OPINIÓN | Ilegalizar el independentismo
No es la primera vez que la Audiencia Nacional pone en marcha una investigación penal por un delito de sedición. Hay un precedente, hace nueve años. Fue en 2008, cuando el juez Baltasar Garzón intentó investigar los crímenes de la dictadura franquista y con la justicia se topó. En aquel momento, el 4 de diciembre de 2008, el pleno de la Audiencia Nacional determinó que no eran competentes para investigar la rebelión ni por tanto la sedición.
Aquello le costó a Garzón una imputación por prevaricación. El Supremo después le absolvió por esta causa, pero en su sentencia también certificó lo mismo que había hecho antes el pleno de la Audiencia Nacional: que este juzgado no era el competente para investigar y juzgar estos delitos: ni la sedición (alzarse contra el Gobierno para derrocarlo) ni la rebelión (lo mismo, pero con violencia).