Familiares de ancianos amplían su denuncia a 31 residencias de Barcelona: "Me dijeron que mi madre tenía infección de orina y murió al cabo de tres días"

Imagen de archivo de una residencia

"A mi madre la dejaron morir". Cristina tuvo que plantarse en la puerta de la residencia Vidal Aunós de Barcelona para poder despedirse de su madre. Lo hizo después de decenas de llamadas sin respuesta. "Me dijeron que mi madre tenía infección de orina y murió al cabo de tres días", recuerda Cristina, que se ha sumado a las familias que han llevado ante la Fiscalía la gestión de las residencias.

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Mientras la epidemia va a la baja, las investigaciones y denuncias abiertas en Catalunya a raíz de la crisis sanitaria vivida en las residencias no dejan de crecer. Los familiares de ancianos fallecidos en la residencias han ampliado en veinte centros su denuncia inicial ante la Fiscalía hasta un total de 31 residencias de Barcelona. Acudir a la vía penal ha sido su última alternativa tras constatar una falta de información por parte de las direcciones de los centros y déficits en el cuidado de sus mayores.

La madre de Xavier Casanovas, Manuela, falleció el 9 de mayo. Lo hizo en la residencia de campaña que la Generalitat abrió en el Paralelo para ancianos con coronavirus. Allí llegó el 24 de abril desde la residencia Bertran i Oriola de la Barceloneta. "Llegó muy deteriorada, con una úlcera y con anorexia, cuando siempre había comido y de peso estaba bien. Todavía no sé qué pasó en la residencia, pero fue un caos", rememora.

Xavier visitaba cada día a su madre, que padecía alzheimer, hasta el 12 de marzo, cuando se restringió el acceso de familiares a los centros. "Durante diez días pudimos hablar, pero luego cortaron las llamadas y ellos unilateralmente enviaban fotos o vídeos". En algunas fotografías que Xavier guarda se constata que los empleados de la residencia no siempre iban con mascarilla, incluso cuando daban de comer a los ancianos.

A mediados de abril, a Xavier le comunicaron que su madre tenía fiebre desde hacía varios días, pero tampoco entonces pudo hablar con ella. "No sé ni dónde estaba, si estaba la residencia sectorializada para los pacientes de COVID ni nada porque cortaron las comunicaciones". En los días posteriores, un médico del ambulatorio del barrio sí le llamaba para explicarle la situación, y le confirmó que había dado positivo en la prueba de coronavirus. Pero algo pasó –y Xavier no lo sabe– en esos días, hasta el día 24, cuando su madre fue trasladada al Paralelo.

Allí mejoró la comunicación, y Xavier ha recibido los informes médicos de su madre del 1 al 9 de mayo, pero sigue sin tener documentos de fechas anteriores. "No sé qué han hecho ni qué le han dejado de hacer para que perdiera tanto peso y llegara a la residencia del Paralelo tan deteriorada".

Cristina vivió una situación similar. "Los primeros días nos dijeron que harían videollamadas, pero no funcionaban. Llamabas para apuntarte a una hora, pero no había llamada". Cuando por fin consiguió ver a su madre, Cristina casi no la reconoció: "Su aspecto físico era deplorable, tenía la barbilla irritada y muchas veces estaba casi dormida. Preguntabas a la cuidadora qué le pasaba, pero te decía que hablases con enfermería. Y allí no contestaba nadie". No fue hasta el 23 de marzo que la residencia le comunicó que su madre tenía una infección de orina y fiebre. Cuando se presentó en la residencia, constató que su madre llevaba varios días a 40 de fiebre.

"La empapamos con agua fría, pero estuvo temblando todo el rato. No le bajaba la fiebre". Cristina también denuncia que cuando se presentó la doctora de la mutua del centro, tras auscultar a su madre les invitó a marcharse porque la anciana no presentaba problemas respiratorios. Finalmente, el 26 de marzo, tras llamar sin respuesta, la residencia le devolvió la llamada. "No hay palabras. Al principio me dijeron que creían que había pasado buena noche, pero cuando fueron a verla resultó que mi madre ya no respiraba". Ya había fallecido.

Las residencias de las madres de Cristina y Xavier son centros gestionados por la empresa multiservicios Eulen y que a día de hoy están intervenidos por la Generalitat de Catalunya tras detectar "omisiones y no saber dar respuesta a las necesidades" a los ancianos.

Los delitos por los que los familiares, agrupados en la Coordinadora 5+1, han presentado la denuncia colectiva –la mayor que hay en Catalunya, con más de medio centenar de familiares– son omisión del deber de socorro y homicidio imprudente. La portavoz de la plataforma, Maria José Carcelén, detecta un patrón común en todas las residencias denunciadas. "Ha habido una absoluta falta de información y opacidad a la hora de trasladar a los familiares el estado de salud de los ancianos", asevera.

De la documentación aportada por las familias a la denuncia se desprende además la falta de equipos de protección individual en varios centros, así como el déficit de espacios donde aislar a los residentes sospechosos o que habían dado positivo. También que no se trasladaron los ancianos a los hospitales, vulnerando así, según los denunciantes, su derecho a la salud.

El futuro de las denuncias

Fuentes jurídicas consultadas recuerdan que las investigaciones se encuentran en un estadio inicial y apuntan a la dificultad de que todos los casos denunciados prosperen en los tribunales. "No toda falta de cuidados es un delito. Habrá causas porque algunas malas praxis son flagrantes. Además otras pueden haber existido, pero no se podrán probar", aseveran estas fuentes, que destacan el cierre de las residencias durante las primeras semanas del estado de alarma como una barrera para recabar pruebas.

En este sentido, la información, documentos e imágenes obtenidas por los trabajadores dentro de los centros puede resultar clave. "Pero habrá que estar alerta de que su colaboración no se traduzca en sanciones o despidos, en especial de los trabajadores más precarios y que están menos protegidos", apunta las mismas fuentes. Según el último balance de la Fiscalía, antes de que los familiares denunciaran este miércoles otras 20 residencias, había 32 investigaciones penales en marcha.

Desde los trabajadores de residencias, Israel Álvarez, del sindicato Cobas, comprende el enfado de las familias con los centros, pero también pide que los empleados no paguen las consecuencias. "Ha habido residencias, como las de Eulen, donde las cosas se han hecho mal, pero por falta de medios. En otros centros, como los OHL, se han hecho bien", asegura. De hecho, los trabajadores de varios centros catalanes también están reuniendo documentos e imágenes para interponer acciones legales. "Hubiera o no medios, ningún anciano murió solo. Aunque no pudieran ir sus familiares, tuvieron a un trabajador a su lado en el último momento", concluye.

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Publicado el
28 de mayo de 2020 - 22:36 h

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