El Tribunal Superior de Justicia catalán anula el reglamento de Colau para celebrar consultas ciudadanas
Las consultas ciudadanas de Ada Colau parecen gafadas. No consiguió sacar adelante su primera multiconsulta -sobre la municipalización del agua y el cambio de nombre de la plaza Antonio López- por falta de mayorías en el Pleno del Ayuntamiento de Barcelona y ahora el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha tumbado el Reglamento de Participación Ciudadana que da amparo a estos procesos.
La sala de lo contencioso-administrativo del TSJC, según ha adelantado El Periódico, ha declarado nulo el reglamento aprobado por el consistorio en 2017 después de aceptar un recurso de Abogados Catalanes por la Constitución, una de las muchas entidades y empresas que llevaron a los tribunales la normativa que da amparo a la multiconsulta. La sentencia obliga además al Ayuntamiento a pagar 3.000 euros por las costas del proceso, aunque la sentencia no es firme y el consistorio ha anunciado que la recurrirá.
La sentencia da dos razones fundamentales para tumbar el reglamento. La primera es que debería haberse sometido a un segundo período de exposición pública después de ser aprobado. Los magistrados entienden que, al ser la norma objeto de modificaciones “sustanciales” con posterioridad a su votación -por ejemplo, de la composición de los órganos que participan en las consultas- , el texto debería haberse vuelto a sacar a exposición para posibles alegaciones.
Una segunda razón, según los jueces, es que las consultas municipales deben estar sujetas a la normativa estatal, que establecen que los ayuntamientos pueden sacar adelante estas votaciones ciudadanas siempre que lo apruebe su pleno y, aquí reside el problema, también el Gobierno central. Este extremo no quedaba recogido en el reglamento de Colau.
El Reglamento de Participación Ciudadana se aprobó en octubre de 2017 por una amplia mayoría, con los votos de BComú, PSC, ERC, el concejal no adscrito Gerard Ardanuy i dos ediles de la CUP. Fuentes del Ayuntamiento aseguran que seguiránm defendiendo la “aportación” que supone esta norma para “la profundización democrática, especialmente en la medida en que prevé formas de democracia directa como las iniciativas ciudadanas o las consultas”.
Una de claves del reglamento es que servía de paraguas para las consultas ciudadanas, que se debían celebrar anualmente -excepto en año de elecciones- con preguntas del consistorio o de las entidades sociales de Barcelona (previa recogida de firmas). En 2018 se estuvo a punto de tramitar la primera de estas multiconsultas, pero el Pleno que debía validar las preguntas las tumbó. Poco después, la CUP y el PDeCAT, que habían votado en contra, lo hicieron a favor y el consistorio se comprometió a reactivar el proceso en el actual mandato.
En esa ocasión, la multiconsulta planteaba llevar a votación ciudadana la decisión de municipalizar el agua, cuya gestión está ahora en manos de Agbar, y cambiar el nombre de la plaza Antonio López, el famoso industrial esclavista, por el de Idrissa Diallo, el joven que murió en el CIE de Zona Franca en 2012.
Además del de Abogados Catalanes por la Constitución, la multiconsulta acumuló un reguero de recursos no solo contra su reglamento, sino también la adjudicación de los servicios técnicos que la tenían que hacer posible. Desde el Ayuntamiento denunciaron que tras algunos recursos de organizaciones empresariales se encontraba la empresa Agbar.
