Artur Mas hace equilibrios para capitalizar el 9-N sin declararse desobediente

Artur Mas se ha encontrado con un dilema en el banquillo de los acusados: el relato que más le convenía para intentar salir absuelto es poco atractivo políticamente, al tiempo que el que más le beneficia como político le lleva directo a la inhabilitación. Ambas situaciones son poco deseables para un político que aún no ha descartado volver a presentarse como candidato a unas elecciones.

Este difícil equilibrio ha sido la nota predominante en la declaración que este lunes ha pronunciado el expresident ante el tribunal que le juzga por los supuestos delitos de desobediencia y prevaricación. Mas se ha arrogado toda la responsabilidad del proceso participativo del 9-N y, sin embargo, ha argumentado que éste no constituía un acto de desobediencia, descargando su ejecución en los voluntarios.

El capital político del 9-N

Para Artur Mas en lo personal y para el PDECat como partido, el 9-N es una fecha talismán, de enorme valor político. Aquella jornada representó el ritual de conversión de su partido hacía el independentismo, un movimiento que crecía imparable pero en el que, hasta entonces, muchos veían a Convergència como un intruso. Más aún, en plena caída electoral entre 2013 y 2014, convertirse en “el president que puso las urnas” fue casi la única carta que Mas pudo jugar ante unas bases convergentes cada vez más convencidas de la secesión y que se fugaban hacia ERC.

Esta es una de las razones más poderosas para que, en el juicio que tendrá lugar esta semana, Mas intente retener a toda costa el capital político que representa ser el “ideólogo y responsable” del 9-N, como ha presumido este lunes. Otra razón no menor es blindar a as otras acusadas, sus subordinadas en la jerarquía gubernamental, de cargar con las decisiones de un Ejecutivo que él presidía.

Pero debe encajar este relato, de tintes épicos y comprometidos con la voluntad popular, con una argumentación jurídica que afirma que él se sometió en todo momento a las órdenes del Tribunal Constitucional, es decir, del Estado. Incluso teniendo un “mandato claro del Parlament” para celebrar una consulta, como ha explicado ante el TSJC. Y pese a eso, según lo declarado por Mas, su gobierno actuó en casi todo momento a toque de notificación del TC: primero rebajando la consulta a proceso participativo y, después, a un evento sin participación gubernamental.

Las aclaraciones que no llegaron

Mas ha explicado que cuando el día 4 de noviembre de 2014 recibió en su correo electrónico la notificación del Constitucional que suspendía la consulta, lo primero que hizo el equipo jurídico de la Generalitat fue pedir unas aclaraciones al tribunal. La razón, según el relato de Mas, es que Generalitat ya no podía “parar ciertas cosas” que ya estaban en manos de los voluntarios. Pero el Alto Tribunal no respondió a esta petición, ha añadido Mas.

“Nuestra voluntad fue aclarar qué era, a criterio del Constitucional, lo que debíamos suspender, y poderle comunicar que había cosas que simplemente no las podíamos parar, aunque hubiésemos querido, que obviamente no queríamos… ante eso no recibimos ninguna respuesta”, ha aseverado Mas, en una explicación de cómo sucedió el 9-N que se aleja de la épica del “president que puso las urnas”.

Esta falta de respuesta del Constitucional entre los días 4 y 9 de noviembre es el principal fundamento jurídico de la no desobedeciencia que ha argumentado Mas. Pero este razonamiento es a su vez la admisión de que, si el 9-N ocurrió, no fue por un mandato parlamentario ni mucho menos por la creencia en un derecho de autodeterminación inalienable, sino simplemente porque el TC no paralizó el 9-N en tiempo y forma adecuadas.

El propio expresident ha puesto de relieve esta circunstancia al explicar que, tras la suspensión, tuvo que “contraponer” dos deberes: por un lado, el mandato del Parlament para celebrar la consulta. Por el otro, acatar al Constitucional. “Era un deber que, en la medida que pedimos aclaraciones, entendimos que lo habíamos cumplido”, ha indicado Mas sobre el segundo.

Para justificar que cumplió con ambos deberes, Mas ha cargado contra el Constitucional y la Fiscalía. “Si tan evidente era que era un delito, ¿cómo puede ser que el Constitucional no hiciera nada para hacer cumplir su resolución?”, se ha preguntado el expresident, antes de mirar al fiscal Emilio Sánchez Ulled, que estaba de guardia el día de la votación, y remachar: “El fiscal no hizo ninguna actuación para impedir que se hiciera el 9-N”.

Desobediencia contra astucia

Si algo ha caracterizado al masismo en su conducción del proceso independentista es la idea, si no creída sí al menos transmitida, de que había una forma legal de ejercer la autodeterminación, una suerte de agujero jurídico que podía encontrarse con la astucia suficiente y que permitía avanzar hacia la independencia sin desobediencia.

La comparecencia de este jueves ha sido toda una lección práctica en este sentido, descansando sobre el truco procesal de reclamar unas aclaraciones cuando ya es demasiado tarde para parar el proceso, e incluso para recibir respuesta a tiempo.

Pero esta idea contraria a la desobediencia tiene otro efecto negativo más allá de su propia imagen como líder independentista: cierra el camino de Puigdemont en su avance hacia un referéndum no acordado como el que promete. En la medida en que, según la doctrina de Mas, una actuación como la del 9-N fue posible gracias a que el TC no contestó un requerimiento y el 27-S fue un plebiscito ante la conclusión de que el Estado tiene capacidad para evitar un referéndum, Puigdemont no tiene forma de cumplir su palabra en septiembre de 2017 sin pasar por encima de su antecesor y líder de su partido.