Un violador reincidente admite que agredió sexualmente y apuñaló a una mujer en Martorell durante un permiso

El violador reincidente Tomás Pardo ha reconocido este miércoles ante la Audiencia de Barcelona que en 2016 agredió sexualmente e intentó matar a cuchilladas a una mujer en Castellbisbal (Barcelona) durante un permiso penitenciario que se le concedió cuando cumplía condena por un ataque similar en 2002.

En la sección séptima de la Audiencia de Barcelona se ha celebrado, a puerta cerrada, el juicio contra el conocido como “violador de Martorell”, en el que la Fiscalía ha mantenido su petición de 70 años de prisión por una violación e intento de asesinato en 2016, un caso que reabrió el debate sobre la rehabilitación de los agresores sexuales en la cárcel.

A la salida de la sesión, la abogada de Pardo, Gemma Monera, ha explicado que se ha practicado la “prueba mínima para poder pasar la sentencia” y que ha habido la declaración de la víctima, pruebas periciales e informes policiales. Ha asegurado que Pardo “es una persona que está arrepentida” y que no quería defenderse de las acusaciones en el juicio, sino que quería que pasara rápido y que se conformará con las penas que le imponga la sentencia.

De esta forma, Pardo ha reconocido el relato de hechos de la Fiscalía. El Ministerio Público pide 70 años de cárcel a Pardo por agredir sexualmente e intentar matar a cuchilladas a una mujer en 2016, durante un permiso de tres días que se le concedió cuando cumplía condena por un asalto similar de 2002. Pardo, conocido como “el violador de Martorell”, fue detenido el 31 de octubre de 2016 tras la llamada de emergencia que la víctima logró enviar, malherida, a los Mossos d'Esquadra.

Según el fiscal, el acusado blandió una navaja ante la víctima en un aparcamiento y, de esa forma, se introdujo en el coche de la mujer, tras lo que la obligó a conducir durante 53 kilómetros hasta llegar a una zona boscosa de Castellbisbal (Barcelona). Una vez allí, añade el Ministerio Público, obligó a la víctima a adentrarse por un camino forestal, donde la violó repetidamente y la obligó a entregarle las llaves de su coche y a facilitarle el número PIN de su tarjeta bancaria.

Posteriormente, sostiene el escrito de acusación de la Fiscalía, el procesado llevó a la mujer hasta un barranco junto al Torrent Bo, donde tras acuchillarla hasta en siete ocasiones con el fin de acabar con su vida, la arrojó al vacío desde una altura de cinco metros y la tapó con ramas y con tierra para evitar que su cadáver fuera encontrado.

El ahora condenado perpetró el ataque con un patrón similar a la doble violación e intento de homicidio de 2002 por los que fue condenado a 26 años de cárcel. Lo hizo en 2016 cuando disfrutaba de un permiso de tres días que le concedió la Generalitat, y fue avalado por la Audiencia de Barcelona, después de que el juez de vigilancia penitenciaria se lo denegara hasta en trece ocasiones.

Tomás Pardo abordó a su víctima el último de los tres días del permiso, que logró después de superar con éxito el tratamiento de rehabilitación de agresores sexuales que siguió en prisión y sin que las salidas puntuales previas que se le autorizaron hubieran resultado problemáticas.

La fiscal pide una indemnización de 70.000 euros por las lesiones y secuelas mientras que la acusación particular ha elevado su solicitud a 1,1 millones de euros. El abogado de la víctima, Mariano Marin, ha detallado que a través de la vía contenciosa administrativa también reclamarán una indemnización a la Generalitat por haber otorgado un permiso a Pardo.

“Obviamente han fallado los mecanismos de control para comprobar si esta persona estaba en condiciones o no” de recibir un permiso penitenciario, ha sostenido el letrado, que ha lamentado que la necesidad de acudir primero a la vía penal y después a la contenciosa administrativa supone para la víctima “un plus de perjuicios y angustia” al no poder desconectar de los hechos.