Mas alega ante el Tribunal de Cuentas que los ordenadores que se usaron el 9-N eran “para mejorar la educación”
El 9-N ha vuelto a juicio este miércoles. El Tribunal de Cuentas ha celebrado la vista contra el expresident de la Generalitat, Artur Mas; la exvicepresidenta Irene Rigau; la exconsellera de Enseñanza, Irene Rigau; y otros siete exaltos cargos por su presunta responsabilidad contable en la consulta soberanista del año 2014. Se enfrentan a una multa de 5,3 millones de euros.
Durante su declaración, Mas se ha referido a la compra de 7.000 ordenadores portátiles, el capítulo de gasto más importante del 9-N, que asciende a casi tres millones, según la Fiscalía del Tribunal de Cuentas. El expresident ha desvinculado los ordenadores de la votación, pese a que se usaron el 9-N, y ha dicho que su adquisición fue “para mejorar el sistema educativo catalán”.
Tal y como avanzó este diario, Mas intentó que la propia Generalitat le pagara el gasto correspondiente a la compra de los ordenadores de la fianza que le impuso antes del juicio el Tribunal de Cuentas, algo que no consiguió. El expresident acabaría depositándo los 5,3 millones de fianza, en parte gracias a la caja de solidaridad de la ANC y en parte de su propio bolsillo.
El expresident también ha afeado al letrado de la acusación que ejerce Sociedad Civil Catalana que cuestione una partida de 2,8 millones para 7.000 ordenadores cuando en todo el ejercicio de 2014 “se hicieron 1.414 modificaciones presupuestarias por valor de 1.250 millones de euros”. También ha criticado que “si tan grave” fue el delito por la convocatoria de la consulta soberanista el 9-N por qué “ni un solo juez o fiscal actuó para pararla”. En este sentido, cabe recordar que Mas, Rigau y Ortega fueron condenados por desobediencia por el TSJC, pero que el delito de malversación de fondos públicos en el 9-N se descartó en la fase de instrucción.
Este miércoles Mas ha defendido que no había nada “malo” en el 9-N desde el momento en que se convocó en rueda de prensa, su organización se dejó en manos de voluntarios y “durante tres semanas largas el Tribunal Constitucional no dijo nada y el Gobierno español se mofaba” del tipo de consulta que se había convocado. “No me daba miedo nada, como después se demostró”, ha asegurado.
“En esas tres semanas sí gastamos un dinero y comprometimos recursos pero en un marco en el que no hay ninguna resolución del Tribunal Constitucional”, ha defendido Mas, para incidir en que si el Ejecutivo central no pidió que se paralizase y el Alto Tribunal no tomó medidas en aquel momento es porque “políticamente era lo mismo, pero jurídicamente era completamente distinto” lo que se había convocado.
De hecho, ha argumentado que la convocatoria de un “proceso de participación popular” fue para apagar una “crisis política dentro del movimiento soberanista” tras la anulación de la consulta inicial. Por su lado, Ortega ha expresado su “convicción absoluta” de que el 9-N se actuó de acuerdo a la legalidad.
En esa consulta, ha dicho, no hubo censo y sólo intervinieron voluntarios, “no hubo participación de funcionarios públicos”. Ortega ha insistido en que las decisiones que se adoptaron de cara al 9 de noviembre se adoptaron dentro de las competencias asignadas en el Estatut y ha asegurado que todos los expedientes administrativos implicados en este proceso fueron “impecables” y “pasaron todos los filtros de intervención”.
