La Sindicatura destapa un aluvión de irregularidades en el Palau de la Música después de Millet
No sólo saqueó el Palau de Música. Fèlix Millet vició hasta tal extremo la institución que los responsables que cogieron el testigo en 2009 al saqueador del Palau tuvieron que hacer borrón y cuenta nueva del gigante cultural. Sin embargo, en la etapa post Millet también hay irregularidades. La Sindicatura de Comptes ha presentado este miércoles el informe fiscalizador del Palau de la Música entre los años 2010 y 2013, en el que se detallan varios defectos en la gestión de los recursos públicos. Los hay de todo tipo, desde subvenciones mal otorgadas hasta trabajadores del Palau sin contrato.
Para empezar, la Sindicatura cuestiona el modelo de dirección del Palau implantado en 2012 tras el desfalco de Millet. El Consorci, la Fundació del Palau y el Orfeó del Palau firmaron el Convenio Tribanda, que implica el traspaso de la gestión de la actividad y de los edificios que integran la entidad cultural a la Fundació, una entidad privada.
Dicho traspaso supone, a juicio de la Sindicatura, “dejar sin control público” la actividad que anteriormente realizaba el Consorci del Palau de la Música, un organismo participado por la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y el Ministerio de Cultura. La Fundació, a diferencia del Consorci, no está sometida al control financiero de la Generalitat.
Pero el ente fiscalizador va más allá, y afirma que el cambio en la gestión implica “la disolución de facto” del Consorci, ya que vacía al ente público de contenido y competencias, algo que “va en contra de las normas de régimen jurídico de las administraciones públicas”, advierte la Sindicatura.
De hecho, el Consorci no tiene actividad desde el 1 de enero de 2012. Sin embargo, el Consorci sí es beneficiario de los pagos que se deriven del proceso penal sobre el presunto desfalco, que la Sindicatura cifra en 3,65 millones de euros. El Convenio Tribanda también permitió la creación de un fondo común de las tres entidades afectadas por el expolio de Millet -Consorci, Fundació y Orfeó-, que debe nutrirse de las sumas devueltas por los saqueadores al juzgado.
La Sindicatura destaca que el juzgado 30 de Barcelona ha devuelto 2,42 millones de euros al Consorci entre 2010 y 2013 como resarcimiento dentro de la causa penal contra Millet. De esta cantidad, el Consorci transifirió 0,82 millones a la Fundació y al Orfeó en 2010 y 2011; y 0,9 en 2012 y 2013 a un fondo común (FEV) que fueron registrados como ingresos de la Fundació. Según la Sindicatura, sin embargo, el Consorci no puede disponer de las cantidades aportadas al fondo común, “dado que su control y disposición corresponden únicamente a la Fundació”.
La Sindicatura añade que el 91,6% de los gastos imputados al FEV son facturas de abogados de PricewaterhouseCoopers (PWC), los defensores de la Fundació en la causa del expolio (al Consorci le defiende la advogacía de la Generalitat), una contratación que “no ha sido sometida a la contratación que es aplicable al Consorcio del Palau de la Música como poder adjudicador”.
Por otro lado, la regulación del fondo común establecida en el Convenio Tribanda ha permitido que una parte de las cantidades recuperadas del saqueo “se hayan utilizado para pagar gastos de la Fundació”. Además, en el hipotético caso de que el Consorci tuviera que devolver el dinero por no haber condena, lo tendría que hacer con fondos propios, advierte la Sindicatura.
En suma, la nueva gestión del Palau ha supuesto, para la Sindicatura, una disminución del control de los fondos públicos aportados, y no ha implicado una mejora de la transparencia. La guinda del pastel es que el convenio que otorgó a la Fundació la gestión del Palau se hizo incumpliendo el procedimiento administrativo aplicable a su tramitación.
Además, la Sindicatura no tiene constancia de que el convenio haya sido ratificado por las entidades consorciadas, ni tampoco que haya sido publicado íntegramente en el Diari Oficial de la Generalitat. También vulnera la normativa en materia de subvenciones públicas.
Irregularidades en subvenciones y contratos
La falta de control público con la nueva gestión ha provocado, precisamente, que una subvención de 1,17 millones de euros otorgada por el Consorci a la Fundació derivada de los presupuestos de la Generalitat no se ajuste a la normativa. La Sindicatura pide al Consorci “agilizar” la tramitación de la aportación a la Fundació, y advierte que si el importe no se recupera el Consorci tendrá una pérdida patrimonial “que dejaría sus fondos propios en una situación delicada”.
Además, antes de ser vaciado de contenido en 2012, la Sindicatura destaca que el Consorci funcionaba sin aplicar el plan general de contabilidad pública. En 2010 y 2011, había trabajadores que no tenían contratos laborales formalizados por escrito, y algunos cobraban complementos acordados individualmente que no estaban previstos ni en el convenio colectivo ni en sus contratos. “En muchos casos las pagas extra no coincidían con las establecidas en el convenio”, añade la Sindicatura.
Las irregularidades alcanzan la contratación de servicios exteriores. En este sentido, la Sindicatura afirma que la adjudicación de los contratos de servicio y suministros y sus prórrogas no se hicieron de acuerdo a la normativa de contratación pública aplicable. En los casos de los contratos de limpieza, mantenimiento general o ajuste de pianos, el Consorci “no firmaba ningún contrato con el proveedor”, reza el informe.
“Hay una falta casi absoluta de contratos formalizados con los proveedores de bienes y servicios. Las relaciones con la mayor parte de proveedores se basaban en acuerdos verbales con la antigua dirección”, concluye la Sindicatura.
La Sindicatura reseña también una “confusión” en el área de recursos humanos entre las entidades del Palau. Se basa en que la Fundació facturó al Consorci en 2011 por el personal que tenía contratado y que prestaba servicios a éste, aunque por contra, el Consorci no facturó ningún importe por el personal que tenía empleado y que prestaba servicios a la Fundació.
En el apartado de recomendaciones, la Sindicatura pide que las administraciones elaboren un marco de relaciones entre las entidades que conforman el Palau que se ajuste a la legalidad aplicable a las administraciones públicas. El ente también requiere al Palau que incluya medidas de control de su Fundació para garantizar que los fondos públicos que se aportan tengan el mismo nivel de control que si se aportaran al Consorci del Palau.
El Palau alega una situación “excepcional”
El Consorci del Palau ha alegado ante la Sindicatura que la situación vivida entre los años fiscalizados es de “excepcionalidad”, motivada por el desfalco del Palau del equipo dirigido por Millet, que gestionaba el Consorci desde su constitución en 1983.
El actual gerente del Consorci, Joan Oller, explica en el escrito de alegación que, tras el cambio de dirección hubo una “sustracción de documentación” por parte de los imputados y de la policía y administración judicial, que provocó pérdida de información y despidos de trabajadores vinculados al anterior equipo directivo.
Asimismo, Oller ha expuesto la “falta de colaboración de personas que podían informar sobre actuaciones presuntamente delictivas” y un “clima general de desconfianza”. Sin embargo, el gerente ha señalado que “el caos jurídico, organizativo y financiero” que vivía el Palau en julio de 2009 “se ha ido ordenando y racionalizando” para “enderezar” la imagen de la institución.
En un comunicado remitido a los medios de comunicación a última hora de la tarde de este miércoles, el Palau de la Música ha asegurado que la unificación de la gestión efectiva desde enero de 2012 “supone la eliminación de la mayoría de irregularidades” que señala la Sindicatura, y que ya se han corregido las “deficiencias” detectadas. En concreto, señala que la actividad se ha “clarificado” en una sola cuenta de resultados y un nuevo convenio laboral bajo el régimen jurídico de la Fundació. En el patronato de la Fundació, añade el comunicado, están representadas todas las administraciones públicas “que tienen, entre otros, derecho de veto sobre los presupuestos y otros temas relevantes”. Asimismo, el Palau destaca que sus cuentas son auditadas “como corresponde”.
