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ANÁLISIS

La hora de la verdad para Laura Borràs

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La presidenta del Parlament, Laura Borràs, dijo desde el primer día que ella no sería como su antecesor, el republicano Roger Torrent, a quien Junts nunca perdonó que no permitiese que se votase la investidura de Carles Puigdemont y que despojó de su escaño al president Quim Torra cuando la Junta Electoral Central se lo ordenó. En su primer discurso como segunda autoridad del país, Borràs ni siquiera citó a Torrent y en sus primeras entrevistas arremetió contra él por considerar que bajo su mandato “no se preservó la inviolabilidad del Parlament”. 

La presidenta del Parlament ha defendido hasta ahora que no se puede suspender a un diputado condenado hasta que exista una sentencia firme. El caso del cupaire Pau Juvillà, condenado a seis meses de inhabilitación por no haber retirado unos lazos amarillos del ayuntamiento de Lleida durante la campaña electoral de las generales de 2019, es el que pondrá a prueba la palabra de Borràs. El Parlament, con el voto favorable de los grupos independentistas, PSC y comuns, aprobó mantener el escaño de Juvillà hasta tener respuesta del Supremo pese a la resolución de la Junta Electoral Central (JEC). El alto tribunal aún no se ha posicionado (aunque, tal y como pasó con Torra, la respuesta previsiblemente será la de apartar al diputado) pero, mientras, la JEC ha tirado millas y le ha dado cinco días a Borràs para que releve a Juvillà. Así que la presidenta tiene una semana para decidir si sigue adelante y se arriesga a ser inhabilitada también por desobediencia.

En el escrito de la JEC se incluye un párrafo en el que ya se avisa a la presidenta del Parlament de que no acatar la decisión puede tener consecuencias jurídicas: “Cabe recordar que las resoluciones de la Administración Electoral son ejecutivas desde que adquieren firmeza, sin perjuicio de las medidas cautelares que puedan adoptar los órganos jurisdiccionales competentes en el ejercicio de sus potestades, y que el incumplimiento de esas resoluciones puede dar lugar a las consecuencias jurídicas previstas en la legislación vigente”.

Los grupos independentistas emitieron el jueves por la noche un escueto comunicado en el que se reafirmaban en la decisión de esperar a la sentencia firme del Supremo para acordar qué hacer con el escaño del parlamentario de la CUP. Tanto Borràs como la vicepresidenta Alba Vergès, de ERC, han consultado con los servicios jurídicos del Parlament cuáles pueden ser los próximos pasos de la JEC y de la Justicia. Los juristas son contundentes: en un plano teórico puede discutirse sobre si un órgano electoral tiene o no capacidad para dar órdenes a una Cámara, pero lo más probable es que si no se cumplen sus resoluciones los tribunales lo consideren una desobediencia. Y eso puede acabar en la inhabilitación.

Borràs ya está imputada por prevaricación y malversación de caudales públicos por una presunta fragmentación y adjudicación a dedo de 18 contratos a un conocido suyo cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes. La actual presidenta del Parlament fue imputada por el Supremo y ahora la causa está siendo investigada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

Pese a esos malos augurios judiciales, el grupo de la presidenta ha intentado en todo momento evitar ponerla en riesgo. Fue sonado el enfado de Junts en octubre pasado, cuando la CUP presentó una resolución que volvía a reprobar al rey, algo expresamente prohibido por el Tribunal Constitucional. El partido de Borràs argumentaba que no había ninguna necesidad de comprometer a la Mesa tramitando esa resolución, algo que los anticapitalistas entendieron como una señal de que la presidenta no estaba pensando en inmolarse. 

Pero la causa de Juvillà, que llega desde el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, es más difícil de esquivar y coloca a Borràs ante una encrucijada decisiva. La cuenta atrás ha comenzado y el próximo jueves acaba la fecha límite. La tarea de actuar diferente a Torrent, que ella misma se ha impuesto, la obliga a mantener al diputado de la CUP en su escaño más allá del jueves que viene, y eso la coloca de lleno en el terreno de la desobediencia. A ella y a los miembros de la Mesa que la secunden. En el caso del president Torra, desde que se inició el proceso judicial por desobediencia hasta la retirada definitiva de su escaño pasó un año y medio.

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, dijo desde el primer día que ella no sería como su antecesor, el republicano Roger Torrent, a quien Junts nunca perdonó que no permitiese que se votase la investidura de Carles Puigdemont y que despojó de su escaño al president Quim Torra cuando la Junta Electoral Central se lo ordenó. En su primer discurso como segunda autoridad del país, Borràs ni siquiera citó a Torrent y en sus primeras entrevistas arremetió contra él por considerar que bajo su mandato “no se preservó la inviolabilidad del Parlament”. 

La presidenta del Parlament ha defendido hasta ahora que no se puede suspender a un diputado condenado hasta que exista una sentencia firme. El caso del cupaire Pau Juvillà, condenado a seis meses de inhabilitación por no haber retirado unos lazos amarillos del ayuntamiento de Lleida durante la campaña electoral de las generales de 2019, es el que pondrá a prueba la palabra de Borràs. El Parlament, con el voto favorable de los grupos independentistas, PSC y comuns, aprobó mantener el escaño de Juvillà hasta tener respuesta del Supremo pese a la resolución de la Junta Electoral Central (JEC). El alto tribunal aún no se ha posicionado (aunque, tal y como pasó con Torra, la respuesta previsiblemente será la de apartar al diputado) pero, mientras, la JEC ha tirado millas y le ha dado cinco días a Borràs para que releve a Juvillà. Así que la presidenta tiene una semana para decidir si sigue adelante y se arriesga a ser inhabilitada también por desobediencia.

En el escrito de la JEC se incluye un párrafo en el que ya se avisa a la presidenta del Parlament de que no acatar la decisión puede tener consecuencias jurídicas: “Cabe recordar que las resoluciones de la Administración Electoral son ejecutivas desde que adquieren firmeza, sin perjuicio de las medidas cautelares que puedan adoptar los órganos jurisdiccionales competentes en el ejercicio de sus potestades, y que el incumplimiento de esas resoluciones puede dar lugar a las consecuencias jurídicas previstas en la legislación vigente”.

Los grupos independentistas emitieron el jueves por la noche un escueto comunicado en el que se reafirmaban en la decisión de esperar a la sentencia firme del Supremo para acordar qué hacer con el escaño del parlamentario de la CUP. Tanto Borràs como la vicepresidenta Alba Vergès, de ERC, han consultado con los servicios jurídicos del Parlament cuáles pueden ser los próximos pasos de la JEC y de la Justicia. Los juristas son contundentes: en un plano teórico puede discutirse sobre si un órgano electoral tiene o no capacidad para dar órdenes a una Cámara, pero lo más probable es que si no se cumplen sus resoluciones los tribunales lo consideren una desobediencia. Y eso puede acabar en la inhabilitación.

Borràs ya está imputada por prevaricación y malversación de caudales públicos por una presunta fragmentación y adjudicación a dedo de 18 contratos a un conocido suyo cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes. La actual presidenta del Parlament fue imputada por el Supremo y ahora la causa está siendo investigada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

Pese a esos malos augurios judiciales, el grupo de la presidenta ha intentado en todo momento evitar ponerla en riesgo. Fue sonado el enfado de Junts en octubre pasado, cuando la CUP presentó una resolución que volvía a reprobar al rey, algo expresamente prohibido por el Tribunal Constitucional. El partido de Borràs argumentaba que no había ninguna necesidad de comprometer a la Mesa tramitando esa resolución, algo que los anticapitalistas entendieron como una señal de que la presidenta no estaba pensando en inmolarse. 

Pero la causa de Juvillà, que llega desde el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, es más difícil de esquivar y coloca a Borràs ante una encrucijada decisiva. La cuenta atrás ha comenzado y el próximo jueves acaba la fecha límite. La tarea de actuar diferente a Torrent, que ella misma se ha impuesto, la obliga a mantener al diputado de la CUP en su escaño más allá del jueves que viene, y eso la coloca de lleno en el terreno de la desobediencia. A ella y a los miembros de la Mesa que la secunden. En el caso del president Torra, desde que se inició el proceso judicial por desobediencia hasta la retirada definitiva de su escaño pasó un año y medio.

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, dijo desde el primer día que ella no sería como su antecesor, el republicano Roger Torrent, a quien Junts nunca perdonó que no permitiese que se votase la investidura de Carles Puigdemont y que despojó de su escaño al president Quim Torra cuando la Junta Electoral Central se lo ordenó. En su primer discurso como segunda autoridad del país, Borràs ni siquiera citó a Torrent y en sus primeras entrevistas arremetió contra él por considerar que bajo su mandato “no se preservó la inviolabilidad del Parlament”. 

La presidenta del Parlament ha defendido hasta ahora que no se puede suspender a un diputado condenado hasta que exista una sentencia firme. El caso del cupaire Pau Juvillà, condenado a seis meses de inhabilitación por no haber retirado unos lazos amarillos del ayuntamiento de Lleida durante la campaña electoral de las generales de 2019, es el que pondrá a prueba la palabra de Borràs. El Parlament, con el voto favorable de los grupos independentistas, PSC y comuns, aprobó mantener el escaño de Juvillà hasta tener respuesta del Supremo pese a la resolución de la Junta Electoral Central (JEC). El alto tribunal aún no se ha posicionado (aunque, tal y como pasó con Torra, la respuesta previsiblemente será la de apartar al diputado) pero, mientras, la JEC ha tirado millas y le ha dado cinco días a Borràs para que releve a Juvillà. Así que la presidenta tiene una semana para decidir si sigue adelante y se arriesga a ser inhabilitada también por desobediencia.