Nuevo Govern, mismos problemas para aprobar los presupuestos
Si la política es muchas veces irónica la velocidad a la que cambian las cosas en la política catalana aumenta la frecuencia con la que se producen esas ironías. Oriol Junqueras, quien solo hace dos años que anunció que no volvería a apoyar unos presupuestos autonómicos, es ahora el encargado de elaborar unos nuevos presupuestos autonómicos, y la colaboración que entonces el de Esquerra negaba al ex conseller Andreu Mas-Colell es la que ahora le niega la CUP a él.
Los papeles han cambiado, pero la historia de las nuevas cuentas sigue al pie de la letra el guión de los últimos años. Con un prórroga presupuestaria temporal y sin mayoría absoluta en la que apoyarse, el conseller de Economía busca acuerdos con otras formaciones que le permitan sacar adelante el proyecto más importante de la legislatura. Junqueras mira en primer lugar hacia la CUP, formación con la que Junts pel Sí suscribió un acuerdo de estabilidad que, sin embargo, es interpretado de formas diferentes por los firmantes.
La CUP ha anunciado que no se siente obligada a aprobar los presupuestos y que no lo hará si no consideran que cumplan con el compromiso de desarrollar “de forma expansiva” el plan de choque social pactado. Los anticapitalistas prefieren que haya unos nuevos presupuestos a una prórroga, y han mostrado su deseo de que estos incluyan la reforma del impuesto de sucesiones, cuya recaudación ha caído cerca de 500 millones respecto al récord de 2008. Junqueras rechaza este extremo ya que opina que contribuiría a reducir la recaudación y podría castigar a las familias con una capacidad económica limitada.
Diseñar un proyecto presupuestario que pueda recibir el apoyo de la CUP es la tarea en la que el nuevo conseller de economía se centrará durante las próximas semanas, tan pronto como el Parlament apruebe la prorroga presupuestaria temporal, el próximo miércoles si nada se tuerce. Pero el republicano ya ha ido poniendo en aviso a la CUP, asegurando que las cuentas “no serán justas” para los catalanes pues, según explicó, “el 88% de los recursos son finalistas y están asignados automáticamente” por el Estado. Tal es la dificultad que encuentra Junqueras en el proyecto que ni siquiera descarta una prórroga definitiva si se encuentra sin socios.
Esta prórroga sería el escenario menos amable para un Govern que llegó con un mensaje de giro social. Tanto Esquerra como sus socios de Convergència desean tener unas nuevas cuentas para poder aminorar el peso de los recortes de los últimos cuatro años sobre las castigadas clases populares catalanas, sobre todo en una legislatura que se prevé tan corta que podrían no caber más de dos leyes presupuestaria. Una prórroga limitaría la capacidad de gestión de los nuevos consellers, puesto que les complicaría la priorización de partidas de gasto o crear otras nuevas, una desventaja adicional en un contexto de reorganización de los departamentos como el actual. Pero en Economía todavía no quieren pensar en esto porque confían en que seducirán a la CUP o que, en caso contrario, encontrarán una alternativa.
Tan clásico como las dificultades para aprobar las cuentas es que el Govern, viéndose en esta situación, mire hacia el PSC en busca de un aliado inesperado. En este 2016 no es diferente. La reunión llevada a cabo en pasado jueves entre el president Carles Puigdemont y el primer secretario de los socialistas, Miquel Iceta, sirvió para afinar la sintonía entre ambos y abrir la puerta a un pacto presupuestario con el PSC. Iceta ya había marcado durante el debate de investidura su perfil más negociador, asegurando que quería llegar a acuerdos con el nuevo ejecutivo.
Pero los socialistas no están dispuestos a dar cheques en blanco. Si han de ser ellos quien ayude a pasar el complicado proyecto de ley, no solo reclaman más medidas sociales o el consabido aumento de sucesiones, también que no contengan partidas relativas al proceso soberanista y las “estructuras de estado”.