La modificación de los presupuestos catalanes para responder a la pandemia no llegará hasta finales de julio

Solo hace dos meses que el Parlament aprobó los primeros presupuestos de la Generalitat en tres años pero al máximo responsable económico del Govern, Pere Aragonès, ya se le acumula el trabajo sobre la mesa. Ya en su momento el vicepresident anunció que haría modificaciones en las cuentas para dar respuesta a las nuevas necesidades derivadas de la crisis de la COVID-19. Este martes el Govern ha anunciado de que prevé presentar esos cambios hacia finales de julio, por lo que aún no habrá nuevas inyecciones económicas a la estructura de la administración durante un mes.

Según ha explicado la consellera portavoz, Meritxell Budó, estas modificaciones se están trabajando en el marco de la Comisión para la Elaboración del Plan para la Reactivación Económica y Protección Social, un grupo interdepartamental que agrupa a seis consellerias además del president de la Generalitat y que tiene el encargo de elaborar el llamado “plan de reconstrucción”.

Es en ese espacio donde se perfilarán las propuestas del Govern para la nueva etapa tras la pandemia pero, también, para preparar a la Generalitat para nuevas epidemias o rebrotes de la COVID-19. Este martes Budó ha reconocido que la crisis sanitaria ha demostrado que algunas políticas públicas que se venían haciendo han quedado obsoletas y deberán revisarse, como es el ámbito de las residencias de ancianos.

Sin embargo el Govern prefiere actuar con cautela y esperar a ver cómo se posiciona el Parlament en estos ámbitos. La Cámara catalana celebrará esta semana un primer pleno monográfico sobre la respuesta dada por la Generalitat a la pandemia, donde se espera que se produzca un debate sanitario, sobre protección social y medidas económicas. Ciudadanos además han pedido debatir sobre el plan de reconstrucción. Además, la semana siguiente, el Parlament debatirá de nuevo sobre residencias en un monográfico.

Financiación antes que reconstrucción

Las modificaciones presupuestarias que se esperan deben formalizarse antes de que se perfilen las medidas de reconstrucción a la medio y largo plazo, pues están pensadas para pagar gastos urgentes como la contratación de nuevos trabajadores públicos, financiación la ampliación de capacidad de servicios públicos o pagar las compensaciones salariales de la crisis. Algunos de estos gastos ya están cifrados, como los 140 millones de euros anunciados para gratificar a los trabajadores sanitarios y residencias este año.

También la factura de contratar los nuevos profesores y trabajadores en Educación está teóricamente cuantificada, aunque este lunes el president Quim Torra discrepó públicamente de las cifras ofrecidas unas horas antes por Aragonès. Mientras que los consellers de ERC anunciaron una inyección de 370 millones nuevos al departamento, con unos 5.000 nuevos profesionales contratados, Torra habló de 450 millones y aseguró que serían más de 5.000 las contrataciones.

La discrepancia en unas cifras tan concretas sobre el ámbito educativo llamó la atención y se interpretó como una nueva disputa entre socios del Govern. Pero, en la rueda de prensa de este martes, Budó ha tratado de limar asperezas y hacer confluir las dos versiones. Según la portavoz, Torra se refería a los 370 millones nuevos de inversión, pero añadía los 80 que ya se habrían aportado, lo que resultaría en los 450 millones de los que habló. Un argumento similar ha usado para asegurar que no hay discrepancia sobre la cifra de 5.000 o “más de 5.000” contrataciones.