Menores migrantes durmiendo en el suelo de los juzgados de Barcelona: un problema enquistado
Miércoles en la Ciudad de la Justicia de Barcelona. 9:30h. Ajenos al trasiego de la mayor sede judicial de Catalunya, ocho jóvenes duermen en las sillas y el suelo de la Fiscalía de Menores. Esperan ser trasladados a algún centro de acogida de la Generalitat para menores extranjeros no acompañados. Este jueves, se repetía la escena, con dos menores tumbados en un banco. “No es casualidad. Desde hace meses que estamos así. A veces hay una semana tranquila, pero no se puede prever nada”, denuncia una de las funcionarias de la Fiscalía, que prefiere no dar su nombre.
El Govern de Quim Torra tiene en la llegada constante de menores extranjeros no acompañados (MENA) uno de sus principales retos en materia de asuntos sociales. Ya el pasado mes de noviembre, las imágenes de los menores en los pasillos de la Fiscalía constataron la saturación de los centros de acogida de la Generalitat, la administración competente con los MENA. “Las administraciones cometen una ilegalidad muy grande con estos menores”, afirma el abogado Albert Parés.
Las estadísticas muestran que la valoración de los profesionales que tratan con estos jóvenes tiene una base sólida: entre 2009 y 2015 llegaban alrededor de 350 jóvenes sin referentes familiares a Catalunya, una cifra que aumentó hasta más de 600 en 2016, 1.489 en 2017 y en 2018, hasta mayo, 729, aunque la Generalitat prevé que podrían alcanzar los 3.000 a finales de año. El perfil mayoritario de los jóvenes migrantes que llegan a Catalunya es el de un chico (95%), de Marruecos (72%) y a partir de los 15 años (70%).
El fondo del problema, a criterio de varias fuentes consultadas, reside en que la Fiscalía de Menores, que es quién evalúa si efectivamente el joven tiene menos de 18 años, se ha convertido en un centro de primera acogida, cuando no debería ser así. Los jóvenes deberían estar en un centro de la Generalitat antes de acudir a la Fiscalía para someterse a un examen médico, y no a la inversa como ocurre ahora. Si a ello se suma la saturación en los centros existentes y la falta de coches para trasladar a los menores a los centros cuando se producen picos de llegadas, se forma la tormenta perfecta: menores esperando hasta 48 horas o incluso 72 horas para que les lleven a a un centro.
“A estos chicos se les atiende al contrario de lo que dice le ley, lo que supone una ilegalidad”, resume Parés. Efectivamente, el artículo 35 de la ley de extranjería establece que el joven debe recibir “atención inmediata” por parte de los servicios competentes de protección de menores, en el caso catalán, la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA). Posteriormente, es la Fiscalía quién interviene para certificar la edad del menor, un trámite que puede requerir ayuda médica y que, como máximo, se alarga dos o tres horas.
Una portavoz del departamento de Asuntos Sociales reconoce la situación vivida esta semana en la Fiscalía, pero defiende que la administración da una plaza en un centro a cada menor siempre que queda libre. “Todos los jóvenes que llegan son acogidos”, asegura. Funcionarias que viven el día a día en la Ciudad de la Justicia señalan que algunos de los menores llegan enfermos de sarna, lo que ha provocado varias quejas. Finalmente, este miércoles se proporcionó a los trabajadores de la Fiscalía de Menores guantes de látex y un jabón desinfectante para las manos.
En la mayoría de ocasiones son los Mossos d'Esquadra o las policías locales quien lleva los menores directamente a la Fiscalía. “Pero también hay educadores del Ayuntamiento de Barcelona que no trasladan a los menores a centros de la DGAIA sino que los llevan directamente a la Ciudad de la Justicia”, asegura Parés.
Para hacer frente a la situación, la Generalitat ha aprobado esta semana un plan de aplicación inmediata dotado con 10,5 millones de euros. Se abrirán más de 400 nuevas plazas para los menores no acompañados, 250 en los servicios de primera acogida y 168 en programas de transición a la vida adulta. También se quiere crear un centro donde puedan alojarse los jóvenes hasta que la DGAIA asuma su tutela.
Asimismo, para eliminar los elementos de “violencia simbólica” en la recibida de los menores, la Generalitat contratará a diez educadores. Se busca así que la primera atención la hagan ellos y no los cuerpos policiales. Y también aumentarán de cinco a catorce los conductores que realizan los traslados, que suelen ser largos y acompañados de una patrulla policial. Una vez la Fiscalía que el joven es menor de edad, se le traslada al centro que tiene una plaza libre, ya sea en Barcelona, Lleida o otra localidad. Pese al nuevo plan, en la Ciudad de la Justicia nadie se atreve a pronosticar un verano tranquilo.
