INFORME ESPECIAL

Las investigaciones sobre corrupción que Trapero y su equipo blindaron y que estorban al Govern

Neus Tomàs

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Catalunya no es el caso del 3% aunque sin ese caso no se entiende Catalunya. A modo de resumen para desmemoriados, porque a estas alturas no hay porcentaje más famoso en la política de las últimas décadas, se trata de la red de financiación ilícita en la enterrada Convergència que se basaba en la adjudicación de contratos públicos a empresarios que a cambio ingresaban grandes cantidades a CDC a través de donaciones. Daniel Osàcar, hombre mucho más discreto y menos fanfarrón que Luís Bárcenas, pero que como él era el encargado de las finanzas de su partido, reconoció en octubre del 2020 que existía el llamado 'pitufeo', que dicho así incluso podría parecer algo bueno, y que en realidad es una técnica para blanquear dinero.

Osàcar compareció en el marco de una pieza separada del caso 3%, tiró de la manta tras una década de silencio y en octubre del 2020 apuntó directamente a Germà Gordó, ya procesado en la pieza principal de la causa. Según Osàcar, Gordó fue “la persona que directa y personalmente ideó esa operativa” de blanqueo. El exconsejero fue durante años uno de los dirigentes con más poder en Convergència y por lo tanto también en Catalunya.

El olor a quemado se acercó peligrosamente a Artur Mas porque Osàcar deslizó que era posible que el expresident también estuviera al corriente de las presuntas ilegalidades en la contabilidad del partido que Jordi Pujol fundó y él heredó (el aspirante y sucesor por apellido, Oriol Pujol, había quedado descartado por otro escándalo de corrupción, el conocido como el caso de las ITV). Mas aludió a la edad del extesorero y a su vulnerabilidad para restar crédito a sus insinuaciones. El expresident se salvó y Gordó fue imputado.  

¿A qué viene este sucinto resumen de algunas de las causas que se instruyen en la Audiencia Nacional y que aún no han sido juzgadas? De modo abreviado la respuesta es que no son las únicas que están abiertas y, lo que es más importante, que habrá que estar atentos ante el riesgo de que en los despachos de la Generalitat, en la que ya no está Convergència como partido pero sí muchos antiguos cargos suyos, y ERC, que ha hecho bandera de ser la única formación histórica sin casos de financiación irregular, se tenga la tentación de mirar hacia otro lado o de que los Mossos no investiguen todo lo que se debería investigar para evitar que empeore la mala salud de la coalición que gobierna Catalunya. 

El País informó hace unos días de la preocupación compartida entre jueces y fiscales por el relevo del jefe de investigación de la policía autonómica, Toni Rodríguez, un intendente al que no se le conoce afinidad política y que era quien hasta ahora dirigía las pesquisas que afectan tanto a antiguos cargos de Convergència reconvertidos en dirigentes de Junts como a algunos que se estrenaron en política de la mano del partido creado por Carles Puigdemont. El sucesor del major Trapero, Josep María Estela, comunicó a Rodríguez su destitución solo un día después de haberse hecho cargo del control de los Mossos. 

Constructoras y una productora

El intendente y su equipo hace tiempo que estorbaban porque lo que investigaban molestaba en algunos ámbitos políticos y empresariales. El día que agentes de la policía autonómica irrumpieron en la Diputación de Lleida para llevar a cabo un registro, la primera sorpresa del entonces presidente, Joan Reñé, fue que quienes estaban abriendo ordenadores y reclamando documentación eran mossos. Era el 2 de octubre del 2018, y lo que se indagaba desde hacía un par de años era cómo varias de las principales constructoras de la zona se ponían de acuerdo para conseguir adjudicaciones a cambio de pagar comisiones que iban del 3% al 8%. Algunas de estas empresas eran las que habían realizado donaciones a fundaciones próximas a Convergència. En este caso la sospecha es que, además, una parte de las mordidas iba directamente al bolsillo de cargos de la Diputación, entre ellos al del propio presidente.

En febrero del 2020 y buscando nuevas pruebas de la financiación ilegal de Convergència se registró la sede de la productora de televisión Triacom Audiovisual. Una trama de facturas falsas y presunto desvío de fondos a campañas del partido que investigan conjuntamente los Mossos y la Guardia Civil. El presidente de la empresa, Oriol Carbó, fue gerente de TV3, y está imputado. El juez Santiago Pedraz reclamó el pasado mes de octubre a una veintena de entidades, tanto administraciones públicas como empresas privadas, que le aportasen información sobre contratos con Triacom. El requerimiento incluía varios departamentos de la Generalitat e información correspondiente a la etapa de Xavier Trias en la alcaldía de Barcelona. El auto judicial mencionaba como personas “ligadas directa o indirectamente” a Convergència y que estarían implicadas en el caso al ya mencionado anteriormente presidente de la Diputación de Lleida, a la esposa de Oriol Pujol, Anna Vidal, y a Sandra Buevaron, esposa de David Madí. 

Los Mossos, aquel cuerpo que el pujolismo dibujó como una estructura de un futuro estado, una policía cuya paternidad puede atribuirse a dos nombres con ADN convergente, David Madí y Brauli Duart, a los que después se sumarían otros como Eduard Sallent, estaba investigando el 3% de Convergència. La policía que ellos crearon estaba indagando sobre la presunta corrupción de su partido y encima tenían unos investigadores que no les informaban de los pasos que estaban dando.    

Nuevo apunte para despistados. Madí fue la mano derecha durante años de Mas, y en su caso sí puede hablarse de burguesía catalana. Participó en el llamado estado mayor que preparó el referéndum del 1-O mientras mantenía intactas sus conexiones con algunas de las principales compañías del IBEX. Duart sabe qué es controlar los Mossos y también la otra gran estructura que creó el pujolismo: la televisión pública. Ha ocupado responsabilidades en ambas. Como secretario de Interior, primero en el último gobierno de Pujol, una etapa en que esta cartera y la de Justicia estaban unificadas, y después en la etapa de Miquel Buch, se convirtió en un conseller en la sombra. El tercero, Sallent, logró ser jefe de los Mossos con 47 años, el más joven en acceder a este cargo. Hacía tiempo que aspiraba a ser comisario. Su padrino era Duart y quien no veía nada clara su promoción era Trapero. En pocos meses y con el major fuera de juego intentando librarse de la cárcel pasó de intendente a jefe de los Mossos. El entonces president, Quim Torra, quería una nueva cúpula policial y la tuvo.

“Un caramelo en un colegio de tontos” 

Tras la destitución de Buch y el nombramiento del abogado Miquel Sàmper como responsable de Interior, los movimientos de Madí y Duart por controlar la policía catalana quedaron registrados en unas conversaciones telefónicas que forman parte del sumario de la operación ‘Voloh’. Aparecieron en el teléfono del exsecretario de relaciones internacionales de Convergència, Víctor Terradellas, y en ellas se puede escuchar un diálogo de ocho minutos entre Madí y Duart en el que el primero presume de controlar al nuevo conseller. “Que no tome ninguna decisión sin contar conmigo, porque durará menos que un caramelo en un colegio de tontos”, se escucha decir a Madí. Pero estaba equivocado puesto que una de las decisiones que Sàmper tomó en septiembre del 2020 fue la de destituir al todopoderoso Duart, que había regresado a Interior de la mano de Buch. Algo que dirigentes de Junts aún no le han perdonado aunque a sus protagonistas no les ha ido nada mal puesto que Buch y Duart dirigen actualmente Infraestructures.cat, la empresa pública encargada de adjudicar y contratar la mayor parte de la obra pública que depende de la Generalitat. 

Sàmper es también quien, dos meses después, aparta a Sallent para restituir a Trapero al frente de los Mossos tras ser absuelto de la acusación de sedición y desobediencia. Regresaba después de haber sido cesado en octubre del 2017 en aplicación del 155, tras haber declarado en marzo del 2019 en el juicio del procés que existía un dispositivo policial para detener a Carles Puigdemont y su Govern si así se lo hubiese ordenado un juez y tras haber comprobado durante los meses en los que estuvo preparando su defensa de quién podía fiarse y de quién no en los Mossos. El intendente Rodríguez, con quien la amistad se fraguó cuando Trapero estuvo fuera de Interior, se convirtió en uno de sus mandos de confianza. 

Trapero y Rodríguez comparten una misma visión de lo que debe ser la policía catalana y sobre todo de lo que no debe ser. Defienden un cuerpo que pueda trabajar sin injerencias, sin que políticos que no ocupan un cargo institucional ni están en riesgo puedan disponer de servicio de escoltas solo por una decisión partidista que no esté justificada por criterios de seguridad. Un cuerpo que pueda investigar sin que sus pesquisas acaben siendo frenadas o boicoteadas desde dentro por instrucciones políticas de dudosa explicación.

Desaparición de archivos

Los investigadores han llegado a esconder archivos para que no fuesen controlados a través del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), la empresa pública que gestiona todo el servicio informático de la Generalitat. Explican que tuvieron suerte de encontrar los correos que sirvieron para inculpar a Laura Borràs en el ordenador de Isaías Herrero, el amigo a quien la actual presidenta del Parlament habría beneficiado con la fragmentación de unos contratos. Los correos se obtuvieron en el ordenador de Herrero pero no en los archivos de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), que es la entidad que presidía Borràs y donde se habría producido la ilegalidad que ha comportado su imputación. Fuentes de la investigación apuntan que si los mails no constaban en los ordenadores del ILC es porque alguien desde dentro de los Mossos les avisó de que buscarían esos correos. 

Las dificultades para llevar a cabo su trabajo eran tales que el intendente Rodríguez tuvo que pedir amparo al magistrado Carlos Ramos para seguir con las indagaciones que han acabado con la imputación del exconsejero de Interior Miquel Buch por una presunta malversación de fondos públicos al haber hecho pasar por asesor suyo a un sargento que en realidad estaba la mayor parte de la semana en Bruselas ejerciendo de escolta del expresident Carles Puigdemont. Pese a las presiones denunciadas desde una parte del cuerpo, finalmente el caso salió adelante y está pendiente de juicio, en el que la Fiscalía pide seis años de cárcel para Buch por los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos y cuatro años y medio de cárcel para el agente de la policía autonómica.

Que la Comisaría General de Investigación Criminal, es decir, Rodríguez y sus colaboradores, se atrevieran a investigar a un conseller de Interior por un presunto caso de corrupción cometido en su departamento es algo que debería ser motivo de elogio porque probaría que Catalunya tiene una policía que no encubre a sus responsables. Probaría que se respeta el papel de los Mossos en tanto que policía judicial y probaría que no se repiten errores del pasado, cuando había mandos policiales que respondían a una selección y obediencia política. Probaría todo eso si no fuese que los investigadores denuncian que se ha intentado evitar que hiciesen su trabajo.

Tras la publicación de esta información, el equipo de defensa legal de Laura Borràs ha hecho llegar estas consideraciones. La primera es subrayar que los registros en la Institució de les Lletres Catalanes, el domicilio de Isaías Herrero y el CTTI fueron el mismo día. La segunda es que a las puertas del ILC había numerosos periodistas y que el letrado de la administración de Justicia expresó su sorpresa al tratarse de una causa secreta. Por este motivo, el día siguiente la jueza decidió apartar a los Mossos y encargó la investigación a la Guardia Civil. La defensa legal de Borràs subraya que en las actas de entrada en los distintos registros no se hace constar ni de forma genérica que falte información. Y finalmente, el equipo legal de la presidenta del Parlament insiste en que nadie ha favorecido a Borràs y que esta considera que existe una persecución política contra ella.

Tres minutos de conversación

La destitución de Trapero y de su cúpula por parte del actual conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, un abogado sin cargo en ERC pero de plena confianza de Oriol Junqueras, ha sido justificada por la necesidad de regenerar la dirección e incorporar más mujeres. Pero no es eso, o no solo eso lo que ha pasado. Más allá de los despachos habituales para repasar agenda, Trapero y Elena únicamente tuvieron un par de conversaciones. La última, cuando el conseller le comunicó su destitución, duró menos de tres minutos. Elena le propuso que pensase qué quería hacer a partir de ahora y Trapero le contestó que la cosa no iba así, que él tiene el rango de major, dirija o no los Mossos, y que debe ser el conseller quien le diga cuál es a partir de ahora su nuevo cometido dentro del cuerpo.

A ello hay que añadir que la relación entre Trapero y Junqueras siempre fue mala y empeoró tras la declaración del major en el Supremo. Los colaboradores de Trapero afirman que el líder de ERC no le quería en el cargo desde el primer día, desde que los republicanos se hicieron cargo de la cartera de Interior, un departamento que ni en los dos tripartitos ni en sus coaliciones con los herederos de Convergència, ERC había controlado.

Lo que para la actual cúpula de Interior era una manera de trabajar aislada sin tener en cuenta al resto del departamento que justificaba su cese, para el major y su equipo era una manera de blindarse de las zarpas políticas. Esas injerencias de las que presumía Madí sin pudor en la conversación con Duart, quien fue mentor de Sallent, el comisario que con la remodelación llevada a cabo tras apartar a Trapero ha regresado como número dos en la jerarquía policial. ERC ha colocado al frente de los Mossos a un comisario afín al partido, Josep María Estela, mientras Junts tiene de nuevo a Sallent y a la vez que mantiene al director general de la policía, Pere Ferrer, un cargo político y de plena confianza de Brauli Duart. Este equilibrio de poderes explicaría el porqué, a diferencia de lo que es habitual, Junts y ERC no se hayan peleado por los cambios.

El único que se ha atrevido en público a mostrar su apoyo a Trapero ha sido el exconseller Sàmper, el que restituyó al major, el que se cargó a Sallent en contra de lo que reclamaban muchos de su partido, el que quería repetir como conseller y se quedó fuera del Govern en esta legislatura. Quien ha ocupado su puesto, el conseller Elena, un hombre de talante tranquilo y que rehúye los conflictos, ha prometido abrir una nueva etapa en Interior pero algunos de los últimos movimientos recuerdan a tiempos pasados y no precisamente mejores.

Catalunya no es el caso del 3% aunque sin ese caso no se entiende Catalunya. A modo de resumen para desmemoriados, porque a estas alturas no hay porcentaje más famoso en la política de las últimas décadas, se trata de la red de financiación ilícita en la enterrada Convergència que se basaba en la adjudicación de contratos públicos a empresarios que a cambio ingresaban grandes cantidades a CDC a través de donaciones. Daniel Osàcar, hombre mucho más discreto y menos fanfarrón que Luís Bárcenas, pero que como él era el encargado de las finanzas de su partido, reconoció en octubre del 2020 que existía el llamado 'pitufeo', que dicho así incluso podría parecer algo bueno, y que en realidad es una técnica para blanquear dinero.

Osàcar compareció en el marco de una pieza separada del caso 3%, tiró de la manta tras una década de silencio y en octubre del 2020 apuntó directamente a Germà Gordó, ya procesado en la pieza principal de la causa. Según Osàcar, Gordó fue “la persona que directa y personalmente ideó esa operativa” de blanqueo. El exconsejero fue durante años uno de los dirigentes con más poder en Convergència y por lo tanto también en Catalunya.

El olor a quemado se acercó peligrosamente a Artur Mas porque Osàcar deslizó que era posible que el expresident también estuviera al corriente de las presuntas ilegalidades en la contabilidad del partido que Jordi Pujol fundó y él heredó (el aspirante y sucesor por apellido, Oriol Pujol, había quedado descartado por otro escándalo de corrupción, el conocido como el caso de las ITV). Mas aludió a la edad del extesorero y a su vulnerabilidad para restar crédito a sus insinuaciones. El expresident se salvó y Gordó fue imputado.  

¿A qué viene este sucinto resumen de algunas de las causas que se instruyen en la Audiencia Nacional y que aún no han sido juzgadas? De modo abreviado la respuesta es que no son las únicas que están abiertas y, lo que es más importante, que habrá que estar atentos ante el riesgo de que en los despachos de la Generalitat, en la que ya no está Convergència como partido pero sí muchos antiguos cargos suyos, y ERC, que ha hecho bandera de ser la única formación histórica sin casos de financiación irregular, se tenga la tentación de mirar hacia otro lado o de que los Mossos no investiguen todo lo que se debería investigar para evitar que empeore la mala salud de la coalición que gobierna Catalunya. 

El País informó hace unos días de la preocupación compartida entre jueces y fiscales por el relevo del jefe de investigación de la policía autonómica, Toni Rodríguez, un intendente al que no se le conoce afinidad política y que era quien hasta ahora dirigía las pesquisas que afectan tanto a antiguos cargos de Convergència reconvertidos en dirigentes de Junts como a algunos que se estrenaron en política de la mano del partido creado por Carles Puigdemont. El sucesor del major Trapero, Josep María Estela, comunicó a Rodríguez su destitución solo un día después de haberse hecho cargo del control de los Mossos. 

Constructoras y una productora

El intendente y su equipo hace tiempo que estorbaban porque lo que investigaban molestaba en algunos ámbitos políticos y empresariales. El día que agentes de la policía autonómica irrumpieron en la Diputación de Lleida para llevar a cabo un registro, la primera sorpresa del entonces presidente, Joan Reñé, fue que quienes estaban abriendo ordenadores y reclamando documentación eran mossos. Era el 2 de octubre del 2018, y lo que se indagaba desde hacía un par de años era cómo varias de las principales constructoras de la zona se ponían de acuerdo para conseguir adjudicaciones a cambio de pagar comisiones que iban del 3% al 8%. Algunas de estas empresas eran las que habían realizado donaciones a fundaciones próximas a Convergència. En este caso la sospecha es que, además, una parte de las mordidas iba directamente al bolsillo de cargos de la Diputación, entre ellos al del propio presidente.

En febrero del 2020 y buscando nuevas pruebas de la financiación ilegal de Convergència se registró la sede de la productora de televisión Triacom Audiovisual. Una trama de facturas falsas y presunto desvío de fondos a campañas del partido que investigan conjuntamente los Mossos y la Guardia Civil. El presidente de la empresa, Oriol Carbó, fue gerente de TV3, y está imputado. El juez Santiago Pedraz reclamó el pasado mes de octubre a una veintena de entidades, tanto administraciones públicas como empresas privadas, que le aportasen información sobre contratos con Triacom. El requerimiento incluía varios departamentos de la Generalitat e información correspondiente a la etapa de Xavier Trias en la alcaldía de Barcelona. El auto judicial mencionaba como personas “ligadas directa o indirectamente” a Convergència y que estarían implicadas en el caso al ya mencionado anteriormente presidente de la Diputación de Lleida, a la esposa de Oriol Pujol, Anna Vidal, y a Sandra Buevaron, esposa de David Madí. 

Los Mossos, aquel cuerpo que el pujolismo dibujó como una estructura de un futuro estado, una policía cuya paternidad puede atribuirse a dos nombres con ADN convergente, David Madí y Brauli Duart, a los que después se sumarían otros como Eduard Sallent, estaba investigando el 3% de Convergència. La policía que ellos crearon estaba indagando sobre la presunta corrupción de su partido y encima tenían unos investigadores que no les informaban de los pasos que estaban dando.    

Nuevo apunte para despistados. Madí fue la mano derecha durante años de Mas, y en su caso sí puede hablarse de burguesía catalana. Participó en el llamado estado mayor que preparó el referéndum del 1-O mientras mantenía intactas sus conexiones con algunas de las principales compañías del IBEX. Duart sabe qué es controlar los Mossos y también la otra gran estructura que creó el pujolismo: la televisión pública. Ha ocupado responsabilidades en ambas. Como secretario de Interior, primero en el último gobierno de Pujol, una etapa en que esta cartera y la de Justicia estaban unificadas, y después en la etapa de Miquel Buch, se convirtió en un conseller en la sombra. El tercero, Sallent, logró ser jefe de los Mossos con 47 años, el más joven en acceder a este cargo. Hacía tiempo que aspiraba a ser comisario. Su padrino era Duart y quien no veía nada clara su promoción era Trapero. En pocos meses y con el major fuera de juego intentando librarse de la cárcel pasó de intendente a jefe de los Mossos. El entonces president, Quim Torra, quería una nueva cúpula policial y la tuvo.

“Un caramelo en un colegio de tontos” 

Tras la destitución de Buch y el nombramiento del abogado Miquel Sàmper como responsable de Interior, los movimientos de Madí y Duart por controlar la policía catalana quedaron registrados en unas conversaciones telefónicas que forman parte del sumario de la operación ‘Voloh’. Aparecieron en el teléfono del exsecretario de relaciones internacionales de Convergència, Víctor Terradellas, y en ellas se puede escuchar un diálogo de ocho minutos entre Madí y Duart en el que el primero presume de controlar al nuevo conseller. “Que no tome ninguna decisión sin contar conmigo, porque durará menos que un caramelo en un colegio de tontos”, se escucha decir a Madí. Pero estaba equivocado puesto que una de las decisiones que Sàmper tomó en septiembre del 2020 fue la de destituir al todopoderoso Duart, que había regresado a Interior de la mano de Buch. Algo que dirigentes de Junts aún no le han perdonado aunque a sus protagonistas no les ha ido nada mal puesto que Buch y Duart dirigen actualmente Infraestructures.cat, la empresa pública encargada de adjudicar y contratar la mayor parte de la obra pública que depende de la Generalitat. 

Sàmper es también quien, dos meses después, aparta a Sallent para restituir a Trapero al frente de los Mossos tras ser absuelto de la acusación de sedición y desobediencia. Regresaba después de haber sido cesado en octubre del 2017 en aplicación del 155, tras haber declarado en marzo del 2019 en el juicio del procés que existía un dispositivo policial para detener a Carles Puigdemont y su Govern si así se lo hubiese ordenado un juez y tras haber comprobado durante los meses en los que estuvo preparando su defensa de quién podía fiarse y de quién no en los Mossos. El intendente Rodríguez, con quien la amistad se fraguó cuando Trapero estuvo fuera de Interior, se convirtió en uno de sus mandos de confianza. 

Trapero y Rodríguez comparten una misma visión de lo que debe ser la policía catalana y sobre todo de lo que no debe ser. Defienden un cuerpo que pueda trabajar sin injerencias, sin que políticos que no ocupan un cargo institucional ni están en riesgo puedan disponer de servicio de escoltas solo por una decisión partidista que no esté justificada por criterios de seguridad. Un cuerpo que pueda investigar sin que sus pesquisas acaben siendo frenadas o boicoteadas desde dentro por instrucciones políticas de dudosa explicación.

Desaparición de archivos

Los investigadores han llegado a esconder archivos para que no fuesen controlados a través del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), la empresa pública que gestiona todo el servicio informático de la Generalitat. Explican que tuvieron suerte de encontrar los correos que sirvieron para inculpar a Laura Borràs en el ordenador de Isaías Herrero, el amigo a quien la actual presidenta del Parlament habría beneficiado con la fragmentación de unos contratos. Los correos se obtuvieron en el ordenador de Herrero pero no en los archivos de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), que es la entidad que presidía Borràs y donde se habría producido la ilegalidad que ha comportado su imputación. Fuentes de la investigación apuntan que si los mails no constaban en los ordenadores del ILC es porque alguien desde dentro de los Mossos les avisó de que buscarían esos correos. 

Las dificultades para llevar a cabo su trabajo eran tales que el intendente Rodríguez tuvo que pedir amparo al magistrado Carlos Ramos para seguir con las indagaciones que han acabado con la imputación del exconsejero de Interior Miquel Buch por una presunta malversación de fondos públicos al haber hecho pasar por asesor suyo a un sargento que en realidad estaba la mayor parte de la semana en Bruselas ejerciendo de escolta del expresident Carles Puigdemont. Pese a las presiones denunciadas desde una parte del cuerpo, finalmente el caso salió adelante y está pendiente de juicio, en el que la Fiscalía pide seis años de cárcel para Buch por los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos y cuatro años y medio de cárcel para el agente de la policía autonómica.

Que la Comisaría General de Investigación Criminal, es decir, Rodríguez y sus colaboradores, se atrevieran a investigar a un conseller de Interior por un presunto caso de corrupción cometido en su departamento es algo que debería ser motivo de elogio porque probaría que Catalunya tiene una policía que no encubre a sus responsables. Probaría que se respeta el papel de los Mossos en tanto que policía judicial y probaría que no se repiten errores del pasado, cuando había mandos policiales que respondían a una selección y obediencia política. Probaría todo eso si no fuese que los investigadores denuncian que se ha intentado evitar que hiciesen su trabajo.

Tras la publicación de esta información, el equipo de defensa legal de Laura Borràs ha hecho llegar estas consideraciones. La primera es subrayar que los registros en la Institució de les Lletres Catalanes, el domicilio de Isaías Herrero y el CTTI fueron el mismo día. La segunda es que a las puertas del ILC había numerosos periodistas y que el letrado de la administración de Justicia expresó su sorpresa al tratarse de una causa secreta. Por este motivo, el día siguiente la jueza decidió apartar a los Mossos y encargó la investigación a la Guardia Civil. La defensa legal de Borràs subraya que en las actas de entrada en los distintos registros no se hace constar ni de forma genérica que falte información. Y finalmente, el equipo legal de la presidenta del Parlament insiste en que nadie ha favorecido a Borràs y que esta considera que existe una persecución política contra ella.

Tres minutos de conversación

La destitución de Trapero y de su cúpula por parte del actual conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, un abogado sin cargo en ERC pero de plena confianza de Oriol Junqueras, ha sido justificada por la necesidad de regenerar la dirección e incorporar más mujeres. Pero no es eso, o no solo eso lo que ha pasado. Más allá de los despachos habituales para repasar agenda, Trapero y Elena únicamente tuvieron un par de conversaciones. La última, cuando el conseller le comunicó su destitución, duró menos de tres minutos. Elena le propuso que pensase qué quería hacer a partir de ahora y Trapero le contestó que la cosa no iba así, que él tiene el rango de major, dirija o no los Mossos, y que debe ser el conseller quien le diga cuál es a partir de ahora su nuevo cometido dentro del cuerpo.

A ello hay que añadir que la relación entre Trapero y Junqueras siempre fue mala y empeoró tras la declaración del major en el Supremo. Los colaboradores de Trapero afirman que el líder de ERC no le quería en el cargo desde el primer día, desde que los republicanos se hicieron cargo de la cartera de Interior, un departamento que ni en los dos tripartitos ni en sus coaliciones con los herederos de Convergència, ERC había controlado.

Lo que para la actual cúpula de Interior era una manera de trabajar aislada sin tener en cuenta al resto del departamento que justificaba su cese, para el major y su equipo era una manera de blindarse de las zarpas políticas. Esas injerencias de las que presumía Madí sin pudor en la conversación con Duart, quien fue mentor de Sallent, el comisario que con la remodelación llevada a cabo tras apartar a Trapero ha regresado como número dos en la jerarquía policial. ERC ha colocado al frente de los Mossos a un comisario afín al partido, Josep María Estela, mientras Junts tiene de nuevo a Sallent y a la vez que mantiene al director general de la policía, Pere Ferrer, un cargo político y de plena confianza de Brauli Duart. Este equilibrio de poderes explicaría el porqué, a diferencia de lo que es habitual, Junts y ERC no se hayan peleado por los cambios.

El único que se ha atrevido en público a mostrar su apoyo a Trapero ha sido el exconseller Sàmper, el que restituyó al major, el que se cargó a Sallent en contra de lo que reclamaban muchos de su partido, el que quería repetir como conseller y se quedó fuera del Govern en esta legislatura. Quien ha ocupado su puesto, el conseller Elena, un hombre de talante tranquilo y que rehúye los conflictos, ha prometido abrir una nueva etapa en Interior pero algunos de los últimos movimientos recuerdan a tiempos pasados y no precisamente mejores.

Catalunya no es el caso del 3% aunque sin ese caso no se entiende Catalunya. A modo de resumen para desmemoriados, porque a estas alturas no hay porcentaje más famoso en la política de las últimas décadas, se trata de la red de financiación ilícita en la enterrada Convergència que se basaba en la adjudicación de contratos públicos a empresarios que a cambio ingresaban grandes cantidades a CDC a través de donaciones. Daniel Osàcar, hombre mucho más discreto y menos fanfarrón que Luís Bárcenas, pero que como él era el encargado de las finanzas de su partido, reconoció en octubre del 2020 que existía el llamado 'pitufeo', que dicho así incluso podría parecer algo bueno, y que en realidad es una técnica para blanquear dinero.

Osàcar compareció en el marco de una pieza separada del caso 3%, tiró de la manta tras una década de silencio y en octubre del 2020 apuntó directamente a Germà Gordó, ya procesado en la pieza principal de la causa. Según Osàcar, Gordó fue “la persona que directa y personalmente ideó esa operativa” de blanqueo. El exconsejero fue durante años uno de los dirigentes con más poder en Convergència y por lo tanto también en Catalunya.