Una vecina lleva a juicio a un fondo inmobiliario por las “cláusulas abusivas” de su contrato de alquiler

Silvia Torres, una vecina de Granollers, ha llevado al fondo inmobiliario Azora a juicio para denunciar las “cláusulas abusivas” que, a parecer suyo, contiene el contrato de alquiler del piso donde vive. En un procedimiento que ha arrancado este viernes en la Ciudad de la Justicia, la demandante reclama que se anulen las subidas a las cuales está obligada a hacer frente a través de una “bonificación” que le suponía un encarecimiento del 30% del alquiler desde enero.

“Quiero destacar dos conceptos: injusticia e impotencia”, ha lamentado en declaraciones a la prensa antes de entrar al juicio. Según Torres, no es “justo” que se enterara por un burofax de que su renta se multiplicaría “sin ninguna razón”.

“Ahora es el momento, y por eso este juicio puede ser pionero y es importante”, ha destacado por su parte la abogada del Colectiu Ronda Montse Serrano, quien ha añadido también que durante los últimos años se han hecho muchos contratos con cláusulas “abusivas” del todo “generalizadas”. “Es relevante trasladar estos juicios de abusos que hemos visto en otros ámbitos como el bancario o el de los arrendamientos”, ha agregado. En el caso de Silvia, pide que no tenga que hacer frente a la subida fuera de ley de su arrendamiento y que se le devuelvan las cuotas de un seguro de protección de pago que tuvo que firmar y pagar.

Según la abogada, está previsto que el juicio a Azora tenga dos sesiones. “Se tendrá que determinar la nulidad de diez cláusulas incorporadas en un contrato de arrendamiento que subscribió Silvia y su padre con el fondo buitre Lazora (filial de Azora). El juez tendrá que determinar si son abusivas porque incumplen la ley de arrendamientos urbanos o bien la normativa de consumo”, ha agregado.

Entre las cláusulas denunciadas hay una que, según el Colectiu Ronda, busca “eludir” la prohibición incrementar la renta por encima del IPC estableciendo lo que consideran una “ficción” de incremento. ¿Cómo? A través de una bonificación que se aplicaba a los tres primeros años de contrato de Silvia, pero que el cuarto año tenía que suponer un incremento importante del alquiler.

Por parte del Sindicato de Inquilinas, la organización que canalizó el caso hasta la Justicia, denuncian que es “habitual” que muchos contratos de arrendamiento incorporen estas condiciones abusivas. “Pasa en muchas situaciones y contratos, por eso es relevante informarse, organizarse, asesorarse y hacer frente”, ha apuntado el portavoz de la entidad, Enric Aragonès. En este sentido, ha recomendado a todos los inquilinos leerse y negociar las condiciones incluso cuando sus contratos ya estén firmados.

“También consideramos relevante que la futura ley de arrendamientos incorpore la lista de cláusulas que no pueden ser incorporadas a los contratos y que, por lo tanto, no tengamos que ir caso por caso”, ha reclamado. Aun así, ha recordado que los abusos no se dan únicamente en arrendamientos con grandes tenedores o fondos de inversión, sino también en contratos entre particulares. En este sentido, Aragonès ha añadido que espera reunirse pronto con la consejera de Justicia, Derechos y Memoria, Gemma Ubasart, para tratar este asunto.