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CATALUNYA

El jefe de las investigaciones del procés niega la "causa general" contra el soberanismo que impugnan las defensas

El teniente coronel Baena sale al paso de las preguntas de los abogados y rechaza una investigación "prospectiva" del proceso soberanista desde 2015

"Las personas investigadas no lo están por lo que dicen o lo que piensan, sino por hechos que creemos que pueden ser constitutivos de delito", afirma

Baena niega ser el autor de los tuits contra el 1-O, los Mossos y la marcha de Puigdemont a Bélgica desde una cuenta con pseudónimo

El teniente coronel Baena tilda de "periodo insurreccional" y "polvorín" el otoño soberanista de 2017

Mando investigador del 1-O: Cataluña era un polvorín con clima insurreccional

Jordi Pina, Ana Bernaola y Francesc Homs, en la sesión de este martes EFE

Los informes con la firma del teniente coronel Daniel Baena han nutrido todas las investigaciones abiertas en los últimos años respecto al proceso soberanista. Ya fueran diligencias de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, de la Superior de Catalunya, el juzgado de instrucción 13 de Barcelona o el Tribunal Supremo, allí estaba la rúbrica del jefe de la Policía Judicial de Guardia Civil en Catalunya. Baena ha edificado este martes un muro alrededor de las pesquisas ante el bombardeo que las defensas le han lanzado para denunciar la "causa general" a la que creen que ha sido sometido el soberanismo desde el año 2015.

Para algunos de los acusados se trata de una tesis de defensa clave. Sostienen que la Fiscalía ha podido acumular munición para la causa del Supremo a través del resto de investigaciones en las que los dirigentes soberanistas no estaban acusados, vulnerando así su derecho de defensa. Con todo, el tribunal presidido por Manuel Marchena ha mandado numerosos avisos a lo largo del juicio y también este martes de que se ceñirá únicamente a los hechos que emerjan de la causa especial 20907/2017, no de otros sumarios.

Baena ha defendido que cada investigación tenía unos hechos y unos protagonistas distintos a los que, ha remarcado, no se incriminó por motivos ideológicos. "A mi lo que me ordenan es recoger todas las pruebas, que se lo mande y ellos ya valorarán si es delito o no", ha resumido. La primera fue en noviembre de 2015, dos meses antes de la investidura de Puigdemont, cuando la Fiscalía de la Audiencia Nacional –que entonces dirigía el hoy fiscal de sala del Supremo en el juicio del procés Javier Zaragoza– abrió diligencias a raíz de la aprobación por el Parlament de la resolución de inicio del proceso soberanista.

Ya en 2015, ha indicado Baena a preguntas de la abogada Marina Roig, se investigaba un posible delito de sedición. "El fiscal nos pidió a todos los cuerpos de seguridad que enviáramos toda aquella documentación que tuviera relación con la resolución parlamentaria. Yo recibo la orden y yo la cumplo, la Guardia Civil no interpreta lo que dice el fiscal", ha justificado cuando Roig le ha preguntado por qué envió a las diligencias las mociones de apoyo a la moción parlamentaria aprobadas por centenares de ayuntamientos catalanes.

La misma Fiscalía abrió un año después otras diligencias, circunscritas en este caso a la malversación alrededor de las estructuras de Estado que estaría preparando la Generalitat en su camino a la independencia. En concreto, ha indicado Baena, respecto al empleo de fondos públicos para la Hacienda catalana y la fundación Cesicat como agencia de inteligencia.

Fiscalía e instrucción 13

Y cuando Baena llevaba más de un año enviando informes a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que incluían los informes de vida laboral de la Seguridad Social de unos setenta trabajadores del Cesicat así como las negativas de grandes multinacionales como IBM o Deloitte de que la Generalitat les hubiera encargado estructuras de Estado, apareció la causa del juzgado de instrucción 13.

Lo que empezó siendo una investigación para "esclarecer" si las conferencias del juez Vidal se ajustaban a la realidad terminó convirtiéndose en el caballo de Troya del 1-O, con los registros y detenciones del 20-S. En uno de esos registros se obtuvieron "indicios sólidos" de que el exsecretario de Hacienda del Govern, Lluís Salvadó, estaba inmerso en el proyecto de la Hacienda catalana. A Salvadó además se le encontró un documento con 17 medidas para aplicar la independencia que los acusados, ha reconocido el guardia civil, nunca "llegaron a desplegar".

Se dio la circunstancia de que ese proyecto de Hacienda propia también era objeto de investigación por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, por lo que ambas pesquisas "coincidieron" y fueron asumidas por el juez de Barcelona. "A partir de ahí el juez del 13 se pone de acuerdo con Fiscalía de la Audiencia Nacional y entre ellos ya deciden lo que tienen que decidir. Hace falta una mínima actividad probatoria del señor Salvadó", ha indicado Baena a preguntas del abogado de Junqueras y Romeva, Andreu Van den Eynde, que no ha seguido preguntando sobre dicho "acuerdo".

La jornada de registros del 20-S ordenados por el juez del 13 (que entonces investigaba un delito de sedición del un mes después la Audiencia Nacional se arrogaría la competencia frente a los juzgados ordinarios) terminó suponiendo la apertura de la causa por sedición en la Audiencia Nacional contra Sànchez y Cuixart. La abogada del presidente de Òmnium, Marina Roig, ha inquirido a Baena sobre si envió los informes de los Jordis y el 20-S a la Audiencia Nacional o si primero los remitió al juez del 13. La defensa buscaba así mostrar que Baena se habría convertido en la persona que decidía dónde se investigaban las causas.

Baena ha negado que enviara el informe por su cuenta a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, y ha dicho que solo remitió al fiscal un atestado "ampliatorio" del que había mandado al juzgado de instrucción 13. En el sumario del 13 consta efectivamente que fue el juez Ramírez Sunyer quien envió, el 29 de septiembre, a la Audiencia Nacional el informe de Baena sobre el papel de los Jordis el 20-S.

"No vamos buscando sediciosos"

Las defensas esperaban ávidas el testimonio de Baena no solo por su relevancia en la investigación. Según su convencimiento, el teniente coronel se pasó parte del procés tuiteando contra el movimiento político con el sobrenombre Tácito desde una cuenta llamada @maquiavelo1984. A preguntas del Van den Eynde, el guardia civil ha contestado que él no es Tácito para luego matizar: "No soy propietario de esa cuenta". Las defensas consideran especialmente grave el asunto de la cuenta de Twitter porque comprometería la neutralidad del principal investigador policial de la causa.

Twitter tuvo protagonismo en otro pasaje de la sesión. La abogada Ana Bernaola, que defiende a Jordi Sànchez, ha preguntado a Baena por los criterios por los que se seleccionaron determinados tuits, entrevistas o notas de prensa de la ANC con perspectiva incriminatoria y no se incluyeron otros "de descargo". "No se incluyen los favorables a una persona y a otra porque al final hacemos una investigación prospectiva y esta fase la investigación se basa en obtener pruebas o indicios para demostrar la realización de ciertos hechos", ha respondido el teniente coronel.

Van den Eynde también ha intentado poner en duda si lo que "desde el principio" Baena investigó fue el "procés" en general, lo que ha negado: "Las personas investigadas no lo están por lo que dicen o lo que piensan, sino por hechos que creemos que pueden ser constitutivos de delito". "De primeras no vamos buscando sediciosos por ahí, lo primero que buscamos es la malversación", ha dicho para insistir en que su trabajo fue fundamentalmente comprobar si se rebasaba el Estatuto catalán para crear un Estado independiente y se desviaba dinero público para ello.

En respuesta a las acusaciones, Baena había innovado tildando de "periodo insurreccional" las cinco semanas que fueron del 20 de septiembre al 28 de octubre, un auténtico "polvorín". A pesar de ello, el teniente coronel dijo que no se produjeron detenciones porque "cualquier actuación podía ocasionar un mal mayor al que se pretendía evitar". 

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