstante, reprocharon al mando su actuación al considerarla “irrespetuosa con un buen quehacer profesional”, y trasladaron los mensajes a Asuntos Internos de los Mossos por si fueran susceptibles de sanción administrativa.

Según ha explicado este miércoles el teniente de la Guardia Civil a preguntas del fiscal Miguel Ángel Carballo en el juicio al major Josep Lluís Trapero y a la antigua cúpula de la conselleria de Interior, los mensajes del mando en Lleida de la policía autonómica se descubrieron a raíz de la instrucción que llevó a cabo el juez de Lleida.

El teniente de la Guardia Civil, responsable de la policía judicial en esta localidad catalana, ha sostenido que del análisis de los audios, correos electrónicos y distintas comunicaciones telefónicas de los mandos de la policía autonómica en Lleida se desprende que los Mossos controlaban la posición y desplazamientos de los agentes de la Guardia Civil -algo que descartaron los magistrados tras investigar el caso- así como que informaban de los mismos a los ciudadanos concentrados en los colegios electorales.

Sobre los supuestos seguimientos, la Audiencia de Lleida constató que no se realizaron “de manera oculta o secreta”, sino que fueron vehículos logotipados de los Mossos los que estacionaron frente a la comandancia de la Guardia Civil de Lleida. Los magistrados enmarcaron esta actuación en el dispositivo que tenían los Mossos para proteger sedes de edificios públicos, entre ellos las comisarías de Policía Nacional y de Guardia Civil.

Respecto a los Whatsaspps, el teniente ha destacado que los vecinos de Lleida tenían un grupo en el que se “organizaban para impedir que actuáramos” y en el que identificaron como miembro al inspector jefe de la Sala Regional, “la voz de mando por el que pasan todas las comunicaciones”. En este sentido ha explicado que con estos mensajes entendieron cómo era posible que en un centro, en el que al principio no había mucha gente, en el “intervalo de tiempo” que se tardaba en llegar se había “agolpado” muchísimos votantes.

Asimismo, para incidir en esta idea de que la “información de vigilancia” llegaba a los ciudadanos, ha señalado que en uno de los audios del “canal oficial” de la policía autonómica que fueron analizados, una patrulla explicó a la Sala que había comunicado “a la gente” la información que tenían “de los banderines”, en referencia a la Guardia Civil.

“Esos audios reflejan que nos están vigilando, hay audios que son persecuciones”, ha dicho recordando uno en el que, según el testigo, los Mossos indicaban la velocidad a la que iba un coche de la Guardia Civil. “¡Nos estaban persiguiendo!”, ha exclamado. Con todo ello, el testigo ha asegurado que la coordinación entre cuerpos el 1-O no funcionó, pues, según ha enfatizado, la policía autonómica estaba colaborando con los votantes, pues conocían todos sus planes desde antes del referéndum como que una zona estaba “bunkerizada”.

En este sentido, ha apuntado que los Mossos tenían contactos directos con la Assamblea Nacional de Cataluña (ANC), que entonces lideraba Jordi Sànchez (condenado por sedición por el procés), ya que en unas de las comunicaciones oficiales se escucha la petición de una patrulla de antidisturbios sobre el estado de un colegio, a instancias de una responsable de mesas electorales de esa asociación. La respuesta de la Sala es “recibido y ahora se lo haré saber a la ANC”, ha informado y subrayado que esto es una muestra más de que “han colaborando de forma activa con las personas que organizaban el referéndum ilegal”.

“Queríamos ir de la mano con ellos (Mossos), por sentido común” y “encontramos muchas dificultades, el trabajo fue tremendamente difícil”, ha concluido, al mismo tiempo que ha hecho hincapié en que la estrategia de los Mossos era que la actuación de la Policía Nacional o Guardia Civil fueran “la noticia”.

En la sesión de este miércoles, la undécima, también ha comparecido el secretario de los atestados entregados al juez de Lleida, que se ha manifestado en el mismo sentido que su superior. Ha destacado que el major de los Mossos, Josep Luis Trapero, que se enfrenta a 11 años de prisión por rebelión, ordenó que, en el marco del denominado 'plan Ágora', debía haber un “comisario de guardia” en todas las salas regionales para “centralizar las actuaciones y evitar que uno vaya por libre”.

La declaración de este testigo ha estado centrada en el análisis de correos electrónicos de los mandos de Lleida y ha hecho mención especial a una circular interna, dentro de este plan, en la que Trapero ordenó que todos los atestados que tuvieran que ser remitidos a la Fiscalía pasaran primero por la Comisaría de Información, “para tener una adecuada coordinación y evitar duplicidades”. El mayor explicó en su declaración que 'Ágora' era un dispositivo de seguridad ante la creciente conflictividad social del momento, pero la Guardia Civil, como policía judicial investigadora del 1-O, cuestiona que éste sea el verdadero objetivo.

La vista oral se ha reanudado con la continuación de la declaración del 'número dos' del teniente coronel Daniel Baena, jefe de la policía judicial que investigó el 1-O, quien ha destacado que en los correos analizados del mayor de los Mossos José Luis Trapero no encontraron ninguno en el que el exsecretario general de Interior César Puig y el exjefe político de la policía catalana Pere Soler, para quienes se pide la misma condena que a Trapero, dieran alguna instrucción al Cuerpo.